Diego NovaEn Guatemala, específicamente en el poder ejecutivo del país, se manejan diferentes tipos de contrataciones y hay diferentes tipos de renglones en los que las personas pueden ser contratadas, siendo el más común el 029 “Otras remuneraciones de Personal Temporal”.
Dentro de dicho tipo de contrato, suelen manejarse honorarios que van desde los Q4,000.00 a los Q30,000.00 y dependen del grado académico con el que se cuente, ya que pueden ser servicios profesionales o bien, servicios técnicos.
El renglón se divide en: servicios técnicos o profesionales y los honorarios, dependiendo de quién haya sido la persona que te consiguió el trabajo, el salario puede variar desde los Q4,000.00 hasta los Q25,000.00.
Hasta el momento todo bien. Pero este tipo de contratación a veces trae consigo ciertas malas prácticas, como son las plazas fantasma, la contratación de personas sin experiencia, los altos honorarios a personas que ni siquiera llegan a trabajar y así, podemos seguir describiendo ciertas irregularidades, pero hoy nos centraremos en mi favorito, “La talacha”.
Pareciera que solo en los centros preventivos se usa ese término, pero no, este es un tipo de práctica más limpia, un crimen de guante blanco. Funciona de la siguiente manera: Yo, Juanito, te contrato a ti Pedrito, siendo una persona recién graduada del colegio, sin experiencia laboral, pero te ofrezco una plaza por la cómoda cantidad de Q10,000.00, salario que, para ganar en la entidad privada, es necesaria como mínimo, una maestría.
Yo Juanito, te voy a cobrar un derecho de piso y no te va a costar mucho, solamente Q2,000.00. Por lo que Pedrito accede y piensa: “Quitando el 5%, aún tengo bastante plata”. Y así como Juanito y Pedrito, hay muchos casos, ya que es la forma más fácil para ciertos funcionarios de tener hasta Q10,000.00 extras, si no es que más, sin sudar ni una gota.
Es una práctica sucia, es aprovecharse de las personas y de los recursos del Estado y es algo a lo que muy poco se le presta atención. Es necesaria la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, así como de otras normativas que regulen el proceso de contrataciones del personal 029 “Otras remuneraciones de Personal Temporal”, para tener mayor transparencia, control y sobre todo, buenas prácticas en dichos procesos.
Es necesaria la creación específica de una normativa que regule como tal las contrataciones, ya que existen en Guatemala, pero no regulan el proceso de contratación.
Usted juzgará por sí mismo o por la experiencia propia o algunos conocidos.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
3 comentarios
Excelente artículo, Diego. Es indignante ver cómo se desvían recursos bajo el renglón 029, especialmente con prácticas como “la talacha” que mencionas. Precisamente sobre el tema de la transparencia y la regulación que propones, me surgió una duda: ¿consideras que la creación de una normativa técnica debería incluir procesos de verificación de identidad digital similares a los que usan plataformas financieras o de entretenimiento reguladas para evitar perfiles falsos? Lo pregunto porque estaba leyendo en https://guiadecasinozeusargentina.com/ sobre cómo en Argentina están auditando la legitimidad de los operadores mediante registros provinciales específicos para proteger al usuario, y me preguntaba si un modelo de transparencia técnica así de riguroso podría adaptarse a la Ley de Contrataciones del Estado en Guatemala para erradicar las plazas fantasma. ¿Crees que el problema es más de falta de leyes o de falta de herramientas tecnológicas de control?
Excelente análisis, Diego. El problema del renglón 029 y la falta de transparencia en la meritocracia es un tema que urge debatir en Guatemala. Precisamente sobre la necesidad de normativas técnicas que mencionas, me surge una duda: ¿consideras que el fortalecimiento de la Ley de Contrataciones debería integrar sistemas de auditoría externa y transparencia similares a los que aplican en sectores de alta seguridad digital? Lo pregunto porque estaba revisando en https://guiadepinnaclecolumbia.com/bonus cómo plataformas de alto nivel implementan procesos de verificación de identidad y auditorías de beneficios para garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos técnicos, evitando así “perfiles fantasma”. ¿Crees que una fiscalización tecnológica de ese tipo ayudaría a erradicar la “talacha” o el problema es puramente de voluntad política en las instituciones?
Hola Cassy,
Gracias por tu comentario y por abrir el espacio para discutir este tema desde una perspectiva técnica e institucional.
Desde mi punto de vista, una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado es parte medular del problema a resolver, ya que actualmente la normativa mantiene márgenes amplios de ambigüedad respecto a ciertos procesos de contratación, especialmente en modalidades como el renglón 029. En muchos casos, la regulación se centra únicamente en la figura de “técnicos o profesionales”, sin desarrollar con suficiente profundidad criterios objetivos de selección, evaluación de capacidades, trazabilidad de funciones o mecanismos efectivos de control.
Considero que incorporar herramientas tecnológicas de fiscalización, auditoría externa y validación de perfiles —similares a las utilizadas en sectores con altos estándares de seguridad y verificación— sí podría contribuir significativamente a reducir prácticas como la “talacha” o la existencia de perfiles que no cumplen realmente con las funciones asignadas. Sistemas de trazabilidad, controles de cumplimiento, validaciones documentales y auditorías periódicas podrían fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, también considero que la tecnología por sí sola no resuelve el problema. Debe existir voluntad institucional para aplicar los controles, hacer cumplir las responsabilidades laborales y garantizar que los recursos públicos realmente se destinen a personal que genere valor para el Estado y para la ciudadanía.
Regular de manera más clara temas como horarios, entregables, responsabilidades, evaluación de desempeño y supervisión efectiva podría representar un avance importante hacia un modelo más transparente y meritocrático.
Gracias nuevamente por aportar al debate.