David MolinaLos recientes comunicados del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud respecto al derecho constitucional de manifestación, solamente reflejan la miopía ética, científica y moral de quienes están a cargo de estas instituciones y para nada responden al fondo de la problemática de salud en el país:
Antes de continuar con esta lectura, le insto a tomar un momento para revisar detenidamente los dos comunicados anteriores.
8 millones desperdiciados en la compra de Ivermectina
No es ningún secreto que desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Guatemala, el Gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por ignorar toda la evidencia científica disponible.
Este hecho quedo evidenciado con el Acuerdo Ministerial 181-2020, que asignó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la responsabilidad de destinar recursos presupuestarios para la adquisición de kits COVID-19, el cual por más de dos años incluyó el controvertido medicamento IVERMECTINA (6 mg).
La compra de este medicamento fue un atentado contra la salud de los guatemaltecos y una decisión completamente errónea, ya que en ese momento tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) habían desaconsejado su uso en el tratamiento del COVID-19.
La postura de la FDA fue tan firme respecto al uso de la Ivermectina en el tratamiento del COVID-19 que aún hoy se puede encontrar en su cuenta oficial de Instagram una publicación con la frase: “No eres un caballo. La Ivermectina no está autorizada para tratar el COVID”.
Contra todo pronóstico y evidencia científica, en mayo de 2020, el presidente Alejandro Giammattei dijo durante un evento internacional televisado que la ivermectina podía sustituir a la vacuna si se tomaba preventivamente, dejando al país en ridículo internacional.
De acuerdo con información de Guatecompras, más de ocho millones de quetzales se destinaron a la compra de Ivermectina, los cuales pudieron ser utilizados para adquirir medicamentos, pruebas y vacunas que sí demostraron beneficios en el manejo de pacientes con esta enfermedad.
67 millones en el desfalco del Hospital de Chimaltenango
Durante febrero del 2023, el Presidente Alejandro Giammattei tuvo el honor de inaugurar el Hospital Nacional de Chimaltenango, una instalación médica que, en sus propias palabras, se distingue por su avanzada infraestructura y la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas en equipos médicos. El mandatario no escatimó al afirmar que este hospital representa uno de los establecimientos más modernos en el ámbito de la atención médica en toda Centroamérica.
Hay días en los que la emoción nos gana, y ver hoy el Hospital Nacional de Chimaltenango en funcionamiento me llena de satisfacción, porque gracias a la cooperación de la República de China (Taiwán) miles de guatemaltecos tendrán acceso digno a salud pública de calidad. pic.twitter.com/d8SfOvQaHD
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) February 21, 2023
Tan solo un mes después de haber sido inaugurado el hospital de Chimaltenango, se hizo público un nuevo caso de corrupción que involucró directamente a destacados funcionarios, entre los que se encontraba el Viceministro de Hospitales, Gerardo David Hernández García; el Director del Hospital, Gerardo Arturo Fuentes y la Representante Legal de la empresa Voltar Intermedia, S.A. Luisa Fernanda Villagrán Méndez.
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Los tres implicados fueron ligados a proceso por el desfalco de aproximadamente 67 millones de quetzales, los cuales fueron sustraídos mediante un total de 772 compras directas, todas a la misma empresa, las cuales se realizaron y pagaron durante el mes de diciembre del año 2022.
Sin embargo, poco tiempo después el magistrado encargado de conocer el caso, Víctor Cruz, emitió medidas sustitutivas para todos los acusados. Los tres individuos abonaron una fianza y quedaron bajo arresto domiciliario, con la restricción de comunicarse entre sí y la prohibición de acercarse a instalaciones hospitalarias. Tras esta decisión, el tema termino por desaparecer de la atención pública, tan rápido como había llegado.
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Tampoco podemos olvidar el hecho de que buena parte del equipo hospitalario que se instaló en el Hospital de Chimaltenango fue, en realidad, equipo usado trasladado desde el Hospital de Covid ubicado en el parque de la Industria. Este equipo usado fue presentado como nuevo, lo cual arroja serias interrogantes sobre los estándares de calidad y transparencia en la gestión de recursos. Además, aún es evidente la falta considerable de equipo en ese hospital, lo que confirma la magnitud del desfalco perpetrado.
A pesar de las grandes necesidades que tienen los hospitales nacionales, el Ministerio de Salud gastó Q7.3 millones en la compra de 84 sillones de masaje, para el Hospital de Chimaltenango. Cada sillón le costó a usted, con el dinero de sus impuestos, un promedio de Q87 mil 469.
614.5 millones en las vacunas rusas que nunca llegaron
Guatemala intentó asegurar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 mediante tres modalidades: donaciones, adquisiciones a través del mecanismo COVAX y acuerdos bilaterales de compra con empresas farmacéuticas. Entre estos acuerdos bilaterales, destaca la adquisición de la vacuna Sputnik, realizada directamente al gobierno ruso.
Es importante destacar que el Gobierno de Guatemala tomó la decisión de no seguir la recomendación técnica del Consejo Nacional Asesor de Inmunizaciones (CONAPI), el cual sugería la adquisición de vacunas de Pfizer, Moderna y/o AstraZeneca. Hasta la fecha, las razones detrás de esta decisión no han sido esclarecidas.
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Resulta particularmente desconcertante que el Gobierno haya optado por negociar con la entidad estatal rusa para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik, ya que en ese momento, la Sputnik no había recibido la aprobación para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de ninguna autoridad reguladora a nivel mundial, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
El contrato correspondiente fue suscrito por la entonces Ministra de Salud, Amelia Flores, sin que se divulgaran los términos y alcances, respaldándose en la presencia de una cláusula de confidencialidad como justificación. Además, el Gobierno autorizó un desembolso anticipado que representó la mitad del valor total de la adquisición, llegando a la suma aproximada de 83 millones de dólares (614.5 millones de quetzales).
En dicho acuerdo, no se estableció un cronograma de entregas específico, excepto por la estipulación de que los 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik debían ser entregadas antes del 5 de octubre de 2021. Las cuales para sorpresa de nadie llegaban a destiempo y a cuentagotas, convirtiendo a esta negociación en una de las responsables de los miles de muertes innecesarias y evitables para ese entonces.
Ante la creciente presión social generada por la falta de cumplimiento por parte de la empresa rusa en cuanto a la entrega de las vacunas, y en medio de un proceso caracterizado por la falta de transparencia e irregularidades en las concesiones otorgadas a los rusos para evitar el incumplimiento del contrato, el Gobierno de Guatemala inició una “renegociación” confidencial de dicho acuerdo.
Giammattei y Amelia Flores aseguraron que en agosto se formalizarían las entregas de Sputnik V.
— Lucrecia Hernández Mack 🌱 (@hernandezmack) August 14, 2021
Ya estamos a mediados del mes y no ha entrado NI UNA SOLA DOSIS de estas vacunas que ya pagamos.#DóndeEstánLasVacunas#DóndeEstáElDinero#RenunciaGiammattei pic.twitter.com/96PnsWKJ6f
En dicha renegociación, el gobierno acordó reducir la cantidad de 16 millones de dosis Sputnik V a un total de 8 millones, lo que implicó un pago anticipado del 100% del costo total de las dosis, sin que estas hubieran sido entregadas a Guatemala.
La falta de control sobre el cronograma de entrega y las opacas negociaciones se tradujeron en una saturación de disponibilidad de vacunas en momentos inadecuados. Producto de ello, 7.78 millones de dosis vencieron durante el primer trimestre de 2022, representando una gran perdida económica y con ella se perdió también la oportunidad de elevar las tasas de vacunación en la población guatemalteca.
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600 millones en salud recetados al fondo de “emergencia”
Después de la ratificación de otro Estado de Calamidad por parte del pleno del Congreso, en junio del 2022, el bloque oficialista y sus aliados tomaron una decisión que merece un análisis detenido. La aprobación de manera precipitada y sin discusión exhaustiva de una ley que buscaba una reducción presupuestaria de 600 millones de quetzales en el Ministerio de Salud, para ser transferidos al Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda (CIV).
Para dar luz verde a esta transferencia de fondos, los diputados optaron por emplear una moción privilegiada con el fin de modificar tanto el Presupuesto del año 2022, como la Ley de Infraestructura. La propuesta en cuestión fue incorporada en la agenda legislativa gracias a la iniciativa del diputado oficialista Cándido Leal, quien en aquel momento ocupaba la presidencia de la Comisión de Finanzas. En su justificación, se argumentó la necesidad de contar con un fondo destinado a “mitigar los daños que pudieran ser causados por fenómenos naturales que afectaran al país”.
Este episodio plantea interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones legislativas, dado el carácter urgente y la falta de un debate exhaustivo en torno a una reducción presupuestaria significativa en el sector de la salud, en un contexto en el que la pandemia de COVID-19 había demostrado la importancia de fortalecer los sistemas de atención médica.
“Nos estaban vendiendo gallinas y resultando vendiendo zopes (…) me llama la atención que están quitando Q600 millones al Ministerio de Salud. Señor Presidente (Giammattei) con Q600 millones puede construir 6 hospitales para el país”
Diputado Manuel Rivera de Victoria
Dicha transferencia fue ampliamente cuestionada, pues fue realizada durante uno de los más graves repuntes de casos de COVID-19 y después de que los directores del Hospital Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios declararan la necesidad de contar con recursos que le permitieran a dichos hospitales continuar operando hasta finalizar el año.
Finalmente
A través de estos cuatro ejemplos, seguramente existen muchos más, es fácil inferir que la insuficiencia de recursos, insumos y las actuales deficiencias del sistema de salud no derivan del ejercicio del derecho constitucional a la manifestación, sino más bien de la negligencia, ineficacia y falta de compromiso por parte del gobierno de turno con la salud de los guatemaltecos.
¡Con la salud de los guatemaltecos no se juega y lo van a tener que pagar!
Andy Facundo
María Reneé San José
