Consuelo Porras acude a la Corte de Constitucionalidad

La Fiscal General, Consuelo Porras, presenta acción constitucional ante la CC para prevenir violación a derechos y libertades suyas, de Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso ante posible plan denominado “encerrona”.

A tempranas horas del viernes 25 de agosto, la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que considera que el mandato del MP ha sido vulnerado a través del uso de distintas redes sociales por parte de ciudadanos, en específico, en la plataforma Twitter/X.

La acción constitucional es en contra de:

  • Alejandro Giammattei

Él es el garante de la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la población de la República.

  • Ministro de Gobernación y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC)

Ellos son los responsables de formular las políticas y hacer cumplir el regimen jurídico para mantener la paz y el orden público; la seguridad de las personas y de sus bienes; la garantía de los derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.

De acuerdo con la solicitud de amparo, los responsables de vulnerar el mandato constitucional del Ministerio Público son los usuarios de Twitter/X, identificados como: Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo. 

Según Consuelo Porras, los antes descritos han limitado el ejercicio de la persecución penal; por ende, la autonomía e independencia del MP. Aparentemente, estos ciudadanos han actuado para provocar: 

  • desorden público
  • violación de los derechos constitucionales
  • obstrucción de la justicia y persecución penal 

Lo anterior, supuestamente, con el objetivo de deponer a funcionarios y motivar la renuncia de agentes fiscales del MP. 

Cabe aclarar que en los anexos adjuntados con capturas de pantallas se incluyen perfiles de ciudadanos, periodistas, activistas, simpatizantes de algún partido político, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, entre otros. 

Además, se denuncia la violación al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad personal, derecho a la libre locomoción, libertad de acción y derecho al trabajo de Consuelo Porras; el jefe fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la agente fiscal Cinthia Monterroso.

En ese sentido, se plantea que se violan los derechos de los usuarios que acuden a los servicios brindados por el Ministerio Público. Entre los derechos vulnerados, se menciona el libre acceso a tribunales y dependencia del Estado. Esto en el momento de consumarse la denominada “encerrona”. 

De acuerdo con Porras, en redes sociales se hacen convocatorias que resultan en actos ilegales como rodear el edificio del MP para impedir el ingreso y egreso de determinadas personas. Se asegura que se priva el derecho de ingerir alimentos para obligar “de manera forzada” que la Fiscal General presente su renuncia.

La Fiscal General describe las convocatorias y manifestaciones ciudadanas como “actos de odio y venganza” (p.4).

Fuente: Fragmento de la acción de amparo constitucional presentado por Consuelo Porras.
Fuente: Fragmento de la acción de amparo constitucional presentado por Consuelo Porras.

El motivo de la acción constitucional de amparo se dio a causa de publicaciones en Twitter/X que mencionan un aparente plan denominado: “una encerrona de los Altos Mandos” que se venía organizando y convocando para realizarse el 25 de agosto al rodear el edificio del Ministerio Público, ubicado en la 15 calle 15-16, barrio Gerona, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Se presume que se trataba de impedir el acceso y egreso al inmueble hasta obligar a los funcionarios que presenten su renuncia

Entre las peticiones de Consuelo Porras se encuentra que se “preserve el orden público” con suficientes elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados y que se utilice la fuerza pública si resulta absolutamente necesaria y en caso excepcional, cuando la reunión como tal o manifestación no sea pacífica. O bien, se considere que hay indicios de amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente. 

Además, se pide que el Procurador de Derechos Humanos (PDH) acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares a favor de Consuelo Porras, Curruchiche y Monterroso.

El amparo solicitado por Consuelo Porras fue presentado un día después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo: Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Esto luego que se solicitara más seguridad ante posibles actos que atenten contra su integridad. Hasta el momento, se conocen dos planes para ejecutar a Arévalo de León.

Mientras tanto, desde la mañana hasta la noche, las consignas, vociferaciones y diferentes expresiones  por parte de la población guatemalteca, en las calles no podían faltar.

Las manifestaciones ciudadanas frente al edificio en el barrio Gerona son el resultado de lo que la OEA ha denominado una extrema judicialización del proceso electoral por parte del Ministerio Público (MP) y el sector justicia. El mismo día de las oficialización de resultados presidenciales de la primera vuelta, la FECI anunció el caso “Corrupción Semilla”. No obstante, se han abierto investigaciones en contra del director y subdirectora del Registro de Ciudadanos. Asimismo, se ha solicitado información acerca de los centros de votación, los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Municipales y Departamentales. También, se ha puesto en duda la labor de los digitadores. Del mismo modo, se solicitó información sobre los revisores. Por su parte, el subdirector del departamento de informática del TSE tuvo que llegar a explicar el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP). 

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