Colaboraciones TelégrafoEn Guatemala, el Día Nacional del Periodista se conmemora cada 30 de noviembre, como lo establece el Decreto 47-72 del Congreso de la República. En dicho decreto se reconoce la importancia de las personas que se desempeñan como periodistas, quienes asumen la responsabilidad de informar a la sociedad, a pesar de que el ejercicio de esta profesión generalmente sobrepasa la jornada laboral debido a la recopilación, verificación y redacción de la información que se transmitirá por diversos medios. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto cómo se ha criminalizado a periodistas por ejercer su derecho a informar y por defender el derecho de la población a estar informada.
El 30 de noviembre debería ser un día en el que se reitera y reconoce la importancia de los periodistas, quienes tácitamente asumen la gran responsabilidad que la sociedad les da para que a través del periodismo de investigación, el cual se especializa en investigar (en cierta parte) hechos anómalos dentro de las las instituciones que reciben fondos públicos y asegurar que esos fondos sean utilizados de forma transparente y en beneficio de la comunidad. No obstante, en los últimos años, como sociedad hemos sido testigos (y en cierta medida cómplices) de cómo se han violentado los derechos de las personas que se dedican a informar.
En este contexto, los datos son alarmantes. Solo en el año 2023, el Programa de Protección a Periodistas de la Agencia de Noticias Km169 registró 219 agresiones. Por su parte, un informe presentado por la Red Rompe el Miedo señala que, solo durante el primer semestre del año 2024, se registraron 34 agresiones contra periodistas.
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Asimismo, la revista Expediente Público reporta que 11 periodistas fueron denunciados por el Ministerio Público (MP) y 20 tuvieron que salir del país para exiliarse en ese mismo año. Lejos de mejorar, en 2025 el panorama continúa deteriorándose: el primer informe semestral de la Red Rompe el Miedo Guatemala documenta 32 agresiones contra periodistas, entre ellas dos asesinatos, una desaparición forzada y múltiples tipos de violencia.
De estos 32 casos, únicamente 3 fueron denunciados, debido a la falta de confianza en un sistema de justicia que constantemente ha violentado y criminalizado a periodistas.
Este escenario resulta aún más preocupante si se recuerda que la libertad de expresión es un derecho constitucional que se encuentra en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y se refuerza mediante la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. A pesar de ello, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova (quien es rector de la Ley de Acceso a la Información Pública), se ha caracterizado por su inacción y silencio ante la represión, persecución, difamación, agresión y criminalización de periodistas que han expuesto casos de corrupción de forma reiterada.
La criminalización de quienes defienden la verdad es especialmente preocupante porque alimenta la impunidad y envía un mensaje de amenaza a quienes continúan cuestionando e incomodando a través de su trabajo periodístico a personajes vinculados al MP de María Consuelo Porras. Durante su gestión como fiscal general y jefa del MP, Porras ha manipulado la institución hasta convertirla en un instrumento político para proteger a sus allegados y criminalizar a las voces críticas que denuncian los actos de corrupción e impunidad que imperan en el ente encargado de la investigación penal en Guatemala.
La forma tan indiferente en que ha respondido la ciudadanía, sumada a la inacción de las instituciones, ha contribuido a que actualmente en Guatemala el precio que pagan los periodistas por informar sea la persecución penal desde un MP instrumentalizado y corrompido por la impunidad y la falta de transparencia. Esto ha obligado a muchos periodistas a alejarse de sus familias y amigos por defender el derecho a informar y a ser informado.
Por esto, este 30 de noviembre reflexionemos sobre cómo los periodistas que se han dedicado a ejercer el periodismo de investigación son violentados por ejercer la labor que la sociedad les ha encomendado: verificar que las instituciones inviertan de forma eficiente los fondos públicos que reciben, esto por medio de un proceso de investigación el cual conlleva un periodo extenso de investigación, verificación de información, consulta a analistas y expertos en temas de terminados, redacción, revisión y publicación en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.
Escrito por: Hamilton Chang
Estudiante de Periodismo(ECC-USAC) y periodista con enfoque en lo político y social. Mi labor: dar voz a las luchas por los DDHH y fiscalizar el quehacer legislativo.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
