Joshua ArmiraLa famosa máxima liberal francesa —Laissez Faire, Laissez Passer— es una locución latina que se traduce literalmente como “dejar hacer, dejar pasar”. Nació como un canto a la libertad económica, pero en la Guatemala actual, cobra un sentido más sombrío: describe el modo en que redes de poder permiten que la corrupción actúe y escape a toda responsabilidad.
En los últimos años, la captura de las instituciones públicas ha tolerado, e incluso fomentado, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Periodistas, operadores de justicia y defensores de la transparencia pagan el precio de un régimen que “deja hacer” la represión y “deja pasar” los abusos.
La erosión continua del Estado de derecho ha convertido la persecución política en una rutina. Mientras tanto, los actores corruptos tuercen los controles formales y nutren un ecosistema de impunidad que normaliza la censura, el exilio y la criminalización.
Ante este escenario, es urgente volver a nombrar las cosas: la impunidad no es fruto del azar, sino el resultado directo de una política de “laissez” que desmantela los frenos institucionales y mantiene intacto el statu quo.
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Instituciones capturadas
La cooptación comienza con la colonización de los órganos de control. Nombramientos hechos a puerta cerrada, pactos corporativos y repartición de cuotas vacían de contenido la elección de magistrados, fiscales y contralores. El resultado es una burocracia que aparenta legitimidad, pero sirve a intereses privados.
Una vez colocado el personal leal, las reglas dejan de operar con neutralidad. La selección de casos, asignación de presupuestos y ritmo de los procesos se ajustan a designios extralegales. Abogados con conexiones políticas obtienen acceso privilegiado, mientras expedientes incómodos se archivan o se pierden en trámites interminables.
El control vertical sobre las instituciones desplaza los contrapesos horizontales: comisiones de postulación, auditorías internas y órganos disciplinarios quedan sujetos a la misma lógica clientelar. Quien denuncia estas distorsiones se enfrenta a represalias administrativas, desde traslados forzosos hasta la destitución sumaria.
Este “dejar hacer” erosiona la confianza social y normaliza que cada derecho sea moneda de cambio. La ley ya no se percibe como parámetro objetivo, sino como terreno de negociación donde pesa más la cercanía con el poder que la solidez jurídica de un argumento.
Persecución selectiva
La prensa crítica y los opositores a la impunidad se han convertido en objetivos prioritarios. Desde hace años, reporteros han enfrentado órdenes de captura por supuestos delitos de obstrucción a la justicia o lavado de dinero, tipificaciones que permiten mantenerlos detenidos sin sentencia firme durante meses.
El caso del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, es uno de los más emblemáticos: fue detenido en 2022 bajo cargos de lavado de dinero en un proceso plagado de irregularidades. Su medio cerró en 2023, tras constantes presiones políticas y asfixia financiera.
Otro caso significativo es el de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, condenada por supuestos abusos de autoridad al denunciar irregularidades judiciales. Su caso refleja cómo el sistema penal ha sido instrumentalizado para castigar a quienes combatieron estructuras de corrupción.
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A ellos se suman otros operadores de justicia como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien se vio forzado al exilio ante amenazas y persecución. También jueces independientes han sido hostigados o removidos, como Érika Aifán, quien abandonó el país tras recibir represalias por su labor en casos de alto impacto.
Asimismo, en agosto de 2023 se dio la aprehensión de la exmandataria de la CICIG, Claudia González, pues según la Fiscalía de Asuntos Internos, la causa de su captura fue por supuesto abuso de autoridad. La lógica es clara: silenciar o expulsar a quienes exponen las redes ilegales que protegen a políticos y empresarios.
Paralelamente, se despliega una maquinaria de vigilancia digital y campañas de difamación en redes sociales que buscan minar su credibilidad. Bots y cuentas anónimas replican acusaciones infundadas, mientras funcionarios utilizan conferencias de prensa para estigmatizar a quienes investigan corrupción.
Las denuncias por amenazas, allanamientos ilegales o agresiones físicas se archivan con rapidez. De ese modo, los atacantes reciben un mensaje claro: el sistema no solo “deja pasar” la violencia, sino que recompensa el silencio que producen el miedo y el desgaste judicial.
El costo es doble; se pierde información vital para el debate democrático y se instala la autocensura como única estrategia de supervivencia profesional. Cada renuncia, exilio o cambio de línea editorial refuerza la sensación de que narrar la verdad equivale a firmar la propia sentencia.
Horizonte incierto
Cuando un caso de corrupción llega a los tribunales, enfrenta un laberinto procesal diseñado para dilatar la justicia. Recusaciones en cadena, apelaciones fuera de plazo que se aceptan de oficio y audiencias diferidas sin motivo alimentan la idea de que el reloj beneficia siempre al imputado con influencia.
La comunidad internacional emite exhortos y aplica mecanismos de sanción financiera o cancelación de visas, pero las estructuras locales se adaptan. Discursos de soberanía nacional pintan cualquier escrutinio externo como intromisión, reforzando la narrativa de que la impunidad es un asunto “doméstico” que no admite testigos.
Entre tanto, la población percibe que la vía institucional está clausurada. Frente a la impunidad de cuello blanco, muchos optan por migrar o retirarse de la participación cívica. La desconfianza erosiona los acuerdos colectivos y fomenta la informalidad como única respuesta viable ante un Estado que no protege.
Aun así, persisten chispazos de resistencia: comunidades indígenas que exigen consultas legítimas, colectivos de abogados jóvenes que litigan por transparencia y medios digitales que abren espacios de investigación colaborativa. Su empeño demuestra que el destino democrático no está escrito, aunque la ruta parezca cuesta arriba.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
