El lunes 21 de octubre de 1996 se publicó en el Diario de Centro América la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, decreto número 80-96. Esta era la primera ley cuyo principal enfoque era mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Después de casi 30 años de su aprobación, lo que parecía ser el inicio de una nueva era de oportunidades para este sector de la población en función de vivienda, salud, recreación, oportunidades de trabajo y participación en la sociedad, se ha quedado únicamente como promesas vacías plasmadas en papel, ya que la situación que enfrenta el adulto mayor actualmente cuenta una historia muy diferente.
El llegar a la vejez puede significar una bendición para muchas personas, pero dependiendo de los privilegios y comodidades, o ausencia de ellos, envejecer puede convertirse en un desafío muy difícil de sobrellevar. Según la Política Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores en Guatemala Periodo 2018-2032, hecha por el Comité Nacional de Protección a la Vejez (Conaprov), un 54.92 % de la población mayor vive en pobreza en el área urbana, mientras que en el área rural, es un 45 %. Estos porcentajes reflejan una cruda realidad, y es que las medidas que actualmente se están llevando a cabo en el país, no bastan para mitigar las necesidades de este grupo.
El censo poblacional más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que 14.9 millones de personas fueron censadas, de las cuales 1.3 millones eran adultos mayores. El INE también estima que este año la población alcance los 18 millones, con aproximadamente 1.5 millones siendo personas de la tercera edad, pero ¿qué significan estos incrementos para el país?
Conforme crece la cantidad de adultos mayores, sus necesidades también lo harán proporcionalmente, lo que representa un desafío para el Estado, ya que también se requiere una mayor cobertura de salud pública, programas de ayuda que los mantengan activos dentro de la sociedad, subsidios que cubran sus necesidades básicas y oportunidades de trabajo. Muchas de estas iniciativas comienzan en el Congreso de la República.
Legislación que busca generar un cambio
Las personas de la tercera edad son un sector vulnerable que en algunos casos, ya no puede valerse por sí mismo, y es ahí cuando deben interceder las autoridades estatales para poder brindar la asistencia necesaria a este sector poblacional por medio de iniciativas de ley que busquen atacar de raíz estos problemas.
Si bien el decreto 80-96 tiene como objetivo solucionar estas problemáticas, Teresa Maldonado, Defensora del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), menciona que esta ley no se ha ido actualizando acorde a las necesidades cambiantes que tienen las personas mayores en el país.

“Desde que fue implementada en 1996, la ley que protege a las personas de la tercera edad ha tenido algunas enmiendas, pero estas han sido únicamente de forma. Por ejemplo, una de estas modificaciones es que la Conaprov pasó de ser parte de la Vicepresidencia a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), un cambio que realmente no le aporta nada a la población por la que vela esta ley”, dice Maldonado.
El diputado Cristián Álvarez, quien también es presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, aclara que por más iniciativas de ley que los diputados propongan, mucha de la asistencia debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). “Si ellos no quieren ayudar, solo no sucede”, enfatiza.
Pese a estos obstáculos, hay dos iniciativas de ley que Álvarez ha propuesto con el fin de ayudar al adulto mayor. La primera de ellas es la iniciativa 6229, reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre la Renta (IUSI), decreto 15-98. Estas reformas lo que buscan es que el adulto mayor ya no tenga que pagar IUSI, siempre y cuando tenga 60 años o más, y haya tenido el inmueble bajo su nombre por al menos 15 años consecutivos.
“Imaginate que has pagado impuestos toda tu vida, lograste comprar una casa, ahora estás sobreviviendo solo con tu jubilación y llegan a reevaluar tu casa y te quieren cobrar IUSI sobre una propiedad que ahora está valorada en 2 millones de quetzales. No, hombre. Los viejitos ya no deberían pagar eso”, expresa Álvarez.
Esta iniciativa de ley recibió un dictamen desfavorable, pero Álvarez considera que es una propuesta fuerte y tiene la intención de proponerla nuevamente. “Lo que pasa es que el IUSI es una fuente de ingresos altísima para las alcaldías y obviamente no quieren perder esa plata”, añade.
Si bien las iniciativas de ley pueden ayudar a visibilizar y traer a colación ciertas problemáticas en el pleno del Congreso de la República, Luis Linares, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que a menudo las acciones de los diputados no son coherentes con la ayuda que se necesita.
Partiendo de la iniciativa de ley 6229, Linares tacha la propuesta de insincera: “Habría que preguntarle al diputado si él tiene casa propia o renta. Porque los diputados muchas veces hablan de los servicios y las necesidades de la gente, pero no se tientan el alma a la hora de subirse el sueldo y derrochar dinero en todos los gastos inútiles que hay en el Congreso”.
La segunda iniciativa que propuso Álvarez fue la 5837, Ley de Fomento al Empleo de Personas Mayores de 50 Años. Lo que esta ley busca es incentivar a las empresas del sector privado a contratar personas de la tercera edad a cambio de reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La forma en la que esto funciona es que la empresa obtiene un 20 % de descuento sobre la tasa vigente del ISR, siempre y cuando entre un 15 y 25 % de su personal contratado en planilla sean adultos mayores de 50 años.
Esta iniciativa recibió un dictamen favorable el 13 de enero de 2022. A pesar de esto, la discriminación laboral en contra del adulto mayor es uno de los mayores obstáculos que debe superar para continuar siendo un miembro productivo y participativo en la sociedad.
La escasez de oportunidades laborales
Para el adulto mayor, conseguir un empleo es solo el primer paso, después debe demostrar que aún posee las habilidades cognitivas y físicas que le permitan competir con gente que tiene la mitad de su edad para desempeñar el mismo puesto.
“A veces ni siquiera se reemplaza al adulto mayor con una persona más joven, sino con máquinas. Mirá, por ejemplo, en los parqueos de los centros comerciales, ya es una máquina la que te cobra. Igual en algunos supermercados”, señala Álvarez, “Es por eso que por medio de la 5837 estamos buscando que una empresa en vez de comprar una su máquina de capuchinos vuelva a contratar a la señora que sirve el café”.
Los avances tecnológicos, si bien han hecho más fáciles y dinámicos los procesos en la mayoría de industrias, suponen un gran reto para el adulto mayor. Carmen Florián, Gerente de Recursos Humanos de Solusersa, una empresa de outsourcing que busca reinsertar a adultos mayores en el mundo laboral, dice que la falta de actualización acerca de herramientas digitales, aunado al prejuicio que existe de contratar a personas mayores dificulta que puedan llevar a cabo procesos de contratación exitosos.

“Ahora todo es digital, entonces tiene que haber una apertura, no solo del adulto mayor, pero también de las empresas para ofrecer programas de capacitación, los cuales ayuden a que este se familiarice con cómo son las cosas hoy en día”, indica Florián.
“Otro aspecto que a menudo se subestima es la sabiduría y conocimiento que las personas mayores pueden brindar. Por medio de mentorías, las nuevas generaciones también pueden aprender mucho, pero la cultura laboral actual no ve eso”, añade Florián.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del 2022, mostraba que la población ocupada en Guatemala era de 7.2 millones, de los cuales 757 mil eran adultos mayores. Esta cifra refleja que aún existe una demanda laboral por parte de este sector poblacional, el problema es que la oferta los excluye en su mayoría.
Para contrarrestar esto, Maldonado indica que el Mintrab lleva a cabo ferias de trabajo para posicionar al adulto mayor y que este pueda ser contratado por empresas en el sector privado. “Había alrededor de 15 empresas que estaban ofreciendo empleos a adultos mayores, pero no se tiene un dato de cuántas personas acudieron, ni cuántas fueron contratadas”.
Este evento es la Miniferia de Empleo para Personas Mayores 50+, y la más reciente se llevó a cabo el 26 y 27 de noviembre de 2024. A través de una solicitud de información pública, Juana Sotz, Directora General de Empleo del Mintrab indica que participaron un total de 1037 adultos mayores, de los cuales 518 eran hombres y 519 mujeres. Al finalizar, 13 personas fueron colocadas en las vacantes de 12 empresas que estaban participando y que tenían 300 vacantes disponibles en áreas de administración y servicio al cliente, conserjería, ventas, entre otras.
A raíz de estas dificultades para conseguir trabajo, el adulto mayor a menudo recurre al empleo informal. Maynor De León, de 52 años, es un mecánico automotriz que tiene su propio taller en la zona 13 de San Miguel Petapa. Él menciona que desde los 15 años ha sido mecánico, abrió su taller en 1997 y que nunca pensó en tener otra profesión. Sin embargo, conforme ha envejecido, se ha dado cuenta de lo afortunado que es de tener su propio negocio y no tener que lidiar con la discriminación que a menudo hay en su línea de trabajo.

“Hay grupos en Facebook donde están buscando contratar mecánicos, pero siempre ponen cosas como que hay que tener de 20 a 35 años”, dice De León. “Entonces cuando veo eso me doy cuenta de que ya me quedé atrás. Si no tuviera el taller, probablemente tendría que trabajar de piloto o saber cómo estaría”.
De León no ha pagado IGSS desde 1998, y aclara que no tiene pensado retirarse del negocio. “Hasta que el cuerpo aguante” dice, soltando una ligera risa. Esta frase es muy común por parte de adultos mayores que continúan laborando.
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Noemí Ramos, una trabajadora doméstica de 55 años, también comparte esta noción, ya que cada mañana debe madrugar y tomar un bus extraurbano para llegar a la casa donde trabaja.
“Trabajo por necesidad, pero también porque me gusta trabajar”, aclara Ramos. “Mis hijos dicen que me ayudan y que me cubren mis gastos para que yo ya no trabaje, pero me gusta tener yo mi dinero para pagar mis cosas y darme mis gustitos”.

Asimismo, Concepción Cuxé, quien tiene 65 años y opera una abarrotería y verdulería, comparte esta idea de trabajar hasta que ya no se pueda más. “No queda de otra. La vida cada vez está más cara”, menciona, pero recalca que prefiere tener un negocio propio, que tener que buscar un trabajo y tener que rendirle cuentas a un patrono.
Linares menciona que el adulto mayor debería de trabajar porque quiere y no porque tenga necesidad. “En Guatemala tenemos el problema que los dos extremos de nuestra población deben de trabajar para sobrevivir, pero ya no deberían. Tanto los niños como los adultos mayores”, señala.
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El empleo informal le da al adulto mayor la habilidad de continuar generando ingresos, pero el problema con esta modalidad es que no se generan cuotas para alcanzar la jubilación. Para poder ser elegible a la pensión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una persona debe haber aportado 240 cuotas o mensualidades al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y haber cumplido los 60 años.
Estos dos parámetros resultan inalcanzables para la mayoría de adultos mayores, ya que según los datos más recientes del 2023 del Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS, había 1,554,663 afiliados cotizantes, de los cuales 65,704 son adultos mayores, es decir, solo un 5 % de la población mayor.

Incluso cuando el adulto mayor logra jubilarse, los pagos que recibe de pensión son muy bajos, por lo que igual debe continuar laborando para subsistir. “Lo que pasa es que muchas empresas reportan el salario mínimo al IGSS y el resto como bonificaciones. Alguien podrá estar ganando un buen sueldo hasta el fin de su vida laboral, pero si el patrono solo estaba reportando el mínimo, la pensión se calcula sobre esa cantidad, entonces para muchos jubilados esa transición de ingresos es un golpe muy fuerte”, dice Linares.
En contraste, también hay otro sector de adultos mayores, el cual no consigue empleo, no tiene la capacidad de tener un negocio propio, y a menudo se ve afectado por enfermedades degenerativas, las cuales impiden que pueda buscar ganarse la vida. Lo que genera la duda: ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no aguanta?
Es ahí cuando se debe optar por solicitar ayuda a diversos programas estatales.

Los programas de ayuda y sus deficiencias
El Gobierno de Guatemala cuenta con varios programas para brindarle asistencia al adulto mayor, pero hay dos de ellos que tienen la mayor cobertura. El primero es el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) y el segundo es el Programa Mis Años Dorados de la SOSEP. Ambos programas ofrecen distintos tipos de ayuda, el PAM paga un subsidio de 500 quetzales mensuales, mientras que Mis Años Dorados pone a disposición de sus beneficiarios más de 80 centros de atención a nivel nacional.
Sin embargo, como menciona Maldonado, los criterios de selección para determinar si un adulto mayor es elegible a menudo pueden ser muy arbitrarios. “Sucede que las trabajadoras sociales a veces se basan en detalles muy superfluos para negarle la ayuda al adulto mayor. Por ejemplo, si ven que tiene un televisor o refrigeradora, ya no lo califican y ni se molestan en investigar si este bien fue adquirido previo a que la situación financiera de la persona cambiara”, menciona.
Otro de los desafíos que enfrentan estos programas son financieros, ya que hay insuficiente cobertura y personal para que la ayuda pueda alcanzar a los sectores más vulnerables de la población, especialmente en el interior del país. “Es que si contratan más trabajadoras sociales, esos son 5 mil quetzales que se ven en contrataciones, entonces son unos 10 adultos mayores que ya no reciben ayuda”, menciona Álvarez.
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Más allá de la falta de personal, el presupuesto que se le da a estos programas a menudo sufre de cambios inesperados, los cuales también impactan negativamente la efectividad del programa. Según reportes de información pública sobre la ejecución del presupuesto, en diciembre de 2024 había 180 millones de quetzales que no fueron ejecutados, mientras que en enero de 2025 se puede observar una reducción de 500 millones de quetzales para el adulto mayor.
Se trató de tener una entrevista con el director del PAM, Pedro Diego Toledo, para discutir los desafíos que actualmente tiene el programa, pero la solicitud de entrevista fue declinada por parte de la oficina del PAM.

Por otro lado, Mis Años Dorados enfrenta sus propios obstáculos. Olimpia Barrera, Supervisora Regional del programa, menciona que actualmente llegan a 15 mil adultos mayores, pero que la cooperación de las alcaldías representa un desafío.
“En algunos sectores, se debe coordinar el transporte de los adultos mayores a los centros de atención con las alcaldías, ya que son las responsables de llevarlos y después regresarlos a sus casas, pero hay alcaldías que no cumplen con esta estipulación y ahí es cuando se va perdiendo el acceso al programa”, señala Barrera.
Cuando las alcaldías no cooperan, los centros tienen una administradora local que se encarga de dialogar con la alcaldía y averiguar el motivo por el cual no se está llevando a cabo la ayuda, pero cuando no se logra llegar a un consenso es cuando el programa no puede continuar en ciertas regiones.
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La psicóloga Silvia Trampe, que trabaja directamente con el programa, explica que las actividades que realiza Mis Años Dorados con sus beneficiarios consisten en siete ejes que son terapia ocupacional, cultural, salud, lúdico, educativo, psicosocial y el físico-recreativo.
“Ninguno de estos ejes es obligatorio, ya que no podemos poner a una persona mayor que tiene problemas de rodilla en el eje físico-recreativo. Es ahí cuando entra el eje de salud, ya que primero se evalúa el estado físico del beneficiario y después ya se le asigna el eje más apropiado”, indica Trampe.
Algunas de las actividades que realizan son llamadas manualidades productivas, estas son de gran utilidad para el adulto mayor, ya que una vez aprenden a realizarlas pueden venderlas, algo que aclara Trampe, ya es ajeno a la ayuda que brinda el programa. “Aprenden a cocinar o a hacer artesanías con las que pueden generar ingresos en su tiempo libre”, añade.
Una de las particularidades de los centros de atención de Mis Años Dorados es que son ambulatorios, lo que significa que no puede pasar allí la noche el adulto mayor, por lo que aquellas personas que no tienen vivienda o un lugar donde quedarse, deben recurrir a pedir ayuda a casas hogar o asilos públicos con la esperanza de no terminar el día en la calle.
Las casa hogar, un privilegio difícil de acceder
Cuántas casas hogar públicas existen en el país es un dato que no se ha mantenido actualizado por parte del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES), una división del Ministerio de Salud y Asistencia Pública (MSPAS).
“La falta de actualización de cuántos centros de cuidado hay, tanto públicos y privados, y cuántos de estos cuentan con licencia deja en evidencia la falta de prioridad y visibilidad que tiene el adulto mayor para el sistema”, añade Maldonado.
Por medio de una solicitud de acceso a la información pública, Roberto Cáceres, Jefe del DRACES, indica que existen 91 registros de centros de atención al adulto mayor con licencia sanitaria vigente y que pertenecen al ámbito privado, mientras que hay 32 registros en el ámbito público. Uno de los hogares públicos se ubica en la Antigua Guatemala. Este hogar opera por medio de donaciones y alberga a 62 adultos mayores, 31 hombres y 31 mujeres.
María Urias, enfermera de este establecimiento, explica que se especializan en brindar atención a personas mayores que sufren de alguna discapacidad, principalmente por parálisis cerebral o espina bífida.
“Tenemos adultos mayores acá a los que los han venido a dejar y se olvidan de ellos por completo, entonces nosotros los acogemos y les damos una vida digna hasta que fallecen”, menciona Urias. Sin embargo, una de las actividades que cuesta mucho llevar a cabo es que los residentes del hogar puedan tener actividades recreativas fuera de las instalaciones. “No hablamos de viajes lejos, sino ir al parque de la Antigua por un helado, por ejemplo, pero el transporte es muy complicado”, aclara.
Algo que tienen en común tanto los hogares públicos como los privados, son las largas listas de espera. Espacios que no se desocupan hasta que alguno de los residentes fallece, o no puede continuar pagando, si se trata de un hogar privado.
Carmen Rivera es una de las 52 residentes del Hogar Margarita Cruz Ruíz, ubicado en la zona 1, tiene 83 años y lleva 2 años y medio viviendo en el hogar. “Me tratan muy bien, pero siempre está ese sentimiento de querer volver a casa y estar con los míos”, aclara.

La administradora del hogar, Lucrecia Sandoval, explica que el desafío emocional es una de las prioridades del hogar. “Nos esforzamos mucho porque las residentes se sientan queridas y parte de una comunidad. Más allá de eso, también tenemos que preocuparnos por el aspecto financiero”, aclara.
El Hogar Margarita Cruz Ruiz funciona por medio de los pagos de las familias de las residentes que viven en el hogar; sin embargo, estos pagos no son suficientes para cubrir los sueldos de los 40 empleados que trabajan en el hogar, por lo que se llevan a cabo dos rifas anuales con el fin de cubrir esos gastos.
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Rivera indica que uno de los aspectos más difíciles de estar en el hogar es cuando una de las residentes se enferma y posteriormente fallece. “Las llevan a un cuarto especial donde las ve el doctor y a veces ya no salen. Cuando eso pasa nos llevan al comedor y cierran todo con cortinas y nos distraen jugando lotería mientras llega la funeraria a llevarse a la fallecida. Muchas ya no se dan cuenta, pero para las que aún nos percatamos es un recordatorio de que ya estamos cerca del final”.
Aquellos que tienen los recursos para acceder a un hospital privado llevan las de ganar a la hora de algún padecimiento, pero la salud impacta a todos los adultos mayores sin importar su situación socioeconómica y al momento de un colapso sanitario, siempre resultan ser los más afectados.
El colapso del sistema de salud pública
La atención médica hacia el adulto mayor puede llegar a ser un factor decisivo, y en algunos casos, la diferencia entre la vida y la muerte. La esperanza de vida actual se encuentra alrededor de los 74 años y se estima que pueda llegar a los 75.5 para el 2032-2033 y a los 78.6 para el 2050-2051, de acuerdo a la Política General de Gobierno de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Esto significa que las necesidades de salud continuarán aumentando.
Un suceso que sacó a relucir lo deficiente y colapsado que está el sistema de salud guatemalteco fue la pandemia de COVID-2019. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 20 mil 323 personas han fallecido de esta enfermedad desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo de 2020, de esta cifra, 11 mil 637 corresponden a adultos mayores, es decir, más de la mitad.

Josué Alquijay, quien ha trabajado como enfermero del Hospital San Juan de Dios, enfatiza que la escasez de recursos para los pacientes geriátricos, al igual que la falta de personal capacitado para la atención cuidadosa a pacientes de la tercera edad, representan el reto más grande dentro del sistema de salud público. “Cada paciente, sin importar su edad, raza o etnia, debe recibir un cuidado humanizado y ser tratado como un ser holístico”, añade.
“En muchas especialidades, se pueden programar citas hasta para dentro de dos años, esto aunado a todos los problemas de despilfarros y corrupción, el cual tiene sus orígenes en el Estado”, indica Linares, ya que se ha vuelto habitual que la población deba esperar una cantidad exorbitante de tiempo para obtener una cita médica en el IGSS, incluso cuando se trata de exámenes u operaciones que pueden salvarle la vida a la persona.
A las afueras del Hospital General de Enfermedades del IGSS de zona 9, se pueden observar las largas filas de personas esperando ingresar. Se trató de obtener palabras de adultos mayores que estaban a la espera de ser atendidos, pero era de esperarse que no quisieran brindar declaraciones.

El modelo de financiamiento del IGSS consiste en que 50 % proviene de los aportes de los empleadores, 25 % de los trabajadores y 25 % del Estado. Hasta la fecha, el IGSS se sostiene únicamente con el 50 % de los empleadores y el 25 % de los trabajadores, ya que desde 1956, el Estado ha venido acumulando una deuda insostenible que, de acuerdo al Informe Anual de Labores del 2023 asciende a los Q67 mil millones, cantidad que repercute negativamente en el desempeño de labores del instituto.
A nivel del Congreso, Álvarez ve muy lejano que se puedan proponer iniciativas, ya que los sectores de poder están muy acomodados con la forma en la que está configurado el sistema actualmente. “No se ve nada novedoso, nada nuevo, no ves que se esté capacitando a la gente en procesos o que se esté enviando a médicos a estudiar fuera, ingenieros que puedan mejorar la infraestructura”, añade el diputado, señalando que existe mucho conformismo, ya que en el IGSS hay una cultura de no mover las aguas.
“Aquel que trata de hacer un cambio es reventado por grupitos y proveedores inconformes, por lo que terminan fuera aquellos que quieren lograr un cambio antes que los malos. Esa es la cultura del IGSS, que no cambien las cosas porque el que trate de hacerlo va a perder”, agrega Álvarez.
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Álvarez menciona que también existe un riesgo en la salud pública que mientras más tiempo permanece un adulto mayor hospitalizado, mayor es la probabilidad de que contraiga una bacteria hospitalaria. “Entraste con una rodilla mala y terminas con una neumonía, o entras con un dolor de estómago y salís con la cara torcida”, añade el diputado. Hecho que confirma Alquijay.
“No existe ninguna medida preventiva para evitar que se contraigan estas bacterias. El mismo protocolo se usa para todos los pacientes. En el peor de los casos, si un paciente de la tercera edad tiene un diagnóstico que amerite aislamiento, como una tuberculosis, entra en cuarentena y aislamiento total, pero esto se lleva a cabo para evitar la propagación de dicha patología”, dice Alquijay.
Asimismo, Alquijay indica que no existen alternativas viables para que el adulto mayor reciba atención más pronto cuando se le programan citas muy lejanas o su vida está en riesgo. Sin embargo, por medio de la PDH, se puede intervenir para lograr una cita más pronto.

“En ese sentido, la ley establece que las instituciones públicas, privadas, autónomas o semiautónomas están obligadas a prestar una atención pronta y diferenciada a las personas mayores. Entonces nosotros sí podemos realizar acciones específicas, no necesariamente un expediente de denuncia, sino que se coordina con el establecimiento del IGSS donde esté pasando el hecho y el 99.9 % de las veces sí se logra conseguir una cita más pronta”, explica Maldonado.
Muchos de los estigmas que contribuyen a la falta de atención y cuidado hacia el adulto mayor tienen sus orígenes en el hogar y posteriormente, se propagan a otros ámbitos de la vida diaria, como el trabajo, la salud y la planificación social.
Todo empieza desde la familia y termina con el Estado
Los prejuicios sociales que se tienen en torno al envejecimiento son la raíz del problema, señala Carlos Seijas, psicoanalista y Director del Observatorio de la PDH. “Hace muy poco que logramos ser tan longevos. Hace unas generaciones, la persona que llegaba a 40 años ya era un anciano. Entonces hay mucho prejuicio hacia el envejecimiento en el sentido de la incapacidad”.
Existe una concepción de que el adulto mayor no puede desarrollar las funciones de un joven, pero Seijas considera que la experiencia que conlleva la edad es imposible adquirirla de otra forma que no sea viviendo y que valorar el camino recorrido por el adulto mayor es lo que le falta a la sociedad.
La discriminación que sufren los adultos mayores se debe al edadismo, que es un sentimiento, o forma de pensar, que contribuye a la discriminación hacia las personas de la tercera edad. Este puede manifestarse en discursos políticos, en los medios de comunicación y en otros ámbitos como la atención médica y el mundo laboral.
El Informe Mundial sobre Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que su impacto se puede ver “cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia, y menoscaban la solidaridad intergeneracional”.
Partiendo de este concepto, Seijas agrega que existe una pulsión hacia la juventud y una obsesión con ser eternamente jóvenes, la cual se puede ver reflejada en el mercadeo por medio de campañas publicitarias de productos e incluso, procedimientos quirúrgicos con los que se busca prolongar la juventud.
Otro aspecto relevante es que los jóvenes cada vez son menos proclives a reproducirse, lo cual presenta otro posible reto para futuras generaciones de adultos mayores, ya que no tendrán hijos que vean por ellos. Seijas indica que el observatorio electoral de la PDH hace supervisiones cada cuatro años, y por medio de dichas supervisiones pudieron percatarse que la tasa de natalidad bajó.
“En lugar de tener siete hijos, como era antes, ahora tienen dos, es decir, la tasa de natalidad de la familia guatemalteca bajó de siete a dos, lo cual me sorprendió mucho porque existe este estereotipo de que en el campo las familias son numerosas y que la gente llega a tener hasta 15 hijos, lo cual ya no es cierto”, aclara Seijas.
Según Seijas, cada vez se va perdiendo la costumbre de ir a visitar a los abuelos, ya no se le ve al adulto mayor como parte de la familia, sino como un ente lejano con el cual no nos relacionamos, “Los vemos como algo que nos quita tiempo, que nos da más trabajo y que nos quita dinero”.
“La fantasía de que siempre seremos jóvenes nos impide darnos ese espacio de pensar que un día vamos a envejecer”, menciona Seijas.
“Esa reflexión nos podría ayudar a ser más empáticos con el adulto mayor porque algún día vamos a ser nosotros, y quién nos va a cuidar, quién nos va a entender, es un salto muy grande que nos toca dar como sociedad”.
Maldonado explica que es imperativo para ayudar al adulto mayor que se le visualice como un sujeto de derecho y no como una estadística o alguien que necesita asistencialismo, ya que en la planificación social y gubernamental siempre se le deja de último, por lo que hay que hacer uso de la concientización y visibilizar la problemática de las maneras que sea posible.
Por ello, concluyó diciendo: “Los periodistas pueden ser los agentes de cambio y ser una generación futura de adultos mayores que no pase por la situación que está pasando el adulto mayor actualmente”.

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Dereck Richman
Periodista apasionado por las letras, el cine y el teatro. Escribo sobre temas sociales, principalmente enfocados en la comunidad LGBTIQ+, políticos y culturales. Considero la escritura una herramienta para el cambio y con el poder de influenciar generaciones y es eso lo que busco transmitir a través de lo que escribo.




















