Colaboraciones TelégrafoLa certeza puede definirse como aquella creencia o convicción de que las cosas se deben o pueden realizar de alguna forma en específico. Al relacionarla con el aspecto jurídico, es posible entenderla como la convicción de que las cosas se harán según lo establecen las normas y, por lo tanto, cualquier acción u omisión fuera de este marco tendrá consecuencia legal. Esta certeza o seguridad jurídica de que las cosas deben realizarse de una forma, permite una armonía social y una buena gobernanza.
Quien debe brindar esta certeza jurídica es el Estado, que tiene la facultad de emitir normas (Legislativo), ejecutar recursos (Ejecutivo) y la potestad de juzgar y sancionar a quien que no cumpla con las regulaciones de un país (Judicial). Es así que, al hablar de certeza jurídica, su protección directa corresponde a este último, el cual debe mantener un equilibrio en la aplicación de las normativas, apegándose a la búsqueda de un ideal de justicia independiente y efectiva para todas y todos.
El Organismo Judicial otorga al ciudadano la seguridad de que, ante el incumplimiento de normativas o derechos, buscará aplicar consecuencias legales de manera independiente y objetiva. No necesariamente en el aspecto penal, con la privación de libertad, sino en las diferentes áreas, como en las relaciones de trabajo, con la protección de derechos laborales; en el área civil, con la resolución de problemas familiares y de propiedad; en las prácticas mercantiles, con la ejecución y cumplimiento de contratos; entre otras.
La atención a este poder del Estado, por parte de la población, debe ser de igual importancia que la que se presta al Ejecutivo y Legislativo, ya que el debilitamiento del Judicial por medio de la corrupción e impunidad desencadena daños a la certeza jurídica, provoca una vulneración directa a los derechos humanos y un declive a la institucionalidad, dificultando la ejecución adecuada de la función pública y un mayor desapego a una cultura de paz y legalidad.
En Guatemala, el 2024 fue un año de cambios políticos envueltos de incertidumbre, iniciando el 14 de enero con la toma de posesión del binomio presidencial y diputaciones, sujeta a conflictos dentro del hemiciclo parlamentario y retrasos en los actos protocolarios, y concluyendo en noviembre con la elección del presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras la incertidumbre de una Presidencia interina que se logró completar por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de un proceso de elección de magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones que fue criticado.
Esto puso en jaque a la institucionalidad y certeza jurídica, y también evidencia los grandes desafíos que se tienen en Guatemala, tras 38 años desde la vigencia de nuestra Constitución Política y 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz, así como resalta la polarización social, el desapego de la ciudadanía a los partidos políticos, la incrustación de poderes y corrupción dentro del aparato gubernamental y la urgente necesidad de la vigilancia y participación ciudadana para el desarrollo de nuestro país y de sus instituciones.
Hablar de certeza jurídica en este contexto, genera muchas posiciones, comenzando porque la labor directa del Ejecutivo y Legislativo no se centra en proteger esta certeza y, aún más, cuando el órgano encargado (Judicial) también fue sujeto a una renovación de sus máximas autoridades. Sin embargo, se observan ciertas circunstancias políticas y jurídicas que permiten delimitar algunos retos para los próximos años de gobierno actual.
En el primer año de gobierno de Arévalo y Herrera destaca por la lucha entre este y el Movimiento Semilla con la Fiscal General y el Ministerio Público, tras una situación de tira y encoje que ha afectado a ambas partes, en donde el Ejecutivo ha tenido un desgaste político y público con los intentos fallidos de destitución, bloqueados por la CC y el OJ; la persecución en contra de funcionarios de su administración; y una pelea, que de momento se encuentra detenida en el Tribunal Supremo Electoral, para que no sea cancelado el partido que llevó al poder al presidente y a una de las tres mayores bancadas del Congreso de la República; y del lado del Ministerio Público, generando la pérdida de confianza de la población, dificultades para trabajar con otras instituciones del Ejecutivo y con sanciones internacionales a su máxima autoridad y otros funcionarios de esta, afectando el cumplimiento de sus funciones, ya que el órgano encargado de la persecución penal focaliza sus acciones en asuntos políticos, las instituciones de justicia se observan frágiles y el ejecutivo no encuentra una salida adecuada para centrarse en su labor y cumplimiento de su plan de gobierno.
#CasoCorrupciónSemillla
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 5, 2024
A solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo requirió al Tribunal Supremo Electoral que informe respecto al cumplimiento de la orden judicial dictada el 27 de noviembre de 2024, mediante la cual se ordenó la cancelación… pic.twitter.com/dt4JZPLJ8t
Ha sido un año complicado a nivel jurídico, con una cantidad de acciones legales que ponen muchas veces en riesgo la institucionalidad y certeza jurídica, además que amenazan a funcionarios que se encuentran vulnerables a ser víctimas de persecución penal, política y social por las acciones que deban resolver o interponer, lo que contribuye a mantener un ambiente de polarización, que aumenta los conflictos y provoca problemas en la convivencia social.
Esta situación no es exclusiva del 2024, sin embargo, contribuye al debilitamiento del sistema de justicia y abre la puerta a la impunidad y corrupción. La utilización desproporcionada de la persecución penal, adaptada como mecanismo de presión, y el recurrir constantemente a las máximas cortes para resolver situaciones políticas dificulta la adecuada ejecución de la función pública, así como crea un ambiente de inestabilidad político jurídico que, si no se atiende, afectará el desarrollo de las entidades públicas, que podría desembocar en conflictos internos, destrucción de instituciones democráticas e incluso afectar la seguridad financiera y relaciones internacionales.
En conclusión, el primer año de gobierno se ha visto empañado por procesos de persecución penal y un constante accionar a través de la vía judicial, lo que debe llevar a la reflexión, ya que seguir fomentando estas situaciones para la resolución de asuntos políticos terminará pasando factura a las diferentes instituciones y sectores, de esa cuenta, es imprescindible considerar un diálogo con las instituciones, academia, sociedad civil y sector privado, que podrían dar una salida a la situación que se ha observado en el 2024. Respecto al Ejecutivo, este debe fomentar los mecanismos para avanzar en la resolución de los conflictos y centrarse en el cumplimiento del plan de gobierno propuesto. Mantenerse en esta constante lucha podría generar un daño irreparable al gobierno, además de provocar un declive en la opinión pública de su administración, lo que no solo afectará la gobernanza en sus próximos años, sino pondrá en riesgo la confianza de la población en los procesos democráticos que cada vez se ven más deteriorados.
Kevin López
Analista jurídico, interesado en las prácticas políticas a nivel jurídico, lawfare y funcionamiento de las instituciones de justicia.
He coordinado espacios de formación juvenil en temas de democracia, Estado y justicia, enfocados en la importancia del involucramiento de jóvenes para un mejor país.
Gretel Bernhard
Colaboraciones Telégrafo
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
