David MolinaHoy, primer viernes de septiembre, Guatemala celebra el Día del Salubrista, instituido en 1966 durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Este día reconoce a los profesionales de la salud pública: médicos, enfermeros, técnicos, epidemiólogos, gestores, promotores y muchos otros, cuya vocación va más allá de la atención clínica individual.
En esencia, un salubrista es:
Lo anterior no es solo una aspiración ideal: nuestra constitución considera la salud un bien público y consagra el derecho de todos los habitantes a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación sin discriminación. Esa obligación legal exige que el Estado garantice servicios universales; en la práctica, sin embargo, cumplirla se enfrenta a realidades que complican profundamente la tarea.
El reto del salubrista es grande. En Guatemala, la salud pública enfrenta, entre muchos otros problemas, corrupción que consume recursos, una burocracia que retrasa decisiones, barreras geográficas y lingüísticas que limitan el acceso e inestabilidad política que desmantela programas y los deja a medias. Esa combinación convierte la salud pública en una labor diaria de resistencia, adaptación y creatividad para sostener servicios básicos y proteger la vida.
Para los salubristas, la salud pública es una vocación fundamentada en principios de equidad y solidaridad. Su labor promueve que la salud sea accesible, asequible y de calidad para todas las personas, y no un privilegio de quienes más pueden pagar. Desde campañas de vacunación y saneamiento hasta la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de la atención primaria, su trabajo busca garantizar el mayor bienestar físico, mental y social posible para cada individuo.
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Esta convicción muchas veces trasciende etiquetas políticas. Médicos, científicos, funcionarios y ciudadanos de distintas posturas podemos coincidir en que ningún país puede prescindir de una red básica de atención y prevención. Incluso quienes, como yo, nos inclinamos por el suficientarianismo (sin desmerecer a quienes defienden la cobertura universal más amplia o a quienes buscan limitar la intervención del Estado) entendemos que garantizar salud pública no es una concesión doctrinal: es seguridad social, estabilidad y dignidad para todas las personas.
Hoy, saludo con gratitud a todas las personas (profesionales y ciudadanos) que sostienen la convicción de que la salud debe ser accesible para todos y no un privilegio de clase. Su compromiso mantiene viva la promesa de cuidado colectivo; que nos inspire a seguir construyendo un país donde la salud pública sea realmente para todos.
Gabriela González
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo