Guerra contra las maras

Huelga decirlo: las guerras contra las maras son populares. Sobre todo, si logran seguridad, pero también porque son justas y necesarias, amén. El fervor que despierta las medidas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hay que decirlo, son comprensibles ya que han logrado algo inédito en la desarticulación de las maras, sin embargo, puede que sea un festín prematuro porque los resultados pueden verse opacados si consideramos el largo plazo y otros costos inconmensurables, otras violencias ocultas. Una excelente reflexión es la de Félix Alvarado.

Muchas personas, como Dolores Almenares, han sido detenidos durante el año que lleva el régimen de excepción en El Salvador donde ciertos derechos están suspendidos. En la narración de Dolores aparece un policía para advertirle que él puede pegarle un tiro impunemente. Impune porque deduzco que Dolores se encuentra en una zona donde el valor jurídico de su vida está en entredicho y por lo tanto puede ser eliminada sin constituir homicidio, como diría Agamben. Durante el Estado de excepción, lo excepcional pasa a ser la norma, pues según Amnistía Internacional han ocurrido 132 asesinatos bajo custodia estatal y casi el 90% de los 66 mil arrestados no han sido acusado ni juzgados formalmente. Es decir, no hablamos de errores ni excesos, sino de medidas que constituyen un exceso.

La arremetida de Bukele contra los derechos humanos quizás tiene que ver con que, si se anula la subjetividad legal, se puede matar o detener el cuerpo sin debido proceso, sin garantías. Se traslapa la muerte jurídica con la posibilidad de la muerte física. Vale la pena decir que también hay una falacia en la crítica de Bukele a los derechos humanos. Estos no protegen a “delincuentes”. Protegen a todos. Son garantías contra el abuso de poder, por ello se incorporan en cualquier proceso en contra de pandilleros o santos. Si los derechos humanos no han protegido a las víctimas de violencia de las maras, ello es responsabilidad del gobierno, quien tiene el deber de adoptar medidas para prevenir la violencia, así como de investigarla con debida diligencia cuando esta ha ocurrido. La crítica de Bukele, es una crítica contra sí mismo.

La candidata aupada por la extrema derecha en Guatemala, Zury Ríos, propone el mismo modelo. La lógica de esta necrópolis hace del marero algo “aprovechable” y atiende únicamente los síntomas y no las causas. Si no se hace nada por cambiar las condiciones sociales, poco valor tendrá el encarcelamiento de “potenciales” mareros, más allá del efecto propagandístico. Como si fuera un detalle menor, las medidas en El Salvador alimentan un gobierno cada vez más autoritario que, como dijimos, funciona bajo la suspensión de derechos fundamentales desde hace un año, lo cual hace de la arbitrariedad y la discreción, lo habitual, y la excepción, lo normal. Si leemos entre líneas, a Zury Ríos poco le importa la democracia la seguridad que ofrece es peligrosa y costosa.

Resalto la paradoja de exponer a unos a la muerte para proteger la vida de otros. Es difícil obviar las lógicas raciales y de clase que operan tácitamente. De hecho, son lo que permite asumir lo paradójico, aunado a un deseo de venganza. Ojo por ojo y todos ciegos, sobre todo los que se mueven en zonas marginales cuyos cuerpos sufren los excesos, tanto de los mareros como de las fuerzas de seguridad, mientras los ojos del soberano se multiplican con más dispositivos de vigilancia y control, creando zonas de indeterminación donde es difícil distinguir entre inocente, criminal, criminal en potencia, amigo, enemigo. El marero es moneda de cambio, cuya distribución y repartición se da en una economía de muerte, donde se rentabiliza el miedo y se crea un marco de guerra que suspende la democracia o parte de ella.  Por otro lado, las causas estructurales de la violencia, de la producción de delincuencia, ni siquiera se atienden.