CIDH otorga medidas cautelares a Arévalo y Herrera

Tras la judicialización del proceso electoral y ser objetos de vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, así como filtraciones ilegales de procesos penales supuestamente reservados; la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares al binomio electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Después de considerar el panorama guatemalteco de gravedad y de riesgo irreparable, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 48/2023 para otorgar medidas cautelares a favor del binomio presidencial de Movimiento Semilla: Bernardo Arévalo y Karin Herrera. 

De acuerdo al binomio, han sido objetivo de hostigamientos, acoso, estigmatización y exposición pública de información personal a través de redes sociales. Además, han recibido amenazas que incluye la existencia de planes para atentar contra sus vidas e integridad. 

Mientras tanto, el Gobierno ha adoptado esquemas de seguridad mediante la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) en conjunto con el Ministerio de Gobernación (Mingob). Se han dispuesto agentes de seguridad, vehículos, seguridad perimetral, patrullajes, acompañamientos de protección, entre otras acciones para proteger al binomio electo.

El esquema de seguridad consta de 20 agentes, aunque ellos están distribuidos por turnos y no de forma permanente. Por ese motivo, el binomio presidencial ha recurrido a seguridad privada.

Dadas las circunstancias y la posición de riesgo, se recomienda que se movilicen en vehículos con blindaje nivel 7 tras conocerse planes para atentar contra la vida de Bernardo.

En total, se ha brindado 2 carro blindado, 3 pick up y 28 elementos de seguridad. Además, en la residencia de los candidatos cuenta por la noche  una radio patrulla fija y una unidad móvil durante el día. También, la sede del partido  cuenta con seguridad perimetral, así como recurridos constantes policiales.

Contexto guatemalteco

En la resolución, se enlista los momentos donde el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política, así como se cuestiona el actuar de diversas autoridades estatales. Además, existen acciones que pretenden evitar que Bernardo y Karin asuman sus cargos e impedirles participar en nuevas elecciones, considerando que sus derechos políticos están en riesgo.

30 de junio de 2023. Nueve de los partidos políticos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el cual señalaron la comisión de un “fraude electoral” tras los resultados de la primera vuelta electoral.

1 de julio. La CC emitió una resolución en la que ordenó a todas las Juntas Electorales Departamentales de los 24 distritos (distrito central y la del extranjero) llevar a cabo una nueva audiencia de revisión de escrutinios y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera la oficialización de los resultados.

12 de julio de 2023. El Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Orellana indicó que el partido no podría “participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido”. Sin embargo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe que partidos políticos sean suspendidos o cancelados durante el proceso electoral.

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó acerca de irregularidades en la recolección de firmas necesarias para la constitución del partido político Semilla, tras una denuncia ciudadana por una falsificación de firma. Sin embargo, el partido Semilla no tuvo acceso al expediente, ya que fue declarado “bajo reserva”.

13 de julio. El Ministerio Público allanó la sede del Registro de Ciudadanos del TSE. Ese mismo día, la CC ratificó los resultados certificados por el TSE y confirmó que se celebraría la segunda vuelta de la elección presidencial el 20 de agosto. Además, la CC indicó que no se podía suspender la personalidad jurídica de Semilla.

20 de julio. Se giró orden de captura contra la subdirectora del Registro de Ciudadanos por supuestamente no haber acatado la orden de suspender la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. También, se realizó un nuevo allanamiento en la sede del Registro de Ciudadanos.

21 de julio. El TSE presentó una acción de amparo ante la CC por la amenaza de las distintas autoridades. Ese mismo día, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la sede del Movimiento Semilla. En la diligencia, el MP retuvo a cinco de sus integrantes en la sede, por lo que tuvo que apersonarse una juez tras interponerse una exhibición personal a su favor. Semilla calificó esto como un acto de amedrentamiento por el despliegue excesivo de policías.

27 de julio. El Ministerio Público solicitó al TSE, el nombre de todas las personas encargadas de ingresar resultados al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a nivel nacional.

Acciones que atentan contra la vida e integridad

Según se ha dado a conocer, Bernardo Arévalo ha sido objeto de vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, mismas que han incrementado tras la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023.

La mayoría de acciones han sido publicaciones en la red social Twitter, ahora nombrada como “X”. Algunas de las cuentas recurrentes en mencionar para desacreditar e intimar son: “¡Yes Master!”, “Fundación contra el Terrorismo”, “An0nymous”, “R’evoluZion”

Semilla señala que existe una intensa campaña de desprestigio con acusaciones de promover el comunismo, el socialismo, la ideología de género y las expropiaciones, y de haber constituido al partido de manera ilegal.

Plan Colosio

Foto: Latina Network

En la resolución de la CIDH se indica que el 15 de agosto, el equipo de seguridad de Arévalo de León recibió información sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares. La información fue conocida a través de tres fuentes dentro del Estado con alto grado de fiabilidad.

El plan fue denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en 1994.

De acuerdo con Semilla, las fuentes no se conocen entre sí. Asimismo, se sabe que el equipo de seguridad tenía alguna información sobre dicho plan desde el 4 de julio, aunque no lo habían podido corroborar.

El 20 de agosto, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la zona 13 de la ciudad de Guatemala, cuatro fiscales del Ministerio Público solicitaron una reunión privada con Bernardo Arévalo de León. En la reunión se notificó que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo información privilegiada, relacionada a estructuras
criminales de pandillas que puede poner en riesgo la vida e integridad física del presidente electo. Siendo este el segundo plan para terminar con la vida de Arévalo de León.

Versión del Estado

La resolución de la CIDH indica que el Estado de Guatemala considera que la solicitud realizada por Movimiento Semilla no concurren los requisitos reglamentarios. Además, considera que no hay situación de gravedad y que se ha desvirtuado lo alegado por la parte solicitante.

Foto: guatemala.gob.gt

En cuanto a la protección constitucional, el Gobierno guatemalteco considera que ha sido efectiva y se garantizo la segunda vuelta electoral, así como los derechos políticos de los contendientes.

Según el Gobierno de Guatemala no existe ninguna persecución política en el país, dado que impera la institucionalidad y la democracia.

Asimismo, el Estado expresa que no basta con limitarse a la narrativa de 21 tweets, tres de un ciudadano y 18 bajo anonimato.

Al respecto de un supuesto plan de asesinar a Bernardo o atentados contra el binomio presidencial, el Gobierno lo califica de incongruente ante una situación tan grave como no se ha presentado ninguna denuncia al respecto. Asimismo, el Coordinador de Seguridad del binomio no ha informado de ninguna amenaza.

CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado en Guatemala:

“la intensificación del hostigamiento y la criminalización en contra de personas operadoras de justicia […], personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo que fue posible, entre otras razones debido a una aparente falta de independencia del Ministerio Público”.

El 21 de julio de 2023, la CIDH expresó su preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su Fiscal General.

El 3 de marzo, la CIDH llamó el Estado guatemalteco a garantizar elecciones libres y justas y urgió a “las autoridades judiciales competentes que conozcan de los recursos presentados para garantizar los derechos políticos actúen en apego al marco normativo y los estándares interamericanos”.

En esa línea, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló que 12% de las candidaturas fueron excluidas, casi el doble del valor de las elecciones de 2019.

También, la MOE-UE notó, en junio de 2023, que las elecciones de 2023 en Guatemala se celebran: 

"en un contexto de grave deterioro del Estado de derecho y de la independencia del poder judicial, así como de graves restricciones de las libertades de expresión y de prensa”.

También en junio, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) advirtió, episodios de violencia durante el proceso electoral. Lo cual resultaron registrándose cuatro homicidios y dos intentos de homicidios de candidatos y candidatas a elecciones municipales.

Por su parte, la misión conducida por el Secretario General de la OEA (Luis Almagro), en los primeros días de agosto, observó: 

“la excesiva judicialización durante los procesos electorales es común en Guatemala. La misma ha sido utilizada en muchos casos para atacar e intimidar. Cuando ello ha ocurrido, ha sido acompañado por una campaña fuerte en los medios sociales, a veces
con mensajes violentos para los amenazados”.

Medidas cautelares

La Comisión Interamericana considera que la solicitud por parte del Movimiento Semilla reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, solicita al Estado de Guatemala:

  • Se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Cesar Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar.
  • Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.
  • Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición

La CIDH solicita al Estado de Guatemala que informe en un plazo de 15 días, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.

La resolución fue aprobada por por Margarette May Macaulay (presidente), Esmeralda Arosemena de Troitiño (primera vicepresidente), Roberta Clarke, (segunda vicepresidente), Julissa Mantilla Falcón y Carlos Bernal Pulido (integrantes de la CIDH).

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