Fuente: AEU
Años tejiendo redes políticas, creando y vendiendo lealtades, procesos nefastos y poco transparentes, donde la academia es lo de menos en una universidad absorbida por el clientelismo. Lo que vivimos en abril de 2022, con la elección suspendida para rector de la USAC, es solo la punta del iceberg de lo que se ha compuesto tristemente la política universitaria hoy en día.
El 26 de abril de 2022, el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió de forma anómala negar la acreditación de 7 cuerpos electorales a favor de SOS USAC (Jordan Rodas) y Avante (Carlos Valladares), dejando así el camino libre a Innova (Walter Mazariegos), para poder asumir el poder de forma tranquila, luego de que SOS USAC le complicara el camino hacia el ascenso. Consummātum est, el CSU sabía de su actuar descarado, incluso de manera preventiva mandó a quitar los portones que están en las entradas de la USAC ante posibles tomas, así como la aparición de la Policía Nacional Civil en las afueras del Museo universitario (MUSAC). Recordemos que esto se llevó a cabo en un mismo día, estas acciones son planificadas y con cierto grado de coordinación y logística, el proceder no fue un capricho, fue estructurado.
La sola conformación actual del CSU es carente de legitimidad, teniendo como parte visible la exclusión de las Escuelas no facultativas (recordemos que estas no pueden votar para rector). Mientras en un plano más profundo, la poca transparencia de sus acciones, como lo planteado por Juan Carlos Godínez (antiguo representante del Colegio de Abogados ante el CSU) que solicita que “el sentido de sus votos no se haga público”. Esto es como pedirles a los diputados del Congreso de la República que sus votos sean secretos ante la aprobación de una ley. La falta de un sistema de contrapesos y fiscalización ante el CSU es realmente peligrosa ya que pueden suscitarse cuestiones como favorecer a particulares, como es el caso de Walter Mazariegos, pero también se pueden dar cuestiones como remociones o nombramientos sin fundamentos académicos, sólo políticos y estratégicos. De esta forma podemos entender el actuar clientelar del CSU.
La falta de legitimidad de la elección a rector trasciende de lo legal e institucional, es también un reflejo de la cultura electoral guatemalteca. El poder de la Facultad de Humanidades es excesivo, recordemos que esta facultad tiene presencia en todos los departamentos de Guatemala, y es por mucho la unidad académica con más estudiantes, docentes y egresados, por lo que es tristemente común ver como allegados a Mazariegos movilizan a estos estudiantes a cambio de puntos. Esto ha hecho de esta facultad, el punto perfecto para crear redes de poder universitarias en toda Guatemala. Al igual que en la política electoral tradicional guatemalteca, el caudillismo y movilización de estas masas, hacen que un movimiento tenga amplia ventaja sobre sus contendientes. Muchos de los votos no son por su plan de trabajo, sino por su culto a la personalidad, o por las posibles plazas que se pueden otorgar. Es por ello que cobra sentido el acercamiento que tiene el CSU con Mazariegos, no solamente por ser él parte de ello, sino por los hilos que mueve junto a otras personas.
El clientelismo político ha hecho de la USAC un botín para muchos, donde la academia es lo de menos. Recordemos que la mayoría de rectores pasados y candidatos a rectores, son más políticos que académicos, carecen de publicaciones científicas, sus libros son de editoriales dudosas, entre muchas cuestiones de poco carácter intelectual. Las cuotas de poder dentro de la universidad ha propiciado un lugar donde personajes oscuros pueden cooptar y saquear. Como estudiantes de Derecho, Humanidades o Económicas, cada día somos menos críticos que otras unidades académicas, perdiendo así nuestro sentido social y convirtiéndonos más en alienados y serviles. Recordemos que el fraude no se consumó de no ser por la iniciativa de estudiantes de Agronomía y otras unidades de tomar resistencia en el MUSAC. Actualmente la elección para rector es incierta, no hay nada claro a pesar de los amparos y otros procesos. Sin embargo, cuando hay mucho en juego, millones de quetzales de presupuesto anual, cuando hay tanto poder que cubrir, las güizachadas (legalismos espurios como la intromisión de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo para obligar al CSU a llevar a cabo las votaciones a pesar de las exclusiones) o inclusive la violencia física (grupos huelgueros de choque como el Honorable Comité de Huelga), pueden hacer que se consuma un fraude electoral dentro de la única universidad pública del país.