A continuación, una serie de antecedentes históricos de la transición a la democracia en Guatemala:
“Nosotros tres estamos integrando una junta que está efectuando un programa de tipo político para presentar al pueblo de guatemalteco: una solución un planteamiento y una realidad. Solución a la incompresible vivencia que hemos tenido y una realidad somos soldados. Estemos seguros de que el ejército no solo son los soldados que portan uniforme, sino que todos ustedes conciudadanos tienen la responsabilidad de que todos, del brazo y por la calle. caminemos hacia un futuro más tranquilo”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el General Efraín Ríos Montt el 23 de marzo de 1982. Ese mismo día se consumó el golpe de estado que llevaría al poder a la junta militar que encabezaba el general. Los eventos de ese día marcarían no sólo el abrupto fin del tutelaje militar sobre la política guatemalteca, sino el banderazo de salida de la difícil transición a la democracia de 1985.
A continuación, un breve repaso sobre los antecedentes históricos de la democracia en Guatemala.
Comenzamos examinando algunos de los acontecimientos que nos condujeron hasta 1985. El golpe del 82 sirve pues como el punto de inflexión entre los años de gobierno militar y el comienzo de la transición.
Normalmente, la inestabilidad (política, social o económica) y riñas internas a la institución armada suelen hacerla de justificante para que el ejército se sienta obligado a intervenir en la política nacional. La Guatemala de 1982 cumplía con ambas características. Tras el inicio del “tutelaje” militar de la vida política en 1963 el ejército había decidido tomar las riendas de la lucha contrainsurgente. Esto, después de la “incompetencia” por parte de los gobiernos civiles para lidiar con los primeros levantamientos guerrilleros de principios de los años 60.
El gobierno del General Ydigoras Fuentes era visto como demasiado permisivo con la participación de la izquierda en la política nacional. El punto de inflexión llegaría con el anuncio del regreso del expresidente Juan José Arévalo al país. Temiendo un retorno a los tiempos de la Revolución, la institución armada decidió tomar el poder y declarar la ley marcial antes de que la candidatura del expresidente pudiera hacerse efectiva en el año 1963.
La doctrina de seguridad nacional dictaba la presencia militar en el gobierno y de una estrategia contrainsurgente para combatir el comunismo.
Sin embargo, la ilegalización del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) solo empujó a una rama del mismo a comenzar su propia campaña insurgente. Asimismo, el poder de veto ejercido por las fuerzas armadas evitaba la llegada al poder de cualquier expresión mínimamente más al centro de lo que la institución considerase aceptable. Fue este el caso del conocidísimo fraude electoral de 1974.
Una clara victoria del Frente Nacional de Oposición, encabezado por el General Ríos Montt, aunque fue anulada en favor del General Kjell Lauguerud. El ejército no estaba dispuesto a soltar el poder. Muchas de las figuras destacables de la coalición ya habían gobernado bajo “vigilancia” en la presidencia de Méndez Montenegro. Entre ellas figuras del centro y centroizquierda como: Alberto Fuentes Mohr o Manuel Colom Argueta, amén de la presencia de Vinicio Cerezo.
Para las siguientes elecciones también la derecha dura civil del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) quedaría aislada del proceso de toma de decisión. La cúpula militar emprendía proyectos faraónicos como la construcción de la Transversal del Norte al tiempo que solo parecía responder de manera reactiva a los ataques de una guerrilla que cada vez ganaba más terreno.
La situación llegaría a su punto de inflexión al final del gobierno del General Lucas García. Ejecuciones arbitrarias, enriquecimiento de altos oficiales y una situación militar cada vez más comprometida, contribuyeron a una masiva fuga de capitales en 1979. El tiro de gracia llegaría en las elecciones de 1982.
Sabiéndose de sobra que el candidato del MLN, Mario Sandoval Alarcón, era el favorito en los comicios, la cúpula militar decidió intervenir una vez más. Se le concedió la victoria al General Aníbal Guevara. Jóvenes oficiales cansados de lidiar con la incompetencia de generales corrompidos de oficina, dieron un golpe sobre la mesa y derrocaron a Lucas García. Dos semanas después de las elecciones con apoyo de las partes civiles.
¿El programa del golpe? Muy sencillo. Dar autonomía operacional a los comandantes en el campo, ofrecer amnistía y convocar a elecciones dentro de 6 meses para una transición ordenada al poder civil.
Este fue el planteamiento expresado en el discurso que revisamos en la introducción de esta columna.
El general Efrain Ríos Montt falló en honrar la segunda promesa ya siendo presidente. Para mediados de 1983, la plana mayor del ejército, encabezada por los generales Gramajo y Mejía Victores, decidió destituirlo de su cargo. Además, evitando que un proyecto cada vez más caudillista y con tintes teocráticos evangélicos como el de Ríos Montt, entorpeciera los planes contemplados bajo la nueva “doctrina de estabilidad nacional”.
Para acabar con la insurgencia, se debería permitir la participación de la izquierda en la vida política nacional. Dicha visión pluralista quedaría plasmada en la Constituyente de 1984. Así, Guatemala emprendió un largo y turbulento camino hacia una vida democrática.
Irónicamente, la reciente democracia en Guatemala inició por dos golpes de estado y vista por una institución armada como meramente una estrategia contrainsurgente.