Mishelle SandovalConsuelo Porras y Walter Mazariegos son la cara visible de la corrupción, pero no nos dejemos engañar, la corrupción no solo son dos personajes, sino todo una estructura que sigue ocupando puestos en el Estado o manejándolos desde las sombras.
El creciente interés en los procesos de elección de fiscal general y rector universitario elevó el número de audiencia interesada en informarse sobre estos procesos de elección, no solo del fiscal general, sino también de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del rol del rector universitario, despertando un mayor interés por conocer el panorama del funcionamiento del Estado y del Organismo Judicial. Justo en ese contexto llega el alza de la gasolina y el aumento del pasaje, un excelente distractor que consiste en disminuir el interés de la población en los asuntos que le competen..
Meses antes, el presidente Bernardo Arévalo brindó declaraciones con respecto al combustible y aseguró que había reservas para mantener los precios, dejando claro que los conflictos de EE.UU. contra Irán en el estrecho de Ormuz no tenían porque tener un impacto tan cercano en Guatemala.
Sin embargo, semanas después se elevaron los precios. ¿Es que acaso el presidente mintió? ¿O es lo que comúnmente se deduce? No pongo en duda sus declaraciones, al contrario, gracias a ellas, el panorama detrás del alza en la gasolina y el aumento al pasaje en el transporte público, se ve más claro, no es casualidad, es ESTRATEGIA política.
Consuelo Porras desde que inició su mandato como fiscal general ha desmantelado investigaciones importantes que por años han estado en procesos judiciales y fiscalías, en el entramado los involucrados eran figuras públicas y políticas en el Estado, exmilitares y empresarios que han conseguido protegerse detrás de la burocracia.
En 2022, Plaza Pública expuso como Porras junto a Rafael Curruchiche obstruyen investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Desde que Curruchiche fue nombrado fiscal, ha detenido investigaciones como el caso de tráfico de influencia en el IGSS involucrando al expresidente Alejandro Giammattei, que EPInvestiga, expuso el año pasado, aclarando que sigue sucediendo, a pesar de tener un proceso en marcha.
Asimismo, una nota del medio digital Agencia Ocote expone investigaciones de alto impacto paralizadas y una lista de fiscales, abogados, trabajadores que buscaban el esclarecimiento y la justicia pero que fueron perseguidos y enviados al exilio. Casos como el B410 que llevó a cabo el superintendente de la SAT Marco Livio Díaz Reyes, expuso 410 empresas vinculadas a funcionarios públicos que operaron para desviar dinero del Estado mediante fraudes fiscales, la suma llegaba a más 600 millones de quetzales. Sin embargo, Díaz Reyes recibió amenazas e incluso demandó a Consuelo Porras por las mismas.
(Véase los detalles en la nota que expuso Plaza Pública en dónde se encuentran ministerios y municipalidades que compraron a través de esas empresas servicios de millones de quetzales que nunca se llevaron a cabo y sin embargo, con todas las pruebas se tienen pocos resultados)
También investigaciones como la de Sandra Torres y su financiamiento ilícito en campaña electoral, tuvo el mismo destino llevando al exilio al fiscal a cargo Andrei Gonzales, según un artículo publicado por Soy502, mismo destino que el exfiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, que llevaba a cabo investigaciones como La Línea, caso Odebrecht, corrupción Municipal, financiamiento ilícito en campañas del partido Unionista o investigaciones que señalan al alcalde Ricardo Quiñonez Lemus y concejal Victor Martinez por utilizar del fideicomiso de Apoyo de la Planificación Urbana para su campaña electoral, según una nota realizada por Prensa Libre.
Lo que nos deja con un panorama corrupto de parte de cualquiera que esté a favor de seguir con los mismos personajes como Consuelo Porras, Rafael Curruchiche o Walter Mazariegos. Dueños de gasolineras, funcionarios de la SAT, municipalidades son los mismos que están involucrados en casos de corrupción y no podemos esperar que quieran una población organizada o informada. El alza del combustible no es un hecho aislado, es una estrategia que imposibilita a las personas a pensar en nada más que sobrevivir. Saben que cuando el costo de vida sube, la gente prioriza sobrevivir, no hacer justicia.
Con los precios altos en la gasolina, suben los precios en el pasaje de Q5 a Q8 en el Transurbano, sube el precio de la comida y las medicinas. Con una crisis económica se reduce la presión ciudadana sobre el fraude, menos manifestaciones, menos presión mediática.
El foco de atención se aleja del proceso electoral y se despliega nuestros esfuerzos y protestas. Se piensa dos veces antes de ir a una manifestación si con ellos el transporte es precario, inestable y además necesitas comer. Al final, la impunidad no solo vive en los tribunales o las urnas, vive también en la economía, en el transporte y en el precio de la gasolina.
Gretel Bernhard
María Reneé San José
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo