Estar equivocado sin saberlo: MP de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche

El Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, se encuentra en el centro de un torbellino de críticas y cuestionamientos. La creciente percepción de falta de imparcialidad y justicia equitativa en sus acciones, especialmente en casos de alto perfil político, desgarran la democracia ya afectada en el país.

En el entramado de la justicia guatemalteca, emerge una paradoja preocupante, simbolizada por las figuras de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche al frente del Ministerio Público (MP). Esta paradoja se manifiesta en una serie de acciones que, aunque revestidas de legalidad, destilan un aroma de parcialidad y persecución política. Es como si, en su cruzada por la justicia, Porras y Curruchiche caminaran con una venda en los ojos, incapaces de ver la disonancia entre sus acciones y la percepción pública de justicia imparcial y equitativa.

La imparcialidad, pilar indispensable de toda justicia que pretenda ser justa, parece haberse desvanecido en las recientes actuaciones del Ministerio Público. Casos como el de las firmas falsas al partido Semilla y la persecución política a individuos que no alinean con ciertos intereses, son ejemplos flagrantes. Estas acciones, lejos de fortalecer el tejido democrático, lo desgarran, creando fisuras por donde se cuela la desconfianza ciudadana.

El caso del partido Semilla es paradigmático. En lugar de ser un proceso transparente y justo, se percibe como un montaje con poco sustento, alimentando la narrativa de una justicia selectiva y politizada. Este tipo de actuaciones alimenta la percepción de que el MP no actúa como un árbitro imparcial, sino como un jugador más en el tablero político, dispuesto a sacrificar la justicia en el altar de la conveniencia política.

Lo más preocupante de este escenario es la aparente ceguera de Porras y Curruchiche ante esta realidad. Se muestran como actores que, en su convicción de estar haciendo lo correcto, ignoran las voces críticas y las evidencias de su desvío del camino de la imparcialidad. Este autoengaño no solo les perjudica a ellos como profesionales del derecho, sino que erosiona la confianza en las instituciones de justicia, esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.

Guatemala, un país con una rica diversidad social y cultural, merece un sistema de justicia en el que todos sus estratos puedan confiar. Cuando la justicia se politiza, cuando se convierte en una herramienta para perseguir a opositores o para proteger a aliados, deja de ser justicia. Se convierte en un simulacro, en una sombra de lo que debería ser.

Porras y Curruchiche, en su rol de líderes del Ministerio Público, tienen la responsabilidad no solo de actuar justamente, sino también de parecerlo. No basta con creer que están haciendo lo correcto; deben esforzarse por ser imparciales y por ser percibidos como tales. De lo contrario, continuarán caminando en esta paradoja, creyendo estar en el camino correcto mientras se alejan cada vez más de la justicia verdadera y de la confianza del pueblo guatemalteco.

En conclusión, el MP, bajo la dirección de Porras y Curruchiche, enfrenta una crisis de credibilidad y legitimidad. Es imperativo que evalúen nuevamente su enfoque y busquen recuperar la confianza perdida. Guatemala merece y necesita un sistema de justicia imparcial, justo y respetado por todos sus ciudadanos. Solo así se podrá construir un futuro más justo y equitativo para todos.

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