La situación actual del trabajo sexual en Guatemala

En Guatemala el trabajo sexual es una actividad lícita, y la falta de una ley que regule particularmente dicha actividad impide su libre ejercicio dentro de un ambiente seguro. También se indica que la mayoría de las trabajadoras sexuales son mujeres, migrantes y de bajos ingresos económicos, por lo que la se les expone a mayor discriminación y situaciones de violencia que pueden conllevar incluso a la muerte.

Es conocido por todos que en nuestro país no estamos exentos del negocio del trabajo sexual, tanto por hombres como mujeres y gran parte de este, es llevado a cabo por explotación o trata de personas para desarrollar el mismo.

En Guatemala el trabajo sexual es una actividad lícita, pero la falta de una ley que regule particularmente dicha actividad impide su libre ejercicio dentro de un ambiente seguro. También se indica que la mayoría de las trabajadoras sexuales son mujeres, migrantes y de bajos ingresos económicos, por lo que la se les expone a mayor discriminación y situaciones de violencia que pueden conllevar incluso a la muerte.

La realidad cotidiana de las mujeres trabajadoras sexuales es una mezcla de exclusión social, violencia comunitaria e institucional y falta de acceso a derechos básicos como salud, vivienda, educación, protección jurídica, empleo en condiciones dignas y seguridad social.

Según informe de Red Legal y su observatorio de Derechos Humanos el contexto de las mujeres trabajadoras sexuales pasa por:

  • Una ausencia de registro del número de personas que se dedican al trabajo sexual en el país, ello como resultado de la inexistencia de regulación, prejuicios sociales, discriminación, violencia institucional
  • Los mecanismos de contratación en lugares donde se ejerce el trabajo sexual y la movilidad de las personas que lo ejercen, influye de manera desfavorable en lograr establecer cuantas personas están en este sector productivo
  • El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debido a los registros de los centros de salud donde se ofrece la profilaxis post exposición sexual al VIH a nivel nacional, en el 2015 estimó que había cerca de 28,000 mujeres trabajadoras sexuales en el país, lo que no es mayormente representativo debido a los sesgos en la recaudación de datos
  • Según ONUSIDA, en 2019 se estimó que existían entre 14,164 y 21,280 mujeres trabajadoras sexuales en los departamentos de Quetzaltenango, Mazatenango, Escuintla, Guatemala, Cobán y Puerto Barrios
Fotografía: Diario de Centro América (2017)

Las características sociodemográficas de las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) se han obtenido de diferentes estudios. En el año 2014, la Organización de Mujeres en Superación (OMES) realizó un estudio sobre el perfil de las MTS, para lo cual entrevistó a 80 MTS de 25 bares de las zonas, 1, 2, 4, 7, y 12 de la ciudad capital, Villa Nueva, Chimaltenango y Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla. Algunos de sus resultados son los siguientes:

  • El 80% de MTS eran guatemaltecas, 10% salvadoreñas, mientras que el otro 10% mujeres provenientes de países centroamericanos y de México
  • Asimismo, en cuanto a la edad de las entrevistadas, la mayoría era menor de 30 años (52%) y solo 5% tenía más de 50 años
  • En escolaridad, 9% no tenía estudios cursados, 37% tenía estudios de primaria, 37% estudios de secundaria, 12% estudios de diversificado y únicamente 2% cursó algún estudio universitario

En el 2017, OMES realizó un estudio con 403 MTS en 4 departamentos del país, identificando en segmentos de edad, 64% de las MTS comprendidas entre 18 y 30 años (2 de cada 3 mujeres), siguiéndole las que están en el rango de 31 y 40 años con 30%. Solamente 6% de las mujeres son mayores de 40 años.

Respecto a la nacionalidad de las MTS encuestadas, 90% se reportaron guatemaltecas, mientras que 10% salvadoreñas, 6% hondureñas, 4% nicaragüenses y 1% colombianas o mexicanas. En cuanto al nivel de escolaridad de las MTS encuestadas, un poco más de la mitad tenía primaria completa o menos (4.2% sin estudios, 24% nivel de primaria incompleta y 24% primaria completa). El 21% y 22% con secundaria incompleta y completa respectivamente; solamente 3.5% de las mujeres reportó estudios superiores universitarios. 

Red Legal y su observatorio de Derechos Humanos informan que la violencia institucional y la clandestinidad del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales de diversas maneras, tales como:

  • Recibir violencia física y verbal por parte de clientes
  • Ser víctimas de detenciones arbitrarias y abuso policial (inclusive abuso de índole sexual para dejarlas en libertad)
  • Impunidad hacia los casos de maltrato y abuso hacia las MTS
  • Atentados contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las MTS
  • Ausencia de reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo dentro de la economía formal
  • Carencia de acceso a seguridad social
  • La falta de confianza por parte de las MTS en el sistema de justicia penal
  • Ausencia de mecanismos fiables y eficientes para denunciar violencia o abusos hacia las MTS
  • Los sistemas de registro de denuncias del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil no incluyen la variable de trabajadora sexual dentro de la población denunciante
Fotografía: Periódico La Hora (2015)

Dicho contexto se reafirma con la información proporcionada por las MTS, quienes expresaron que las situaciones cotidianas de discriminación y exclusión que viven las mujeres trabajadoras sexuales se acentúan por:

  • La inexistencia de protocolos de salud especializados y diferenciados para trabajadoras sexuales en el sector salud
  • La marginación y criminalización a las mujeres trabajadoras sexuales, debido al desconocimiento y a la confusión del trabajo sexual con la trata de personas por parte de funcionarios y el Estado
  • La exclusión de acceso a apoyo económico por parte del Estado para una buena calidad de vida
  • Falta de espacios seguros para ejercer la profesión, que aumenta el riesgo a violencia de cualquier tipo, lo cual se intensificó con el COVID 19
  • El ser víctimas constantes de situaciones de discriminación, abuso de autoridad y violencia por parte de la policia. Lo que respondía a una mezcla de violencias desde donde existe una intersección de la violencia verbal, física y sexual
  • La invisibilización en el ámbito social, lo cual repercute que al querer acceder al sistema de justicia
  • Carencia de datos oficiales, lo que les invisibiliza en los informes con relación a derechos humanos del país
  • Las instituciones que deben defender a las MTS y propender por sus derechos humanos como la PDH y agentes oficiales, no se pronuncian ante el alza de casos de violencia y asesinato de las mismas
  • El estigma, los prejuicios y la violencia excluyente hace que muchos sectores y movimientos sociales sean opositores a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales

El anterior contexto coloca en situaciones de máxima vulnerabilidad a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, aún más cuando son víctimas de violencia institucional por parte de diversos agentes del Estado, pasando por la Policía Nacional Civil (PNC), distintas instituciones públicas, en el ámbito administrativo, el Poder Judicial hasta en el mismo sistema de salud pública.

Se les niega el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos, lo que reproduce exclusión y marginación, debiendo enfrentarse todos los días a diversos tipos de discriminación interseccional como se evidencia en los resultados de los estudios mencionados.

Fotografía: Periódico La Hora (2015)

Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala, en el país actualmente existen 29 mil 993 mujeres que se dedican a la prostitución. Esta organización, reconocida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), es la tercera en su tipo en América Latina, después de Argentina y Colombia y fue fundada en junio de 2015.

Según datos de Nómada durante una investigación propia en el 2020, la emergencia sanitaria por la Pandemia del Sars-Cov2 (Covid-19) afectó seriamente al desempeño de las MTS debido a la implementación del toque de queda por parte del gobierno de Alejandro Giammattei para la reducción de contagios, ya que, para las MTS, quedarse en casa no era una opción y significaba no llevar el dinero suficiente a casa para sustentarse a ellas y a su propia familia.

Normalmente, en una buena noche de trabajo, una MTS atiende hasta cinco o seis clientes, según datos de Nómada. El costo de sus servicios varía de entre Q50 y Q60 (USD$6 y USD$8), de los cuales tienen que fragmentarse en Q10 (US$1.20) para la habitación de hotel por cada cliente. Un gasto que puede sumar hasta Q1,000 (US$130) mensuales.

Los pocos clientes que buscaron un servicio sexual en esos días intentaron aprovecharse de la situación y solicitaron una reducción a Q25 (US$3) por servicio, según declaraciones de Valeska García, mujer trans y trabajadora sexual.

Fotografía: Prensa Comunitaria (2019)

Durante el 2012 se emitió por el presidente de la República el Acuerdo Gubernativo número cincuenta y siete guión dos mil doce (57-2012) que desarrolla el REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).

 

Teniendo como objetivo “establecer medidas que conduzcan a mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el ámbito nacional, en el marco de la “promoción y protección de los derechos humanos” y afirma en su artículo dos que “Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria en todas las instituciones y organizaciones que conforman el Sector Salud, para el efecto; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social velará a través de sus dependencias la aplicación del presente Reglamento”. 

El mismo reglamento en su artículo 3 inciso M, establece como “Población en más alto riesgo y vulnerabilidad a las poblaciones” en las cuales se concentran las infecciones de ITS y VIH, dadas las condiciones de exclusión y discriminación que sobre ellas existen.

Están conformadas por “personas que ejercen el trabajo sexual, transgéneros, transexuales, intersexuales, bisexuales, homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres”. El artículo 22 de este instrumento establece “El establecimiento de salud entregará a las PEMAR que se atienden, regularmente, en el sector salud, un carnet que acredite su número de expediente clínico y asistencia a sus controles. Este carnet sirve para hacer más expedita su atención periódica, en ningún caso indicará o servirá para ejercer medidas coercitivas de parte de las autoridades, ni será considerado como certificado del estado de salud de su poseedor.”

Establece disposiciones que tenían que acatar las mujeres trabajadoras sexuales, dentro de las que se pueden establecer:

  • Registrarse en centros de salud, obtener un carné, someterse a exámenes ginecológicos y exhibir o mostrar a las autoridades del servicio de salud, a los inspectores sanitarios y a los agentes de la PNC el carné y su libreta de control para constatar la última fecha del examen de control

Contrario a lo expuesto, las MTS pueden afirmar que las autoridades de la PNC exigen a la fecha, que las MTS les muestren su carné o mal llamado “libreto” e incluso es sellado en las Comisarías. Situación que vulnera los derechos humanos de las MTS, provocando acciones que aumentan el estigma y discriminación hacía ellas y, por ende, la violación a derechos humanos, al obligárseles a cumplir con una disposición que no se encuentra vigente por lo que se convierte en ilegal.

En diferentes Municipalidades de los departamentos del país se han girado órdenes ilegales, que mandan a expulsar a las MTS de los de distintas ubicaciones. No se ha obtenido avances en estos casos, ya que a pesar de haber presentado denuncias ante la Institución del Procurador de Derechos Humanos (PDH), como de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, no se ha emitido pronunciamiento al respecto.

¿Trata, prostitución y trabajo sexual?

La violencia institucional hacia las personas trabajadores sexuales pasa en muchos casos por confundir el trabajo sexual con actividades ilícitas como el proxenetismo o la trata de personas, generando que se persiga de manera ilegítima a este sector de la población trabajadora. Dicha confusión genera una restricción a derechos básicos, debido a que el trabajo sexual es un acto voluntario y lícito, su objetivo es obtener recursos económicos y no viola los derechos de las personas que lo ejercen. Mientras que la trata de personas es un acto ilícito y tipificado en la ley penal como delito contra la libertad sexual de las personas, tiene como objeto la explotación y esclavitud de las personas y viola derechos fundamentales.

A pesar de existir diferencias puntuales entre la prostitución y la trata de personas, se continúan relacionando una como consecuencia de la otra. Lo anterior sucede, entre otras causas, porque el Estado de Guatemala y su gobierno muestran un alto nivel de desconocimiento, estigma, prejuicio y discriminación con relación al trabajo sexual, lo que culmina en una exclusión de las mujeres trabajadoras sexuales de las políticas públicas y espacios de toma de decisión.

Fotografía: Voz de América (2021)

¿Qué ha hecho la política pública o gobierno?

De acuerdo con informe de La Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos en el cual refleja el monitoreo el sector público con relación al abordaje que realizan del trabajo sexual se observó:

  • La extinta Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) reportó que no existían recomendaciones con relación al trabajo sexual para Guatemala. Por lo cual el trabajo estaba en lo relacionado a explotación de niñas, niños y adolescentes, trata de personas con fines de explotación sexual y sobre las sanciones paras las personas que facilitan la prostitución
  • La PDH dijo que hace seguimiento a todas las denuncias de violación de los derechos humanos, incluyendo las víctimas de violaciones a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales
  • La Secretaria Presidencia de la Mujer (SEPREM) a partir de agosto 2016 empezó un proceso de reestructuración, orientado a retomar el mando institucional y fortalecer la respuesta de la secretaría a las necesidades de las mujeres en su diversidad, especialmente para dar cumplimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Orientando un enfoque de interseccionalidad de derechos, inició con el fortalecimiento de estrategias y acciones que permitan visibilizar las necesidades de las mujeres trabajadoras sexuales e identifique propuestas para promover la respuesta estatal hacia dicho grupo social. De tal cuenta, la SEPREM refuerza su compromiso con las mujeres trabajadoras sexuales, reconociéndolas como mujeres con necesidades específicas y reconociendo que existen retos y desafíos que enfrentar a partir de la situación laboral
  • Durante 2016 y 2017 se iniciaron procesos de acercamiento, socialización y articulación de acciones con organizaciones de sociedad civil entre las que se ha incluido a organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales. Además, participó en mesas interinstitucionales promovidas por el Congreso de la República de Guatemala y organizaciones de sociedad civil, en seguimiento a los avances de la temática en el país y en todo el territorio nacional

El resto de las instituciones colocan sus acciones desde un ámbito de protección o cumplimiento de deberes a población en general. La mayor parte de los actores estatales con relación al trabajo sexual implementan estrategias de invisibilización, la cual pasa por omisión de los deberes de protección de los derechos laborales para ejercer el trabajo sexual como un trabajo digno. 

Ello repercute en el desarrollo de mecanismos de exclusión y vulneración a derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, máxime cuando el análisis de las realidades sociales se genera a partir de bases religiosas y moralistas, las cuales no deben tener eco en un Estado laico. El Estado carece de mecanismos efectivos que salvaguarden el derecho a la igualdad en su órbita formal y material. La reivindicación de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres trabajadoras sexuales en Guatemala, pasa por lograr una aplicación real del principio de no discriminación a través del ejercicio del derecho constitucional a la igualdad.

El desamparo propiciado por la omisión de los deberes del Estado se refleja en el nivel de violencia institucional hacia las MTS, lo cual amplía la brecha de desigualdad y desprotección de las trabajadoras sexuales en relación con sus clientes y los intermediarios de su actividad laboral, generando transgresión a sus derechos en comparación con otros miembros productivos de la sociedad a quienes los derechos a la vida digna, el trabajo y la seguridad social les son amparados.

A fin de comprender cómo la omisión de deberes del Estado genera prejuicios contra las mujeres trabajadoras sexuales.

Referencias:

  1. Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. (2017). INFORME ADICIONAL AL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL Guatemala. https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2017-10/redtrasex_upr28_gtm_s_main.pdf
  2. Revista Digital Nómada, Pía Flores. (2020). El desafío de las mujeres trans y trabajadoras sexuales en la crisis del coronavirus. https://nomada.gt/pais/actualidad/el-desafio-de-las-mujeres-trans-y-trabajadoras-sexuales-a-la-crisis-del-coronavirus/
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