Otto CuyánDentro del desenvolvimiento del tejido social, se encuentran factores de toda índole que facilitan, obstaculizan o imposibilitan el correcto fluido la dinámica económica-social de todos sus integrantes. Uno de los temas más complejos y delicados de abordar es el de los sectores vulnerables, precisamente, el de las personas con discapacidad.
Con base a indicadores del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) se arrojaron los siguientes datos:
- 1 millón 609 mil 932 personas a nivel nacional viven en alguna condición de discapacidad; representando un 10.4 % de la población. De estos, el 53.4 % son mujeres y el 46.6 % son hombres.
- A nivel etario: el 7 % oscilan entre los 4 a los 12 años; el 5.3 % oscilan entre los 13 y 17 años; el 12.3 % oscilan entre los 18 y 29 años; el 38.5% se encuentran entre los 30 y 59 años; y, el 36.8 % son adultos mayores de 60 años de edad.
- Por etnia, el 61.7 % se denominan ladinos y el 35.6 % se definen como mayas.
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Los cinco departamentos con mayores índices de discapacidad están:
- Guatemala con el 13.7 % (470 mil 533 personas)
- Santa Rosa con el 12.1 % (52 mil 020 personas)
- Zacapa con el 11.8 % (30 mil 195 personas)
- Jutiapa con el 11.5 % (60 mil 744 personas)
- El Progreso con el 11.1 % (20 mil 278 personas)
A su vez, dentro de los tipos de discapacidad más frecuentes son:
- Visual con el 7 %
- Auditiva con el 2.7 %
- De locomoción con el 3.4 %
- Discapacidad de comunicación con el 1.4 %
- De memoria y concentración con el 2.2 %
- Discapacidad de vestuario con el 1 %
Para analizar estos datos de forma más detenida, puedes descargar la Segunda Edición de Datos Estadísticos de Personas con Discapacidad en Guatemala, 2024, haz clic aquí.
Estos datos son relevantes porque nos enseñan dónde radica parte de la problemática, ya que vemos un grueso número poblacional que está incluido en este sector, lo cual reduce la posibilidad de acceder a un empleo digno.
El problema de la falta de empleo, en general, afecta a la población a nivel nacional. Sin embargo, de esta problemática se deriva paralelamente la falta de oportunidades a personas con discapacidad.
La inclusión laboral podría definirse como la facultad que tiene el Estado de crear políticas públicas y cualquier otra propuesta que fomente y facilite el acceso a un empleo digno, de conformidad con las condiciones sociales, laborales, étnicas, políticas, de sexo, entre otras, a personas que pertenecen a grupos vulnerables de discapacidad.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inclusión laboral es un objetivo del desarrollo social que busca que todos los integrantes de la fuerza laboral puedan acceder a trabajos decentes que aseguren niveles adecuados de remuneración y cobertura en protección social.
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Para Cepal, la inclusión laboral está compuesta por dos factores sumamente importantes: la inserción en el mercado laboral y las condiciones del trabajo al que se accede.
Para estos efectos, el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala y Conadi han sido facilitadores en la apertura de espacios laborales para personas con discapacidad en Guatemala, a través de alianzas estratégicas o ferias de empleo, tanto en el ámbito privado como público, donde trabajan conjuntamente con más de 38 instituciones públicas y privadas para estos efectos.
Empresas como Pizza Hut, Ferretería EPA, Walmart Guatemala, McDonald’s, Telus, Bimbo, Banco de los Trabajadores, Banco G&T Continental, Coca Cola, Nestlé, El Gallo más Gallo, La Torre y Maxi Despensa, son algunos de los que han fomentado estos espacios en sus diversas sucursales.
En el ámbito público, en instituciones como el Registro Nacional de las Personas (Renap), Registro Mercantil (RM) o el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) se ha visto a personas reproduciendo fotocopias como oportunidad laboral y sumamente efectiva. Incluso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) posee una dependencia específica en esta materia denominada “Oficina de la Sección de Trabajador con Discapacidad”.
Antecedente legal en Guatemala
A nivel internacional, el tema de inclusión laboral ha tenido éxito debido a diversas estrategias encuadradas en la creación de políticas públicas de trabajo y discapacidad. No obstante, el mayor éxito se deriva en la implementación de incentivos fiscales a favor de las empresas que acrediten una mayor contratación de personal perteneciente a este sector.
¿Es viable que en Guatemala se implemente una ley de esta índole? La respuesta corta es sí porque no contraria a ningún precepto constitucional.
El artículo 53 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente:
“El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios”.
La Constitución reconoce y fomenta las políticas públicas a favor de este sector y los declara de interés nacional.
Además, el artículo 102 inciso m) de la Constitución Política de la República aduce que:
“Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: …m) Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales;”
Por tanto, una ley que facilite y fomente el derecho al trabajo de este sector sería sumamente importante para fortalecer la legislación y así, dar cumplimiento a la protección de los derechos humanos de estas personas, apegados a estándares internacionales en esta materia, garantizando su reinserción a la sociedad.
En 2020, la iniciativa 5529, denominada Ley para el fomento de trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, pasó a segundo debate en el Congreso; sin embargo, ya no se mostraron avances.
Esta iniciativa de ley tenía varios aspectos interesantes, dentro de los cuales se destaca:
- El fomento de la inclusión laboral en el sector público y el privado, así como, el desarrollo económico de las personas con discapacidad.
- La obligatoriedad de establecer una determinada cuota de inclusión laboral de personas con discapacidad en las instituciones públicas y empresas, y crear un registro de empleados y ajustes de los puestos de trabajo.
- Para los efectos, Conadi está procurando incidir en la aprobación de la normativa con el fin de impulsar su entrada en vigor y así incentivar a empresas a proveer plazas de trabajo a personas con discapacidad.
Además, Prensa Libre realizó hace unos meses un interesante reportaje sobre esta índole.
Estamos en un momento ideal para que los diputados retomen esta iniciativa de ley y sea aprobada, la cual traerá múltiples beneficios e incentivos laborales y fiscales, la creación de nuevas oportunidades de empleo a personas con discapacidad y el fortalecimiento de la legislación laboral en Guatemala.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
