APG expone la situación de la libertad de expresión en Guatemala

El 12 de diciembre, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) a través de su Comisión de Libertad de Prensa y el Observatorio de los Periodistas presentó el informe “Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala 2022”.

El 12 de diciembre, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) a través de su Comisión de Libertad de Prensa y el Observatorio de los Periodistas presentó el informe “Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala 2022”.

De acuerdo a los datos recabados de enero a octubre de 2022 se han registrado 105 ataques y limitaciones contra la prensa.

El informe está subtitulado: “Terrorismo judicial acecha a la prensa” 

El Observatorio de los Periodistas de la APG ha contabilizado 389 casos durante el gobierno de Alejandro Giammatei desde el 2020.

“Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”, se lee en el comunicado publicado.

APG registró 149 casos de acoso e intimidación en 2020 y 135 en 2021.

La Asociación de Periodistas manifestó su preocupación por el proceso en contra de José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, quién es acusado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencia. 

Según la APG, existe una persecución penal en contra de la prensa con un alcance para más detenciones, envío a prolongados periodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores, la intervención de medios, el embargo de cuentas bancarias o el ahogamiento financiero, obligando al cierre de operaciones.

Criminalización de la libertad de expresión

Este año, el Ministerio Público ha provocado el exilio de Juan Luis Font, miembro del programa radial Con Criterio, emitido en redes sociales y 88.9 radio Fabulosa.

Así como, Michelle Mendoza, corresponsal de la cadena CNN en Español (ella salió de Guatemala por el reiterado acoso en su contra y a su familia).

La Asociación de Periodistas indica que el Ministerio Público dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, acelera para perseguir a periodistas. No obstante, se desestiman casos por acoso e intimidación contra estos. 

En 2022, la Fiscalía de Delitos en Contra de Periodistas se negó a investigar y archivó 34 denuncias y desestimó otras 81. Desde restricción de acceso a la información, violencia policial hasta acoso. 

“…mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y exista acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en impunidad…”, se lee en el comunicado de la APG. 

Uno de los casos más mediatizado contra periodistas fue el de Sonny Figueroa, periodista investigativo en Vox Populi y co-conductor del programa Somos el Combo junto a Marvin del Cid.

Contra periodista de Relax TV

La APG reitera su rechazo a la criminalización que ha sufrido Robinson Ortega, periodista de la fanpage “Relax TV” en Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla). 

A mediados de año, Ortega cubría un acto de abuso policial en contra de mujeres y menores de edad. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público lo acusaron de agredir a un agente. El Juzgado de Primera Instancia Penal de dicho municipio declaró falta de mérito a favor del periodista.

En respuesta, Ortega denunció el ataque en su contra. En su aprehensión fue dañado su equipo de trabajo. Aunque la Fiscalía de Delitos contra Periodistas se negó a investigar el caso. 

El Ministerio Público buscó en la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla ligar a Ortega a un proceso penal por el delito de “atentado”

Se tenía programada la audiencia para el 29 de junio, pero fue aplazada para el 10 de enero de 2023. 

Esta situación ha creado problemas de salud para Robinson Ortega y pérdida de anunciantes.

La Asociación de Periodistas considera que este tipo de persecución buscar censurar y amedrentar a periodistas que critican la administración pública. 

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