Chelsea GordonEste reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
Entre los espacios en que los estigmas se hacen evidentes está el trabajo. El Estado de Guatemala tiene deudas pendientes para asegurar que las personas no sean discriminadas laboralmente. Que existan entornos laborales con dinámicas de exclusión y discriminación afecta el desarrollo profesional de aquellas personas que viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).
Los hombres homosexuales, las personas que ejercen el trabajo sexual y las personas trans son las poblaciones más afectadas por el VIH, quienes son identificadas como poblaciones claves más vulnerables que deben resistir a diversos estigmas y a discrminación, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Según ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA/VIH), en su reporte sobre el estado mundial del sida, “el estigma, la discriminación, las desigualdades sociales y la violencia de género dificultan que las personas se mantengan libres del VIH y protejan su salud. Las personas de poblaciones clave son especialmente vulnerables. Los hombres y mujeres que se inyectan drogas, los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres [sin protección], y las personas trans están especialmente desatendidas”, indican.
El reconocimiento de estos obstáculos ha aumentado, pero aún no se refleja suficientemente en las leyes, políticas y prácticas. “El aumento de los ataques a los derechos humanos y civiles están dificultando aún más la eliminación de estas barreras”, expone el reporte.
Viendo (y combatiendo) la discriminación laboral de cara
La organización Líderes Profesionales brinda apoyo legal para defender a las personas que viven con VIH, personas LGBTIQ+ y víctimas de violencia. Julio Rodriguez, director de la asociación, indica que entre los problemas más comunes para personas LGBTIQ+ que viven con VIH, se encuentra la discriminación laboral, aún cuando en Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, específicamente en el artículo 37 se prohíbe la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA, contraria a la dignidad humana, a fin de asegurar el respeto a la integridad física y psíquica de estas personas.
Un hombre quien prefirió el anonimato, pero lo llamaremos José Alejandro para fines de este reportaje, confesó que su estado serológico llegó a ser de conocimiento público en su lugar de trabajo. Él ha trabajado por años en un ministerio, cumpliendo correctamente sus funciones. Ahora, es tratado de forma diferente y despectiva. Como consecuencia, empezó a sufrir discriminación por también identificarse como hombre homosexual.
“Fue un proceso muy desgastante”, explica.
Para José Alejandro, las miradas de desprecio, el aislamiento social que sufrió y el temor que tenía por perder su trabajo, causaron demasiado estrés, a tal punto que su salud se vió impactada: sus niveles de CD4 disminuyeron drásticamente.
Los niveles CD4 son la medida de salud para entender el sistema inmunitario de personas con VIH. Se trata de la cantidad de glóbulos blancos vitales para combatir infecciones. Si se reducen más, José Alejandro podría ser más propenso a enfermarse, así como ser diagnosticado con cáncer, en caso extremo.
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José Alejandro, decidió buscar asesoría con Líderes Profesionales. En primera instancia, se acercaron a la institución en la que trabajaba para exponer la situación injusta que estaba atravesando su empleado y cómo le estaba afectando psicológica y físicamente.
En muchos casos similares, las organizaciones de apoyo empiezan trabajando un enfoque conciliatorio con las empresas en donde se se reporta la discriminación, ya que las personas afectadas se encuentran vulnerables: no siempre pueden demandar a una entidad o arriesgarse a perder su trabajo.
Como contexto, conseguir un trabajo en Guatemala es un reto y quedarse sin sustento económico representa carencias y estrés. En el caso de José Alejandro, el ministerio declinó la solicitud de reunión conciliatoria, por lo que buscaron el apoyo de Henry España, de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Hasta que la PDH medió, lograron una reunión con el ministerio y el caso fue tomado con la seriedad que merecía desde un inicio.
Fue así como inició un camino de reparación dentro de la institución para compensar a José Alejandro por la violación que había sufrido entorno a sus derechos.
El artículo 42 de esta misma ley expone que las personas que viven con VIH/SIDA tienen derecho al trabajo y pueden desempeñar labores de acuerdo a su capacidad y situación. Aunque la ley no es suficientemente clara en cuanto a las sanciones que deben recibir quienes transgreden esta directriz y es una de las fallas más significativas de la ley, “nos interesa que se creen precedentes, para que las personas sepan que si pueden haber cambios, sanciones y reparaciones”, comenta el director de Líderes Profesionales.
Rodriguez menciona que este fue un caso excepcional porque el protagonista buscó ayuda y además cuenta con estudios universitarios avanzados y un puesto importante dentro del ministerio. No obstante, la mayoría de casos de personas con VIH que son discriminadas en su trabajo no prosperan ni reciben el resarcimiento que merecen. Por el contrario, estos casos suelen terminar con despidos, haciendo público su diagnóstico (violando su derecho a la privacidad) o hablando sobre su orientación sexual sin el consentimiento de estas personas. Así se perpetúa el ciclo de discrminación y alienación de la sociedad.
Otro mecanismo que utilizan en las empresas es el orillar a las personas a hacer público su estatus positivo. Este es el caso de una mujer transgénero a la que llamaremos Lucía. Ella ha pedido varias veces permiso en su trabajo para ir a su clínica habitual, (esto no afecta sus labores ya que cumple con sus asignaciones). En la clínica especializada en atender a personas con VIH del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) recibe sus medicamentos o se hace los chequeos de rutina. Pero en la empresa que labora, pagan el seguro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y su jefe en las últimas ocasiones le ha solicitado una constancia médica única y exclusiva del IGSS para justificar el permiso para ir a la clínica.
Lucía se vio obligada a contar que necesita ir específicamente a otro centro de salud porque vive con VIH. Rompiendo su derecho a la privacidad y confidencialidad sobre su salud y siendo vulnerable en su entorno laboral y ante su supervisor. ¿El resultado? Que sus compañeros se enteraron y cambiaron totalmente su trato hacia ella.
Líderes Profesionales ha asesorado a muchas personas LGBTIQ+ que viven con VIH y son testigos de diferentes prácticas espurias.
Este también fue el caso de Cony* e involucra al entorno laboral. En su empresa decidieron hacerle exámenes de laboratorio a todo el personal bajo la premisa de que les importa su salud. Por ser quienes pagaron las pruebas, la empresa recibe los resultados, se da cuenta de su estado serológico positivo y como acto seguido, Cony es despedida injustificadamente.
El artículo 22 de la ley de VIH indica que no se solicitarán pruebas serológicas para un trabajo y tampoco deberán ser consideradas como causal de rescisión de un contrato laboral. Sorpresa que no es sorpresa: no siempre se cumple en las empresas de Guatemala.
La ley también señala que se sancionará de acuerdo con el Código de Salud o el Código Penal al patrono que solicita a un empleado o a una persona que va a contratar, el examen diagnóstico de infección por VIH, pero entidades como la Escuela de Policía Nacional Civil (PNC), solicitan este tipo de pruebas como requisito en sus procesos de selección y no se han tomado suficientes medidas en el asunto porque se tiene poca cultura de denuncia en el país. Este es otro caso que llegó a Líderes Profesionales por medio de la consulta externa del Hospital Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.
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“La ley prohíbe que te hagas una prueba si no es tu voluntad, pero si no la presentas, no tenés trabajo”, comenta el abogado Julio Rodríguez.
Incluso narra que hace un par de años tuvieron un caso similar, donde una persona llegó a la última fase del proceso de selección en la Escuela de la PNC. Después de diversos sacrificios y de gastar en transporte desde Petén para acudir a las diferentes fases del proceso, al final no la contrataron por una prueba positiva de VIH. En esa ocasión presentaron una demanda en contra del Estado, pero la persona decidió aceptar un convenio conciliatorio y retirar la demanda, con tal de obtener el trabajo en la PNC.
“Yo quiero mi trabajo, de esto vive mi familia”, fue lo que les dijo. Lamentablemente, sin una sentencia, las malas prácticas siguen replicándose dentro de las instituciones.
Aunque en la asesoría legal se suelen plantear medidas legales como demandas, las personas afectadas tienden a preferir aceptar acuerdos y medidas de reparación porque existe miedo a involucrarse en un proceso legal ante la falta de garantías de justicia y el alto índice de impunidad en el país. De acuerdo con el Análisis de sentencias, casos LGBTIQ+ en Guatemala del 2017 a octubre 2024 del Grupo de Apoyo Xela (GAX), se evidencia una baja tasa de resolución de los casos de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ en Guatemala.
Únicamente el 2.1% de 1,515 casos registrados entre 2017 y 2024 lograron alcanzar
una sentencia definitiva. No solo denota ineficiencia de los procesos judiciales, sino también las barreras que impiden el acceso a la justicia.
En las víctimas de discriminación está presente el miedo a las represalias laborales, temor a que se divulgue con más personas su estado serológico y cansancio ante la revictimización, por lo que optan por acuerdos económicos, muchas veces desde una posición de vulnerabilidad financiera, en donde un acuerdo que incluye no abrir un proceso penal parece ser la mejor opción.
Aunque un proceso legal es complicado, siempre se reconoce la valentía de personas que deciden llevarlo a cabo ya que las sentencias son importantes, de acuerdo con GAX y Líderes Profesionales, quienes han respaldado a muchas personas y trabajado para lograrlo. Una sentencia por discriminación por VIH marca precedentes en la sociedad. Es necesario visibilizar los casos para que se acabe la discriminación, así como también es necesario acabar con los abusos y que las personas o entidades discriminatorias obtengan las sanciones necesarias para eliminar los estigmas que tanto dañan a la población en áreas laborales, psicológicas, familiares y sociales.
Uno de los casos más reconocidos en Guatemala respecto a condenas por discriminación e irrespeto a la confidencialidad del resultado positivo de una persona, es el del exdiputado Aldo Dávila y el pastor Caleb Dávila, este último a través de redes sociales publicó comentarios ofensivos y discriminatorios en contra del exfuncionario. La denuncia siguió su curso, citaron al pastor seis veces a juntas conciliatorias, pero no se presentó. Por lo cual el juez lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura.
Además, le impusieron una multa de Q3 mil, arraigo y firma de libro cada 15 días.
Otros contextos de discriminación y vulerabilidad
Aunque el ámbito laboral es fundamental para un ser humano, existen otras áreas en las que una persona se desempeña. Entre estas, la familia y los amigos, personas que están a nuestro lado sin importar lo que suceda, o ese es el concepto idealizado que se puede tener.
Para algunas personas LBGTIQ+ que viven con VIH, este no es el caso. A través de entrevistas se pudo identificar un patrón: el círculo cercano fue el primero en discriminar al enterarse de su estado serológico.
“Me sacaron de mi casa”, dice Mario*. La primera vez que habló sobre su orientación sexual con su familia, hace años, fue complicada: “contarles que es gay no fue fácil, pero la convivencia era respetuosa”.
Sin embargo, nada lo preparó para la reacción de su familia al enterarse que era VIH positivo. En medio de gritos y lágrimas, tuvo que abandonar su hogar y seguir adelante en medio de una situación que apenas estaba descubriendo.
Otros, aunque tienen el apoyo de su familia, reducen su círculo de amistades porque al haberle confiado a una su diagnóstico, les convirtieron en objeto de burlas o chismes.
Tampoco podemos dejar de lado a las exparejas. Que por diferentes motivos, rompen la confidencialidad y hacen público su diagnóstico incluso a través de redes sociales, causando daños en la vida de una persona que, muchas veces, está apenas descubriendo cómo es vivir con VIH. Aunque las necesidades médicas pueden cubrirse (para quienes tienen acceso a los recursos o accesibilidad a los servicios públicos), no es suficiente para vivir de manera plena en la sociedad.
Para atender estos temas, la sociedad civil hace un gran trabajo y suele ser una segunda familia para muchas personas.
Sociedad civil, una red de apoyo que llena los vacíos del sistema público
En un país con escasez de servicios públicos, desigualdad y desinterés del Estado, la sociedad civil ha hecho un trabajo arduo para suplir las necesidades de diversas poblaciones. Desde exámenes de VIH, campañas de educación y sensibilización, asesoría jurídica, capacitaciones a empresas, hasta psicoterapia y grupos de apoyo. Uno de esos agentes es el Colectivo Amigos Contra el Sida (CAS).
Aunque el Programa Nacional para la Prevención y Control de las ITS, VIH y Sida de Guatemala (PNS) a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) y otras instituciones mencionadas en la ley vigente realizan ciertas labores, no han sido suficientemente contundentes ni impactantes para cumplir el objetivo mencionado por ONUSIDA en el Informe del Día Mundial del Sida 2024: por el camino de los derechos:
“La respuesta mundial al VIH ha impulsado y ampliado los esfuerzos para lograr la igualdad de género y ha puesto de relieve los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave: hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo, consumidores de drogas inyectables, personas transgénero y personas que viven en prisiones y otros entornos cerrados. La experiencia de la respuesta mundial al VIH ha demostrado que los enfoques centrados en las personas y basados en los derechos humanos son eficaces y sostenibles para alcanzar los objetivos de salud pública.”
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CAS es una organización que trabaja con un enfoque de derechos humanos. Desde el momento en que alguien se realiza una prueba, brindan una pre y post consejería en caso de tener un resultado positivo a VIH. También cuentan con “navegadores”, que acompañan a las personas a los servicios de salud públicos para reportar el caso, recibir atención médica e iniciar un tratamiento antirretroviral. “Incluso hay acompañamiento en las siguientes citas que tienen para asegurar que se cumplan los procedimientos y se respeten sus derechos”, explica la organización.
Delmi Ixcot, coordinadora del área psicológica, explica que en CAS cuentan con un grupo de apoyo mutuo desde hace tres años donde facilitan un espacio para la reflexión, formación y empoderamiento a hombres gay que viven con VIH. Los participantes expresan que gracias a ello han podido ver el panorama desde un enfoque positivo, donde el virus no es una sentencia de muerte.
Este espacio de desarrollo también ha contado con charlas de profesionales de nutrición, sexualidad y arteterapia para fomentar un estilo de vida saludable e integral, libre de estigmas.
“Ahora me cuido más, me alimento mejor… Ya tengo 5 años (desde mi diagnóstico) y me siento en mi mejor momento. Antes no me cuidaba, no iba al médico, ni siquiera tenía un control de mi salud, en cambio ahora tengo asistencia”, expresa Antonio*, un miembro del grupo que actualmente vive con seguridad ya que está completamente informado sobre el tema.
*Nombres ficticios para proteger la confidencialidad
Iniciativa de Ley 6396: una actualización a las necesidades de hoy de las personas con VIH
Una nueva iniciativa de ley 6396 fue creada por organizaciones de sociedad civil y presentada el 20 de mayo del 2024 para aprobarse de urgencia nacional: Ley Integral del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, con el objetivo de dar respuesta a puntos como: solucionar los vacíos legales, facilitar el acceso al tratamiento de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual, difusión de información y métodos de prevención del VIH y otras enfermedades, así como brindar acceso a pruebas de VIH a menores de edad (siempre con la autorización de los padres, madres o tutores si son menores de 14 años), así como acceso a los medicamentos antirretrovirales.
También prohíbe el estigma y la discriminación en contra de las poblaciones especificas, poblaciones clave y poblaciones en condiciones de riesgo de contraer el VIH para asegurar el respeto a su salud fisica, psiquica, emocional y social. Cualquier acto de discriminación será sancionado con el Código de Salud o Código Penal. Esto resulta importante para responder a los diferentes tipos de discriminación mencionados y fomentar la cultura de denuncia.
Población específica
Personas con ITS, VIH/sida, sífilis, hepatitis B y C, Mujeres embarazadas con ITS, VIH/sida, sífilis, hepatitis B y C
Población clave
Grupo de personas que se encuentran en mayor exposition y riesgo de adquirir el VIH, definidas de conformidad con los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social(MSPAS); siendo identificadas las personas trans y parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y parejas sexuales, Mujer trabajadora sexual (MTS)·, parejas sexuales y clientes, población privada de libertad y parejas sexuales, Usuarios de drogas inyectables, y otras que se vayan identificando epidemiológicamente.
Población en condiciones de riesgo de contraer el VIH
Adolescentes y jóvenes, huérfanos, mujeres y niñas violentadas sexualmente, hombres con múltiples parejas sexuales, personas con discapacidad, personas que viven en condiciones de pobreza, violencia; trabajadores móviles (transportistas, motoristas, comerciantes), y personas migrantes y de ambos grupas sus parejas sexuales; poblaciones indígenas y población en general.
Otro cambio relevante que se observa es que esta ley en su artículo 5 contempla las definiciones importantes como: coinfección, población específica, población clave, profilaxis pre exposición y profilaxis post exposición. Aunque parezca lógico o básico, la ley actual no cuenta con este apartado.
Los casos explicados en este artículo evidencian la necesidad de una ley con más detalle sobre las sanciones a la discriminación en el ámbito laboral. La nueva iniciativa de ley contempla derechos como:
- No condicionamiento de ingreso a oportunidades laborales
- A no ser objeto de pruebas diagnósticas de VIH e ITS por jornadas médicas o contratación de seguros médicos
- AI pago de prestaciones laborales de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente en caso de despidos injustificados
- A tener permisos laborales para asistencia a citas médicas de conformidad con los protocolos de atención del MSPAS y el IGSS garantizando la confidencialidad y no evaluación de diagnóstico de VIH e ITS. Esta situación no podrá ser considerada como una causal de despido.
También se establecen infracciones en casos como:
- Solicitar como requisito para acceder o ser promovido en un trabajo de cualquier naturaleza, la prueba de VIH e ITS. Así como coaccionar a una persona para que renuncie al conocer su diagnóstico
- Exigir la prueba de VIH y otras ITS para acceder a centros de estudios, becas de estudio y otros espacios de formación técnica o académica pública o privada
El numeral 8 del artículo 42, que indica que toda persona con VIH/Sida e ITS tiene derecho a hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin prejuicio de discriminacion por ningún motivo o circunstancia. La Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la Procuraduria de Derechos Humanos(PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), las instituciones que forman parte del Organismo Judicial (OJ) y otras instituciones que permiten la interposición de denuncias y que imparten justicia deben brindar un trato digno, respetuoso, equitativo y con enfoque victimológico a las personas con VIH/Sida y/o ITS. Lo cual podría fomentar las denuncias oficiales y un seguimiento idóneo para cada caso.
Dichos cambios en la ley y su correcta implementación podrían ayudar a reducir los casos de discriminación laboral que se presentan en Guatemala. Sin embargo, hasta la fecha no hay un avance en el Congreso para la implementación de esta iniciativa de ley.
Más de un año después… la iniciativa quedó solo en eso, iniciativa
Los meses han pasado y lo que parecía ser un avance en materia de derechos humanos y salud pública, quedó estancado. El seguimiento a la iniciativa es nulo y la esperanza de un cambio ha disminuido.
El 21 de julio, la organización OTRAS, líder y pionera en el trabajo desde, por y para las mujeres Trans en Guatemala, hizo un llamado a través de su página oficial de Facebook en donde exigen que se conozca la Iniciativa de Ley de VIH 6396 en el pleno del Congreso.
Además, el 3 de septiembre del 2025 entregaron junto con otras organizaciones que integran la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y PEMAR al presidente del Congreso de la República y al presidente de la Comisión de Salud, Nery Ramos, una nota solicitando que la Iniciativa de Ley 6396 sea leída y conocida en el pleno del Congreso, como parte de los pasos urgentes para avanzar hacia una legislación que responda a la realidad del país. Esta iniciativa ha sido construida desde la evidencia y con las voces de quienes más han sido afectados por el estigma, la desigualdad y la falta de protección.
Adriana Carrillo, presidenta de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y PEMAR dijo: “a la sociedad civil nos preocupa, no sólo porque ya llevamos más de 10 meses esperando una respuesta favorable o desfavorable, sino también la preocupación que está en el ambiente por el retiro de fondos internacionales que ayudaban mucho la respuesta de VIH en el país.”
Es importante que Guatemala tenga una ley que reconozca y que garantice los derechos de las personas con VIH.
Se intentó conocer más de la perspectiva de OTRANS a través de una entrevista, pero hasta el cierre de este texto no se obtuvo respuesta. También se intentó conocer la postura de Jose Chic, Orlando Blanco y Jairo Flores, diputados que presentaron la iniciativa en el Congreso, aunque tampoco hubo respuesta.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
