Alexéi ValdézDentro de la Justicia Transicional, existe un concepto llamado el derecho a la verdad. Para Impunity Watch (2018), lo anterior “se refiere al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y saber lo que ocurrió con las personas desaparecidas o fallecidas”.
Siguiendo esta misma ruta, la memoria histórica entra como una parte del derecho a la verdad en un sentido más sociológico, que a palabras de Darío Betancourt Echeverry (2004), esta “supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”, por lo tanto, se va construyendo desde la experiencia. Lo anterior nos da una introducción del porqué recordar la masacre de Las Dos Erres, ya que es un tema de violencia política que perpetró el Estado de Guatemala en diciembre de 1982, pero también es un caso de justicia que se sigue juzgando en la actualidad.
La reconstrucción de la memoria histórica y colectiva sobre un parcelamiento que fue arrasado por el Ejército guatemalteco, donde esa lucha sobre la verdad, ha provocado el sometimiento de los perpetradores ante la justicia.
Según describe la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999), Las Dos Erres era un parcelamiento ubicado en Las Cruces, Petén. La comunidad fue fundada por campesinos del Oriente y Costa Sur, movilizados por la agencia gubernamental de Fomento y Desarrollo de Petén para colonizar dicho departamento. Dentro de los fundadores estaba Federico Aquino Ruano. A inicios de los 80s, existió mucha tensión dentro de la región ya que existía mucha participación política de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) dentro de Las Cruces.
Las Dos Erres se rehusó a ser parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) lo cual ocasionó un acoso constante de parte del Estado, en particular de sus fuerzas armadas, las cuales cada día buscaban más excusas para intervenir el parcelamiento. Entre las pruebas que usó el ejército, fue encontrar en un saco de recolección de cosecha con las iniciales “FAR”, que realmente correspondían a Federico Aquino Ruano, pero que el ejército consideró que pertenecía a la guerrilla de las FAR.
El 6 de diciembre de 1982, miembros de las Fuerzas Especiales Kaibiles llegaron a Las Dos Erres con el aparente objetivo de registrar la aldea y recuperar fusiles que la guerrilla les arrebató en una emboscada. Sin embargo, la historia fue diferente.
Los militares sacaron a los habitantes de sus hogares, los separaron conforme al género y edad. A las mujeres las violaron, a los hombres los torturaron y asesinaron, al igual que a varios niños y ancianos. Los cuerpos fueron arrojados al pozo comunitario y según relatan, varios seguían vivos cuando fueron arrojados, por lo que los militares arrojaron explosivos al pozo. La masacre duró tres días.
Las Dos Erres fue arrasada, los sobrevivientes fueron desplazados forzosamente, algunos bebés fueron arrebatados y dados en adopción irregular. Al día de hoy, lo único que queda del parcelamiento es el pozo ya que ahora es propiedad privada. En 1994 iniciaron los procesos de exhumación, y según expone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), fueron asesinadas al menos 216 personas.
En 2011 se llevó a cabo el primer juicio, donde se condenaron a cuatro militares retirados. En 2012 se realizó el segundo juicio y en el 2018 el tercero. Todos fueron condenados a más de 6000 años en prisión por delitos contra los deberes de la humanidad. Actualmente, hay tres militares retirados esperando a ser enjuiciados.
La justicia es una lucha impulsada por las familias organizadas apoyadas por organizaciones sociales.
La verdad y justicia es necesaria para que una sociedad vaya sanando las heridas causadas por el Conflicto Armado Interno. Sin embargo, los gobiernos se han esmerado en el olvido y ataques contra las familias que buscan justicia.
El resarcimiento ha sido un punto de ataque impulsado por el gobierno y sus defensores. Sin embargo, la reparación no es mera cuestión monetaria, es una forma de restitución de derechos, y de la misma dignidad, ante hechos que atentaron contra las familias y la humanidad en general.
Hoy a 40 años de la perpetración de esta masacre, es importante tener memoria histórica. Saber que, sin justicia social, esta sociedad está condenada a la repetición, algo que en los últimos gobiernos se han esmerado en propulsar. Guatemala nunca más.
Vídeo 1/1. Documental sobre Las Dos Erres y en particular sobre Óscar, quien fue arrebatado de su familia durante la masacre.
Referencias:
CEH (1999). Informe Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo VI, Casos Ilustrativos, Anexo I, Guatemala.
Darío Betancourt. (2004). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo
Impunity Watch. (2018). Avances y obstáculos de la justicia transicional en Guatemala: Informe de monitoreo 2014-2017.
Etiquetas: Conflicto Armado Interno; Petén; Memoria Histórica, Justicia; Historia
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