Gobierno electrónico, ¿el fin del trámite eterno?

Toda actuación en el ámbito administrativo debe basarse en los principios de legalidad y juridicidad. La primera señala que ningún servidor público puede realizar actos que la ley no le faculte y la segunda, que toda actuación que haga debe estar orientada a lo establecido en el marco normal existente y los principios generales del derecho. 

Por ende, la promulgación y vigencia del decreto 5 – 2021 dio nacimiento a la vida jurídica de la modernización de los trámites administrativos, ya que obliga al Ejecutivo a implementar la tecnología en estos procedimientos, dotándolos de seguridad jurídica y sobre todo, celeridad para la población.

Esta ley está lejos de ser perfecta. Se necesita una reforma en un punto específico porque en la aplicación recae en el Ejecutivo y únicamente faculta a las demás instituciones descentralizadas y autónomas, de poder acogerse a dicha ley.

Se necesita reformar el artículo 2 para que la facultad se extienda a todas las instituciones con el fin de obtener una modernización del Estado integral y beneficiosa para todos los sectores. 

A partir de dicha fecha,  el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Intelectual innovaron la forma de prestar sus servicios a la población y el acceso a los trámites que proporcionaban con la creación de plataformas como el BORPI (Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual) y el VERPI (Ventanilla de la Propiedad Intelectual).