Elías TaléEl establecimiento de una Ley de Aguas es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno actual. Aunque se han realizado innumerables campañas, reuniones y mesas de trabajo, el problema es de carácter estructural. Por ello, cuatro años no son suficientes para promover y consolidar una ley que beneficie al pueblo de Guatemala.
El deseo de complacer a empresarios, pueblos originarios y a la población en general es una labor que debe construirse con base en propuestas claras, consenso y diálogo entre todas las partes involucradas. Es imperante comprender que los más afectados con esta ley son los pueblos originarios, las autoridades comunitarias durante años han protegido y cuidado el vital líquido, no pueden quedar a la deriva el esfuerzo empeñado ante la ausencia del Estado, además se debe considera que, desde la cosmovisión de los pueblos el agua es un elemento de vida, llegando a ser sagrado. No es una mercancía, como lo mencionan las empresas industriales, agroindustriales o extractivas.
Diputados, diputadas y corporaciones municipales participan en este proceso, pero es un secreto a voces que muchos de estos funcionarios buscan enriquecerse y favorecer sus propios intereses, los de sus amigos y familiares. Sin el respaldo de estos actores y sin un verdadero ánimo de velar por el bien común, es poco probable que una ley de esta naturaleza prospere, además se cuenta con un antecedente de 13 iniciativas de ley de aguas, desde 1991 se han presentado propuestas en torno al vital líquido.
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Resultó tan fácil para los constituyentes de 1985 redactar el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece:
Siendo evidente que hasta la fecha Guatemala no cuenta con una ley en la materia. Este asunto pendiente requiere ser resuelto, pero para ello es necesario integrar las propuestas de los pueblos, su cosmovisión y el respeto al vital líquido.
Al hablar del uso del agua, es importante ser conscientes que el uso de los hogares es ínfimo si se compara con el de las hidroeléctricas, el sector agrícola o la industria. Esta desproporción nos revela que no es a la población a quien se debe restringir el uso del agua, sino a las empresas que no son responsables con su consumo excesivo.
El Artículo 128 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos indica:
En la práctica sucede lo contrario, irónicamente solo existen dos artículos constitucionales referentes al gua y no cobran vigencia por la falta de acciones concretas por parte del Estado.
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Se debe reconocer que el sistema de gestión del agua de los pueblos originarios es funcional. Históricamente las comunidades han sabido cómo cuidar, proteger, distribuir y administrar el vital líquido de forma correcta. La eficacia de sus reglamentos, forma de vida y organización deberían servir de modelo y ser promovidos.
La solución al problema del agua va más allá de la simple creación de una nueva ley. Los funcionarios públicos deben adoptar las buenas prácticas, el buen vivir de los pueblos se ha forjado con esfuerzo, amor y protección hacia la Madre Tierra. Es imperativo detener de inmediato la contaminación y el desvío de ríos, pues la verdadera solución reside en estas acciones.
La escasez de agua es un problema que tarde o temprano afectará a todos. Por ello, es crucial actuar ahora para evitar su falta en el futuro. El pueblo de Guatemala espera con esperanza una Ley de Aguas que promueva la vida, respete la cosmovisión de los pueblos, imponga sanciones contundentes a quienes contaminen y, sobre todo, que respete la administración del agua por parte de las comunidades ancestrales.
Gretel Bernhard
María Reneé San José
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
