David MolinaEn el reciente debate sobre el seguro vehicular obligatorio, muchos guatemaltecos han enfocado su atención en el desembolso inmediato que representa para el ciudadano, pero esa cifra puntual contrasta con la carga económica que implica atender a víctimas y victimarios de accidentes de tránsito para el sistema de salud pública, financiado con nuestros impuestos.
Parte de la polémica se ha centrado únicamente en el costo que representa para cada familia el pago del seguro, sin considerar que el verdadero gasto (el que recae en la colectividad), es mucho mayor y no solo se manifiesta en las pérdidas económicas, sino que también en hospitales saturados, emergencias desbordadas y en un sistema de salud que al verse superado termina dependiendo en gran medida del bolsillo del ciudadano.
Dato mata relato: ¿Cuánto nos cuesta la atención de cada accidente?
Guatemala registra un promedio de 36 accidentes de tránsito al día, según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset). Cada accidente, por menor que parezca, desencadena una serie de gastos que terminan afectando al erario público. En situaciones simples, la atención médica puede costar alrededor de Q5,000, pero en casos graves, los costos se disparan hasta Q150,000 o Q200,000 por día.
Según estadísticas del Hospital Roosevelt, cada día ingresan en promedio 20 pacientes por accidentes de tránsito, de los cuales, 7 requieren cirugía por trauma craneoencefálico.
En 2022, el hospital contó con un presupuesto de Q892 millones, de los cuales alrededor del 35% (equivalente a aproximadamente Q357 millones) se destinaron a la atención de pacientes afectados por estos incidentes.
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Los costos acumulados son alarmantes: en el Hospital Roosevelt, la atención de un paciente por accidentes de transito puede oscilar entre Q60,000 y Q97,000, y en el Hospital General San Juan de Dios, entre Q80,000 y Q150,000.
En el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el tratamiento de un paciente con traumatismo craneoencefálico por no usar casco puede costar entre Q100,000 y Q120,000, sin contar la rehabilitación posterior. Generando así, una “factura oculta” que, aunque no se vea reflejada directamente en la cartera del conductor, sí impacta en los recursos del sistema de salud y en nuestro bolsillo.
Lo que agrava aún más la situación es que, en Guatemala, al menos el 70% de la población depende del sistema de salud pública, mientras que solo un 15% cotiza al seguro social. Esta estructura segmentada y fragmentada implica que, mientras una minoría puede costear servicios privados, la gran mayoría recurre a un sistema público con recursos limitados y que, al sufrir la presión de accidentes, se ve forzado a asumir costos millonarios que, en última instancia, son pagados por todos nosotros.
Es decir, lo que aparenta ser un gasto mínimo y directo por el seguro vehicular, en realidad, es una inversión preventiva que aligeraría la carga sobre un sistema de salud que por sus características, se encuentra la mayor parte del tiempo rebalsado.
La factura que nunca vemos
La verdadera tragedia radica en la pérdida de años de vida y la disminución de la productividad económica que conllevan estos accidentes. Indicadores como los Años de Vida Perdidos (AVP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) muestran que los accidentes de tránsito no solo representan una tragedia humana, sino también una pérdida económica sustancial.
En 2019, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las lesiones causadas por accidentes en carretera ocuparon un lugar alarmante entre las principales causas de mortalidad y pérdida de salud en Guatemala. Fueron la novena causa de defunciones en la población general, la quinta causa de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) y la cuarta causa de Años de Vida Perdidos (AVP) en ambos sexos y en todas las edades.
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Estas cifras no solo evidencian el alto costo humano de los siniestros viales, sino que también reafirman su impacto en la salud pública y en la economía del país. El análisis de estos indicadores permite reconocer que los accidentes de tránsito no son hechos aislados, sino parte de un patrón que debe ser abordado con políticas efectivas de prevención, intervención y educación vial, si se quiere salvar vidas, reducir la discapacidad y mitigar el profundo daño social y económico que generan.
Un estudio de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), estima que la pérdida económica anual por persona involucrada en un accidente de tránsito asciende a casi Q1,000,000 (Q995,647). Este monto toma en cuenta los años potenciales de vida perdidos, el valor económico de ingresos no percibidos y la tasa de desempleo.
Cada año de vida perdido o cada persona que sufre una discapacidad como producto de un accidente de tránsito, genera un impacto negativo en la fuerza laboral, reduce la productividad y, en consecuencia, disminuye la capacidad de crecimiento del país. Estos costos se suman a la ya pesada factura directa que cubre el sistema de salud, agravando aún más la presión sobre un presupuesto que debería ser destinado a atender otros temas prioritarios que afectan la población como las enfermedades crónicas no transmisibles o bien para mejorar la atención de los servicios y su infraestructura.
Invertir en prevención: camino hacia un futuro más saludable
Frente a este panorama, la implementación del seguro vehicular obligatorio se presenta no como un gasto innecesario, sino como una medida de prevención esencial para aliviar la carga sobre el sistema de salud pública y además, evitar que cada accidente genere una factura multimillonaria que recaiga sobre el erario y, por ende, sobre el bolsillo de la mayoría de los guatemaltecos.
Sin embargo, la sola exigencia de un seguro no es suficiente. Para reducir verdaderamente la incidencia de accidentes de tránsito, es imprescindible complementarlo con programas de educación vial, capacitación continua a conductores y medidas de prevención que han demostrado ser costoefectivas. La inversión en infraestructura segura, campañas de concienciación y controles más estrictos en la emisión de licencias de conducir, también pueden marcar la diferencia en la seguridad vial, así como disminuir la carga sobre el sistema de salud.
La discusión sobre el seguro vehicular en Guatemala debe trascender el mero análisis del costo inmediato para el individuo. Es imperativo comprender que ese desembolso, por modesto que parezca, es una inversión en la salud y el bienestar colectivo.
Los verdaderos costos se esconden en el deterioro del sistema de salud pública y en la pérdida de productividad que se traduce en años de vida perdidos y en discapacidades que limitan el potencial de desarrollo del país. Así, mientras algunos se escandalizan por pagar un seguro, es fundamental recordar que, sin esa medida preventiva, el precio que pagaríamos todos (especialmente las aproximadamente 11 millones de personas que dependendemos del acceso a servicios gratuitos de salud pública), sería infinitamente mayor.
Gabriela González
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
