Oscar RamírezHan pasado casi 20 años de una de las operaciones penitenciarias más polémicas dentro del territorio nacional, donde la muerte y el misterio fueron asuntos de interés social. Siete reos fueron asesinados de manera misteriosa, la razón apuntaba a ejecuciones extrajudiciales con autorización de las altas esferas del gabinete ministerial de Gobernación. Investigaciones y reportajes documentaron lo ocurrido aquella madrugada del 25 de septiembre de 2006, donde la Operación Pavo Real iba soltando sus plumas rojas, con la excusa de demostrar una victoria ficticia frente al crimen organizado y su poder dentro de Pavón.
El contexto del Pavo Real
El día estaba comenzando con una noticia que puso nervioso hasta al interno más desamorado, en un parecer más estricto, ese domingo 24 de septiembre de 2006 un reportaje escrito por la redacción del periódico Prensa Libre publicaba a la opinión popular la vida controlada por el crimen organizado dentro de la Granja de Rehabilitación para Varones Pavón.
Esta granja está ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de Guatemala, específicamente en el municipio de Fraijanes. Su dimensión abarca 18 manzanas, de las cuales el Estado es propietario; pero en el año 2006 pasaban a ser parte de un comité que tenía el control de la cárcel por medio de varios negocios lícitos y otros ilícitos. En 1996, bajo la administración presidencial de Álvaro Arzú, se tomó la decisión que los internos tomaran el control de la cárcel por medio del denominado Comité de Orden y Disciplina (COD).
El “Comité” como era conocido popularmente, tenía una estructura similar a la de un gobierno estatal. Dentro del penal se hacían elecciones democráticas, con publicidad, personajes influyentes, campañas y regalos, tal y como se juega en la política nacional. Su trabajo consistía en gobernar con reglas y procedimientos claros la convivencia de los reos por periodos específicos. La vida era corriente como la que se ve a diario, lo único que separaba a los reos de la realidad externa eran las mallas eléctricas y los 69 guardias que rotando en turnos “cuidaban” a los privados de libertad.
Cuando el reportaje de Prensa Libre vio la luz, dos personajes estuvieron con un malestar generalizado, estos eran Luis Alfonso Zepeda y Jorge Estuardo Batres (alias el Loco). El primero era el presidente del COD desde el año 1997. Gobernaba con total libertad y se enriquecía con los impuestos que cobraba a los negocios y a los reos para la convivencia “pacífica dentro del penal”; su condena era por asesinato y otros crímenes, lo cual lo hacía una persona de alto riesgo. El Loco Batres, para el año 2006 estaba a punto de cumplir con su condena por tráfico de cocaína, hay que hacer mención que su nacionalidad era colombiana y desde su juventud estuvo inmerso en el negocio de las drogas, fue en un lejano 1995 cuando fue detenido y encerrado en Pavón por sus movimientos criminales.
Los dos estaban resguardados por reos de su total confianza. Se les brindaba seguridad, controlaban tiendas, talleres, billares, expendios y las ventas de algunos servicios de entretención; claramente eran personas que controlaban desde lo inocente hasta lo malicioso, pero en sus influencias administrativas, el penal funcionó con sus propias reglas e instituciones. La corrupción de los guardias y del personal administrativo se extendía y solamente podían estar dentro del perímetro de oficinas que estaban por parte del complejo.
Para el año 2006, las autoridades de seguridad del gobierno del presidente Oscar Berger, tomaban en cuenta que después de 10 años, la granja debía ser tomada de nuevo por la institucionalidad y tutela del Estado; lo anterior dejaba en claro que el lugar era de los reos y del COD. Pero más allá de una toma y vuelta al control, existían intereses macabros que terminaron en una toma violenta y con intenciones de “limpieza social”, que hasta la actualidad ha tomado rumbos sospechosos y gente exculpada de los cargos.
El gabinete de “limpieza social” y sus personajes polémicos
Oscar Berger asumió la presidencia de Guatemala el 14 de enero de 2004, y para asegurar que sus promesas de campaña sobre el tema de seguridad fueran cumplidas al pie de la letra, tenía que confiar las tareas a un hombre que fuera influyente y tuviera el grado de fuerza social para acabar con la delincuencia y sus actos. Ese hombre fue Carlos Vielmann, nombrado Ministro de Gobernación. Sus funciones estuvieron activas desde el año 2004 hasta el 2007.
La cúpula que lo acompañaría serían hombres con los mismos ideales que él: Erwin Sperisen (Director de la Policía Nacional Civil), Javier Figueroa (Subdirector de la Policía Nacional Civil), Víctor Hugo Soto Diéguez (Director de la Dirección de Investigación Criminal -DINC- de la Policía Nacional Civil) y Víctor Rivera Azuaje (Asesor de Seguridad Pública y principalmente de las acciones ilegales y violatorias de Derechos Humanos que la Policía cometió en esta época).
En un breve resumen, el personaje venezolano de Víctor Rivera era famoso por dedicarse a ser un experto en antisecuestros y en análisis de información policial, pero sus métodos no eran los correctos ni los establecidos en los protocolos policiacos democráticos. Por el contrario, la fama de este personaje se centraba en la violación a los derechos humanos, los chantajes, las extorsiones y el uso de la violencia desmedida junto con acciones ilegales en su investidura institucional. Fue asesinado el 7 de abril de 2008 en el Boulevard Vista Hermosa. La versión más creíble sobre su muerte es que iba a “confesar” todos sus crímenes y actos dentro de la cartera de Gobernación mientras servía al ministro Carlos Vielmann.
Con la descripción anterior, y antes de los actos de detención de los demás personajes en años posteriores, se posiciona el año 2006; en el cual fue la segunda acción estatal y sospechosa que ejecutaron para la “recuperación” de la Granja de Pavón. La cartera de seguridad ya tenía antecedentes de ejecuciones ilegales y actos criminales para el combate a la delincuencia común y organizada. El más recordado fue la recaptura de los 19 reos que se fugaron de la cárcel “El Infiernito” en el año 2005, la operación tuvo nombre de “Gavilán” y justamente, así como este animalito caza a sus presas, la policía y sus “grupos de tarea” cazaron a los 19 reos, la mayoría de estos ya no regresaron al penal a terminar de cumplir sus condenas. Por el contrario, su pena fue el asesinato institucional, disfrazado de enfrentamientos armados o resistencia a los arrestos.
Víctor Rivera y Víctor Hugo Soto Diéguez tenían autorizado un grupo de limpieza social de policías de élite, a estos se les conocía como “los Riveritas” y “el Grupo de Tarea del Ministerio de Gobernación”, prácticamente eran un equipo con placa y licencia para matar. Por mucho tiempo fueron el brazo armado de la supuesta “lucha contra el crimen organizado”, cuando en realidad cometieron acciones similares a las que intentaban contener.
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Las plumas rojas que sellaron Pavón
Desde el año 2005, la “Operación Pavo Real” era un hecho concreto. Los personajes anteriores tenían como objetivo limpiar la cárcel, atemorizar a los reos, desaparecer a los líderes del COD y si era posible, dar un mensaje sobre la postura contra la criminalidad. Todo esto comenzó con complicidad de la prensa, específicamente el diario Prensa Libre en su edición del domingo 24 de septiembre de 2006. La primera plana mostraba una foto aérea de la Granja Penal de Pavón y el titular del reportaje era: “Pavón, por dentro se detecta la mafia”.
Zepeda como presidente del COD estaba al tanto que una intervención violenta se acercaba y no era para realizar un censo ni mucho menos para establecer una rutina carcelaria de orden. El objetivo era su comité y los personajes con peso significativo que tenían a su mando toda operación dentro de la cárcel. Con la información que obtenían de funcionarios sobornados dentro del Sistema Penitenciario, iban recibiendo llamadas acerca de la movilización hacia el penal. La madrugada del lunes 25 de septiembre de 2006 se sentía eterna y con aura de miedo.
El Loco Batres reunió a 40 reos dentro de su casa y Zepeda estaba en su despacho, sus allegados preguntaban a sus líderes cuáles eran sus instrucciones, las respuestas sonaban en línea similar: “no se resistan, entregaremos la cárcel y no pasará nada”. Lamentablemente, lo que ocurriría después no sería alentador. Eran las cinco de la mañana en punto, cuando una campana de la iglesia católica local comenzó a sonar. Miles de botas militares y policiales se acercaban a la entrada principal de Pavón y con ellos iban tanquetas. La toma no solamente era un ejercicio de rutina, era una recuperación institucional y una fachada para la opinión popular sobre “el buen trabajo de las autoridades de seguridad”.
A las cinco con treinta minutos de la mañana, la tanqueta derribó la entrada principal de la cárcel y hombres del ejército y la policía comenzaron a ingresar corriendo al patio central, lo más curioso y según los testigos carcelarios que vivieron aquel momento, con uniformes negros de la Policía Nacional Civil (PNC), se encontraban hombres con capuchas y armas de asalto. Estos eran parte de ese grupo de tarea que el Ministerio de Gobernación había autorizado a Soto Diéguez y a Rivera.
Los datos logísticos para esta operación, según Prensa Libre y El Periódico, ascendían al uso de 4 tanquetas, 3 helicópteros, grupos de francotiradores y miembros de los grupos antisecuestros de la policía. En números del personal se estiman 1,826 policías, 1,200 soldados y 60 guardias penitenciarios. Con el tiempo sería investigada la operación dando a conocer que en sus declaraciones oficiales fueron recibidos con ataques armados y físicos; cuestión que no pudo ser comprobada, ya que los grupos fuertes que lideraban Pavón estaban encerrados esperando su destino en la casa del Loco Batres y luego varios intentaron ocultarse en las hileras de reos.
A las siete de la mañana en punto, las cámaras de los medios de comunicación que dieron cobertura y testigos confirmaron que la presencia de Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Alejandro Giammattei (Exdirector del Sistema Penitenciario y expresidente de Guatemala 2020-2024) era estratégica. Lo que ocurrió después de ver a estos personajes se convirtió en la piedra angular de todo este operativo: 7 reos ejecutados y más de 200 formados en hileras despojados de todas sus pertenencias.
En la lista de los 7 ejecutados figuraban Luis Alfonso Zepeda (Presidente del COD) y Jorge Estuardo Batres (El Loco). Ambos al ver que las hileras de presos estaban siendo formados, decidieron ocultarse, cambiando de ropa y fingiendo ser otras personas. El grupo de tarea del Ministerio, con sus capuchas negras y armas largas, llamaban por sus nombres a estos dos y los buscaban para llevarlos por aparte y darles ejecución.
Finalmente, después de una búsqueda selectiva, ya que los agentes llevaban consigo una lista con los nombres de personajes con alto poder dentro del complejo, Luis Zepeda fue hallado en una hilera de hombres y se lo llevaron a la casa de Jorge Batres. El Loco, tuvo un encuentro desafortunado, ya que los hombres al no hallarle, gritaron que su abogada lo buscaba para tratar temas acerca de su condena y libertad. Por lo cual Batres, ingenuamente, cayó. Al ponerse de pie y confirmar su identidad fue separado y llevado hacia su casa.
La morada del Loco Batres era de estilo canadiense, con los lujos más básicos de aquel tiempo. Cuando fue trasladado allí, se encontraban 6 hombres más (incluyendo a Zepeda) de rodillas. Junto con ellos estaban los miembros del grupo de tarea, quienes hablaban por teléfono con los altos mandos; Javier Figueroa, ex subdirector de la Policía Nacional Civil. Se encontraba a escasos metros de la casa de Batres. Llegó un tiempo después que Vielmann, Sperisen y Giammattei. En sus declaraciones alude que recibieron disparos y defensa por parte de estos hombres, pero nunca se pudo comprobar tal versión.
A las ocho de la mañana, los hombres arrodillados estaban en el jardín de la casa de Batres. Víctor Rivera y su equipo decidieron que debían acabar el trabajo lo más pronto posible. Al Loco lo subieron al segundo nivel de la casa y lo ejecutaron de dos tiros. Momentos después, llega a la casa Soto Diéguez, quien ordena a sus policías que ejecuten a los restantes. Todo se consumió y para no confirmar que fueron ejecuciones extrajudiciales, arreglaron la escena del crimen colocando fusiles y ametralladoras en los cadáveres.
Ya eran más de las diez de la mañana cuando todo el recinto estaba controlado por las fuerzas de seguridad. Solamente se escucharon los balazos aislados y directos en las cercanías donde fueron ejecutados Batres y Zepeda junto con las otras cinco personas. El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), inició una investigación y concluyó en su Resolución REF.EXP.EIO 377-2006/DE. Los hechos acaecidos en la Granja Pavón no fueron un operativo de orden y control, más bien, fue una cacería humana donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales. Los testigos que hablaron con la PDH recibieron amenazas e intimidaciones con el objetivo de no transmitir ninguna información, sus familiares fueron incluso parte de estos hechos.
Conclusión: un Pavo Real que perdió sus plumas rojas
Tanto Prensa Libre, como El Periódico, fueron los diarios que le pusieron más énfasis a todo lo que sucedió después de la toma de Pavón. Sus ediciones posteriores hablaban de negocios, lujos, testimonios y entrevistas de testigos, incluyendo una con el exministro Carlos Vielmann. Lo que más llama la atención es que uno de estos diarios publicó una encuesta donde se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo con este tipo de operativos, el 95% respondió con un rotundo “Sí”.
La PDH continuó su labor investigativa y presentaba que lo ocurrido ese 25 de septiembre de 2006 no fue un procedimiento reglamentado que cumpliera con el objetivo propuesto e incluyó violaciones graves a la institucionalidad y sobre todo, a los Derechos Humanos. Por otra parte, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estuvo al tanto de llevar todas las pruebas posibles para dar con los responsables y que se sometieran a juicio.
Su tarea no fue exitosa del todo, Vielmann, Sperisen, Figueroa, Soto Diéguez y Rivera, no pisaron la justicia adecuada o no fueron correctamente juzgados en Guatemala por este atroz operativo. Sabemos que el destino de uno de ellos fue la muerte en 2008 (Víctor Rivera).
Aunque Vielmann y Sperisen cumplieron procesos en España y Suiza, solamente el segundo sigue llevando cárcel por sus actos violatorios a los Derechos Humanos. El primero goza ya de la libertad por ser absuelto en un tribunal español.
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Al parecer, en Guatemala somos un pueblo que olvida, porque el exdirector Alejandro Giammattei se libró de varios cargos por su participación en la Operación Pavo Real e incluso se le premió con ser electo presidente para el periodo 2020-2024.
Con lo narrado aquí no se busca que se tenga lástima por los ejecutados y las acciones llevadas dentro del penal, al tiempo se entiende que eran criminales que fueron juzgados y encerrados por sus vejámenes. La visión del Estado fue de “patadas de ahogado”, recuperar lo que para el 2006 llevaba siendo tierra de nadie, usar a los medios de comunicación como un escudo que le permitiera tener esa legitimidad, credibilidad y gobernabilidad que había perdido con el crimen organizado; y con ello proceder al uso desmedido de la fuerza y el asesinato como un bastión para decir “estoy ganando”.
Queda aún mucho por contar, pero a casi 20 años de que sucediera una toma tan sofisticada de una granja penal que hasta el día de hoy no logró un cambio significativo dentro del Sistema Penitenciario, queda la reflexión sobre si el ejecutar para controlar es una opción viable para recuperar la seguridad y el orden público dentro de nuestra pequeña Guatemala.
Las opiniones pueden estar divididas para este caso, e incluso se podría decir que la realidad es que funcionará hacer otra toma de estas; lo cierto es que las cárceles siguen siendo refugios seguros para la delincuencia y la calle se convirtió en un desierto de arena movediza que atrapa con violencia a los ciudadanos.
Referencias
Fernández, L. (2011). Siete muertes con un acervo de rencor. En Fernández, L (Ed.), Crimen de Estado. El caso Parlacen (pp. 141-181). F&G Editores.
Naveda, E y Acuña C. (2006, 28 de septiembre). Reos denuncian supuestas ejecuciones en Pavón. El Periódico, 4.
Procurador de los Derechos Humanos -PDH-. (2006). Resolución “Operación Pavo Real”
Redacción. (2006, 24 de septiembre). Pavón. Por dentro se detecta la mafia. Prensa Libre, 3-6.
Redacción. (2006, 26 de septiembre). Pavón bajo control. Mueren 7 reos en asalto policial. Prensa Libre, 2-5.
Reyes, K. (2006, 26 de septiembre). La fuerza pública retoma el control de Pavón. El Periódico, 2-4.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
