Cristina Meyer
El 30 de enero, en el hotel Stofella, la organización Acción Ciudadana presentó la información referente al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), brindando los datos recopilados por Transparency International (TI) en 2023. Con el fin de dar a conocer que es el IPC y las estadísticas de Guatemala a lo largo de los diferentes periodos presidenciales.
El IPC se encarga de asignar una puntuación y clasificar a los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe por parte del sector público. Es una herramienta vital desde 1995 para medir la percepción de la corrupción a nivel mundial. En 2023 se evaluó a un total de 180 países y reveló una puntuación históricamente baja para Guatemala, con apenas 23 puntos.
Este puntaje coloca a Guatemala por debajo del promedio, que es 43; y lo sitúa entre los cinco países más corruptos de América Latina, junto con: Haití, Venezuela, Nicaragua y Honduras.
Se expuso el descenso en la calificación del IPC. “Guatemala ha perdido puntos, casi de forma consistente, en estos últimos 4 años” menciona César Vega, Coordinador de proyectos e Investigador en Acción Ciudadana. Ya que, en los últimos 13 años, Guatemala ha caído 63 posiciones, pasando del puesto 91 en 2010 al 154 en 2023; en los cuales se abarcan los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
De acuerdo con Acción Ciudadana, uno de los principales factores que contribuyen a esta tendencia negativa es la falta de independencia judicial en América Latina y el Caribe; por la ausencia de un sistema judicial imparcial y transparente. Asimismo, explican que la incapacidad de los sistemas judiciales para aplicar la ley de manera eficaz y ejercer un contrapeso sobre otros poderes del estado agudiza la crisis de corrupción en Guatemala.
“Cuando un país está malo en algo, es como el organismo de una persona, si está malo de úlceras, le va a repercutir en otros órganos; si la corrupción está a tal nivel, los otros índices igual estaran a ese nivel.”, expresó Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.
Además, señalan que la falta de transparencia en la ejecución de los fondos públicos y la ineficiencia de la administración pública contribuyen a la propagación de la corrupción en el sector público. En ese sentido, Manfredo, determina que las instituciones claves como el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), en lugar de combatir la corrupción, a menudo se prestan para criminalizar a operadores de justicia, dejando al Estado sin capacidad institucional.
Los dos panelistas de Acción Ciudadana enfatizan que el deterioro en la calidad de los índices globales refleja una realidad preocupante para Guatemala y el resto de los países que se ven afectados por los niveles de corrupción. Y que la falta de transparencia, la impunidad y la debilidad institucional obstaculizan los esfuerzos por construir una sociedad más justa y equitativa. En esta presentación, se señaló que los países latinoamericanos con mayores tasas de migración forzada cuentan con un índice de corrupción alto.
Gabriel Morales
Andrea Valle
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
