Todo comenzó el miércoles 15 de julio. Era un día como cualquier otro —soleado, lento y tranquilo—, uno de esos días en los que simplemente disfrutaba de mis vacaciones universitarias. Como a mediodía, la calma se terminó. Mi grupo de amigos de la carrera, empezó a llenar el chat de notificaciones. Leía mensajes confusos que nos instaban a revisar si seguíamos apareciendo en el registro estudiantil.
—Me expulsaron —escribió de repente Joshua en el grupo. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla, procesando esas palabras. «Seguro es solo una falla en el sistema», pensé. No me cabía en la cabeza que, en estos años, pudieran existir medidas represivas de esa gravedad. Le pregunté por el grupo si estaba totalmente seguro de lo que decía. —Estoy seguro —me indicó él—. El sistema de la facultad me dice que no estoy inscrito para asignarme a las clases de este semestre.
Lo peor vino después. Al intentar entrar al portal principal del Departamento Registro y Estadística (RyE), el error era más aterrador. El sistema le devolvía un mensaje seco: no existía ningún expediente estudiantil bajo su nombre. Al poco tiempo, Lucía escribió en el chat entre risas nerviosas, de esas que solo salen cuando intentas no llorar. A ella también la habían borrado.
Joshua pidió permiso en el trabajo para ir a la ventanilla de RyE. Iba acompañado de otros dos estudiantes que enfrentaban el mismo problema. Allí, la respuesta institucional no fue una solución, sino una abrumadora indiferencia. «Ay, mi hijo, usted no es el primero», le soltaron con total desinterés, para luego dar paso al hostigamiento y la vigilancia con drones.
A pocos metros de cruzar los portones del campus, la Policía Nacional Civil (PNC) los interceptó para acorralarlos. «Aparte del nerviosismo porque no sabíamos qué pasaba con nuestros registros, fue el miedo infundado […]. El que hayan accionado como accionaron ese día levantó muchas cosas: miedo, temor y los nervios de punta», recuerda Joshua sobre la sensación de verse perseguido por exigir su derecho a estudiar.
Mientras que Lucía ingresó al portal solo por solidaridad con Joshua, pensando que se trataba de un fallo de saturación. Al ver la misma pantalla vacía, sufrió un ataque de pánico en pleno trabajo. Entre lágrimas y buscando aire, llamó a su madre: «Mamá, me expulsaron».
Para ella, significaba perder dos carreras universitarias al mismo tiempo. Al presentarse al campus con Joshua y otros cuatro compañeros, enfrentó el acoso de la seguridad y una larga espera que terminó, una vez más, con las ventanillas cerradas en su cara. «Si no hubiera sido por mi red de apoyo y por la mano de Joshua diciéndome que todo iba a estar bien, no lo habría soportado», confiesa sobre el momento en que sintió que su futuro se desmoronaba.
Pronto nos dimos cuenta que lo ocurrido a Joshua y Lucía no era un fallo técnico ni un caso aislado, es un claro caso de criminalización. La realidad nos golpeó rápido, cerca de 50 estudiantes de la USAC estaban en la misma incertidumbre. En cuestión de días, matrículas y registros académicos enteros desaparecieron sin dejar rastro.
Lo que más indignación causaba entre nosotros era el patrón que compartían los afectados: en su mayoría, eran compañeros que habían mantenido una postura crítica frente al fraude en la elección de la rectoría de Walter Mazariegos. Sin una notificación previa ni explicaciones claras por parte de las autoridades, simplemente había borrado sus expedientes.
Para estos alumnos, esto no era un error, sino una medida para neutralizar la resistencia estudiantil dentro de la universidad. Lo que empezó como un miércoles cualquiera, de esos que parecen «fotocopias» de otros días, terminó convirtiéndose en el inicio de algo más complejo y oscuro. Sostener la esperanza y la lucha colectiva no es sencillo cuando el país parece fallarte.
Es fácil borrar un expediente en una base de datos con un clic, lo que no pueden borrar en un sistema son las tres horas diarias perdidas en el tráfico para llegar a clase, el dinero ahorrado pasaje a pasaje, las desveladas con café y el cansancio acumulado en el cuerpo. Borraron el registro, pero no su dignidad.
Una pequeña crónica dedicada a mis amigos, compañeros y a los muchos estudiantes que están viviendo esta situación.

Nota de la autora: Se utilizó inteligencia artificial de Google para realizar el esqueleto de este texto y transcripción de audio.
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Cristina Meyer
Estudiante de Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Activista por los derechos de la mujer y la comunidad LGBTQ+. Me gusta desenvolver mis ideas a través de la escritura.










