Joshua ArmiraEn Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez construyó una historia en la que el desenlace no constituye realmente un misterio. Desde el comienzo sabemos que Santiago Nasar va a morir. Lo extraordinario no es descubrir quién lo mató, sino comprender cómo fue posible que todos supieran lo que ocurriría y, aun así, nadie consiguiera impedirlo. Esa misma lógica resulta inquietantemente útil para observar la crisis que hoy atraviesa a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Durante julio de 2026, estudiantes de distintas unidades académicas comenzaron a denunciar que sus registros habían desaparecido del sistema universitario. Las cifras fueron creciendo: inicialmente se habló de más de 25 o 30 afectados y posteriormente las denuncias alcanzaron estimaciones de entre 40 y 50 estudiantes. Entre ellos hay universitarios de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería, Ciencia Política y centros regionales. Algunos estaban próximos a cerrar pensum, graduarse, continuar investigaciones o mantener becas.
La expresión utilizada por algunos afectados resulta brutalmente gráfica: “muerte académica”. Y quizá ahí comienza la verdadera crónica. Porque un expediente universitario no es simplemente un conjunto de hojas, números de carné y cursos aprobados. Allí están los años de una persona. Están las madrugadas o corridas tras un bus para no llegar tarde, los trabajos entregados, los exámenes, las cuotas pagadas, las aulas, las prácticas, las investigaciones y los sacrificios familiares. Cuando un registro desaparece, no desaparece únicamente una línea dentro de una base de datos: desaparece, aunque sea administrativamente, la posibilidad de demostrar una parte de la propia historia.
El expediente que dejó de existir
La primera escena parece sencilla. Un estudiante ingresa al sistema de Registro y Estadística. Introduce sus credenciales. Espera encontrar su historial académico. Pero el sistema responde que algo no coincide. El estudiante insiste. Acude a las oficinas. Lleva su carné, sus constancias, sus certificaciones. Tiene documentos que dicen que existe como estudiante, pero el sistema parece decir lo contrario.
Prensa Libre documentó casos en los que estudiantes conservaban certificaciones emitidas por la propia USAC durante 2025 y 2026, incluso documentos que acreditaban cursos aprobados e inscripción vigente, pese a que posteriormente sus registros dejaron de aparecer en el sistema. Es una contradicción fundamental: ¿cómo puede desaparecer hoy un expediente cuya existencia fue certificada oficialmente ayer?
La USAC sostuvo inicialmente que durante la toma del Campus Central de 2022 y 2023 fueron sustraídos expedientes físicos que estaban bajo resguardo del Departamento de Registro y Estadística, y que esto habría provocado la congelación de registros digitales. Sin embargo, estudiantes han cuestionado esa explicación porque algunos afectados ingresaron después de aquella toma y poseen documentos universitarios recientes que demostraban que sus expedientes continuaban activos.
La propia documentación del Consejo Superior Universitario muestra que el problema de la información no apareció únicamente en julio de 2026. En un acta de enero de este año (ACTA No. 01-2026) se reconoció la existencia de pérdida de información, registros digitales desactualizados, desconocimiento sobre la cantidad de documentación física extraída y hasta la posibilidad de duplicidad de registros derivada de pérdida de datos asociada al hurto de discos duros. El problema, entonces, parece ser mucho más profundo que una pantalla que dejó de mostrar nombres.
Una universidad entre dos versiones
Hay una frase de Crónica de una muerte anunciada que sirve como punto de partida para comprender esta historia: “El día en que lo iban a matar”. García Márquez comienza por el final y luego reconstruye las señales. Aquí ocurre algo parecido: conocemos el resultado —estudiantes que aparecen sin historial— y debemos regresar sobre los acontecimientos para descubrir qué advertencias fueron ignoradas.
Una de esas advertencias aparece en la propia explicación institucional. Si la desaparición de expedientes se originó en 2022 y 2023, ¿cómo explicar los casos de estudiantes cuyo vínculo académico comenzó posteriormente? Esa pregunta no demuestra por sí misma una acción deliberada, pero sí obliga a investigar. De hecho, estudiantes han presentado documentos de 2025 y 2026 que, según ellos, evidencian que sus registros estaban vigentes mucho después de la toma.
Después apareció otra versión institucional. El 27 de julio, la USAC afirmó que desde 2023 se desarrolla un proceso de revisión de expedientes y aseguró que este no implica eliminación, modificación, cancelación o pérdida de registros, historiales, cursos, calificaciones o inscripciones. Mientras tanto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos tenía tres expedientes abiertos por denuncias relacionadas con la eliminación de registros, y la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió expedientes y comenzó a recabar información.
Y aquí la historia adquiere su dimensión más grave: no corresponde a una columna de opinión determinar quién borró los expedientes. Corresponde investigarlo. Pero sí corresponde al periodismo preguntar por qué existen versiones contradictorias, por qué hay documentos recientes que no coinciden con la explicación oficial y por qué estudiantes que acreditan haber sido reconocidos por la institución dejaron de aparecer en sus registros.
Cuando desaparecer un registro también puede desaparecer un derecho
La Constitución Política de la República de Guatemala no contempla la educación como un simple favor administrativo. El artículo 71 establece que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna; el artículo 72 vincula la educación con el desarrollo integral de la persona.
Por eso, cuando la desaparición de un registro impide inscribirse, cerrar pensum, graduarse, acceder a una beca o continuar una investigación, la discusión deja de ser exclusivamente administrativa. También puede involucrar derechos constitucionales. El artículo 4 garantiza la igualdad en dignidad y derechos; el artículo 5 protege la libertad de acción y establece que nadie puede ser perseguido o molestado por sus opiniones cuando estas no constituyen una infracción; y el artículo 28 reconoce el derecho de petición frente a las autoridades.
También resulta relevante el artículo 30, que reconoce la publicidad de los actos administrativos y el derecho de los interesados a obtener información, copias, certificaciones y consultar expedientes, con las excepciones constitucionales correspondientes. Y el artículo 12 protege el derecho de defensa y el debido proceso. Si una persona es privada de un derecho sin haber sido previamente citada, escuchada y vencida mediante un procedimiento legal, el problema podría trascender la esfera académica.
En este punto debe hacerse una precisión jurídica importante: no significa que toda desaparición de un expediente constituya automáticamente una violación constitucional. Para afirmarlo jurídicamente habría que establecer hechos, responsabilidades, intencionalidad, procedimientos aplicables y relación causal. Pero sí existen suficientes elementos para sostener que la situación puede comprometer derechos constitucionales y merece una investigación seria, especialmente cuando los afectados denuncian que la pérdida de sus registros coincide con su participación en procesos de oposición universitaria. El MP ya investiga y la PDH recaba información.
Mazariegos no comenzó en 2022
Quizá el error más cómodo sea pensar que la historia de Walter Mazariegos comenzó en mayo de 2022, cuando estalló la crisis por la elección de rector. No comenzó allí.
Los registros periodísticos muestran una trayectoria universitaria anterior. Mazariegos fue representante estudiantil, representante del Colegio Profesional de Humanidades, secretario adjunto y decano de esa Facultad, antes de llegar a la rectoría. Una investigación de Prensa Comunitaria sitúa su llegada a la decanatura de Humanidades en 2008, después del asesinato del entonces decano Mario Alfredo Calderón Herrera. Según el acta 30-2008 citada por ese medio, en el proceso electoral de aquel año se propuso un solo candidato: Walter Mazariegos Biolis.
Y aquí aparece una de las fechas que la memoria universitaria no debería permitir que se pierda: 15 de julio de 2008. Esa noche, Mario Alfredo Calderón Herrera, de 50 años, decano de la Facultad de Humanidades y recién reelecto para un tercer período, fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su vivienda en Villa Nueva, después de salir de sus labores en la USAC. El crimen fue reportado por medios nacionales e internacionales de la época y permanece como un episodio oscuro de la historia universitaria.
No corresponde afirmar que Mazariegos tuvo responsabilidad en ese asesinato: las fuentes revisadas no proporcionan una sentencia o investigación judicial que permita sostener esa acusación. Lo que sí puede afirmarse documentalmente es que su ascenso a la decanatura ocurrió ese mismo año y en el contexto posterior al asesinato de Calderón. Prensa Comunitaria señala que el CSU declaró vacante la decanatura y que posteriormente Mazariegos fue el único candidato propuesto; otras investigaciones periodísticas también han descrito cómo consolidó su poder desde entonces.
La estructura no la construyó una sola persona
El problema de la USAC tampoco puede reducirse a la figura de Walter Mazariegos. Sería demasiado sencillo. Las estructuras de poder no sobreviven durante años únicamente porque una persona quiera conservarlas. Necesitan votos, alianzas, operadores, silencios, beneficios, indiferencia y, en determinados momentos, participación activa.
Una investigación académica alojada en la Biblioteca de la USAC estudió precisamente estructuras electorales desarrolladas alrededor de Humanidades y señala que mecanismos de movilización de estudiantes desde extensiones hacia elecciones del Campus Central fueron perfeccionados y continuaron después del cambio de decano ocurrido tras el asesinato de Calderón. Otro reportaje sobre la trayectoria de Mazariegos describe su consolidación durante años y su capacidad para mantener el control de Humanidades prácticamente sin oposición.
Por eso resulta insuficiente decir que “Mazariegos creó todo”. No. Una estructura de esta naturaleza requiere de estudiantes que votan, docentes que participan, profesionales que eligen, autoridades que administran y comunidades que, por acción u omisión, permiten que determinadas prácticas se normalicen. El poder universitario no existe en el vacío: se alimenta de quienes lo sostienen.
Lo que no quisimos mirar
Tal vez la tragedia de la USAC no sea solamente que algunos expedientes hayan desaparecido. Tal vez sea que durante demasiado tiempo aprendimos a mirar cada episodio como si fuera un hecho aislado.
Un asesinato. Una elección cuestionada. Una denuncia. Una amenaza. Una expulsión. Una sanción. Una elección sin oposición. Una resolución que no se cumple. Un estudiante criminalizado. Un expediente que desaparece. Una explicación que cambia. Una investigación que comienza. Y después otra noticia que desplaza a la anterior.
Así se construye la normalidad de una crisis: no porque nadie vea nada, sino porque cada señal parece soportable cuando se observa por separado.
Y quizá por eso resulta necesario volver a 2008. No para afirmar que aquel asesinato fue el origen de todo, ni para atribuir responsabilidades que la justicia nunca estableció, sino para preguntarnos qué ocurrió después. Calderón fue asesinado. Mazariegos llegó a la decanatura. Permaneció. Construyó alianzas. Fue reelegido. Luego apareció en la disputa por la rectoría. En 2022 se produjo una de las mayores crisis de la historia reciente de la USAC. Y cuatro años después, estudiantes denuncian que sus nombres y sus historias académicas han desaparecido de los sistemas universitarios.
Todos sabíamos que algo estaba pasando
García Márquez no escribió únicamente sobre un asesinato. Escribió sobre una comunidad que sabía demasiado y actuó demasiado poco. Ese es quizá el espejo más incómodo para la Universidad de San Carlos.
Si hoy preguntamos quién permitió que determinadas estructuras llegaran hasta aquí, la respuesta no puede limitarse a un apellido. También debemos preguntarnos dónde estaban los estudiantes, los docentes y los profesionales cuando comenzaron a consolidarse. ¿Dónde estaba la indignación cuando la violencia comenzó a convertirse en parte del paisaje? ¿Dónde estaba la defensa de la autonomía cuando la autonomía comenzó a confundirse con impunidad? ¿Dónde estaba la comunidad universitaria cuando las señales todavía parecían pequeñas?
La historia de los expedientes desaparecidos todavía no tiene un desenlace judicial. El Ministerio Público debe establecer qué ocurrió; la PDH debe determinar qué derechos pudieron resultar afectados; y la USAC tiene la obligación institucional de explicar, documentar y reparar aquello que corresponda.
Pero hay algo que sí puede decirse desde ahora: la muerte académica no comenzó cuando desapareció un registro de la pantalla. Comenzó mucho antes, cada vez que una institución permitió que la arbitrariedad pareciera normal, que el silencio pareciera prudencia y que la memoria universitaria se volviera demasiado corta. Y quizá, como en la novela de García Márquez, el verdadero misterio no sea quién sabía que podía ocurrir.
El verdadero misterio es por qué, sabiendo tanto, esperamos hasta que la muerte académica tocó la puerta para comenzar a preguntar quién había dejado las señales en el camino.
Gretel Bernhard
María Reneé San José
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
2 comentarios
Chairos, después de que destruyeron la USAC, ya se hacen los santos
A la universidad se va a estudiar, no hacer bochinches ni estar haciendo relajos, vagos