Meybel AmayaUn Estado sin legitimidad
La teoría de la democracia deliberativa, impulsada por Jürgen Habermas y John Rawls, indica que la legitimidad es el fundamento de los poderes del Estado. Cuando estos la pierden, su capacidad para gobernar en beneficio del pueblo se debilita. En Guatemala, la corrupción y el tráfico de influencias han socavado la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia.
A menudo se piensa que el presidente es el principal responsable de limpiar el sistema. Sin duda, tiene un rol clave en guiar al país, en particular en la mejora del entorno político y social. Sin embargo, es crucial contar con un órgano judicial, fuerte e independiente y sobre todo eficiente, donde el poder no se concentre en una sola figura.
La falta de un sistema justo ha llevado a la criminalización de periodistas y otros actores que enfrentan al poder, evidenciando la urgencia de una reforma profunda. Sin un sistema que garantice la independencia judicial, continuarán la persecución y el exilio de quienes luchan por los derechos humanos y en contra de la corrupción. La reforma judicial es vista como el núcleo de cualquier cambio que conduzca a un uso legítimo del poder y a un sistema equitativo.
El poder judicial administra justicia con base en principios éticos y legales, gozando de la confianza y respeto de la ciudadanía. No obstante, en Guatemala, esta institución atraviesa por una profunda crisis de legitimidad, que merma su reputación y capacidad para cumplir con su rol.
El descontento ciudadano hacia el sistema judicial es real. Los tribunales y jueces deben actuar de manera imparcial, transparente y equitativa, ofreciendo un servicio universal accesible a todos.
La percepción del sistema de justicia incluye constante lentitud en los procesos y opacidad en las decisiones judiciales. La población observa cómo los tribunales parecen estar más orientados a servir intereses políticos y económicos.
Esta percepción negativa refleja una realidad de mal funcionamiento, corrupción e impunidad. La crisis de legitimidad no solo afecta a quienes han tenido contacto con el sistema judicial, sino también a aquellos que reciben información negativa a través de los medios de comunicación o relatos anecdóticos.
Ciudadanía más allá de ser espectador
El descrédito del sistema judicial es resultado tanto de acciones objetivas, como la corrupción y las injerencias políticas, como de factores subjetivos, que corresponden a la experiencia de cada ciudadano al interactuar con el sistema.
Cuando las personas pierden fe en la justicia formal recurren a la autocomposición, es decir, resuelven los conflictos por sus propios medios. Esta situación favorece a los más poderosos y deja en una posición aún más precaria a los sectores más débiles, profundizando las desigualdades sociales.
Las comisiones de postulación, encargadas de seleccionar a los magistrados de las altas cortes, han sido manipuladas por intereses ajenos a la justicia, permitiendo que personas sin la preparación adecuada accedan a posiciones de poder judicial. Así, los jueces responden a quienes promovieron su designación en lugar de a los principios de imparcialidad e independencia.
Independencia judicial: pilar debilitado
Sin justicia no puede existir un Estado de derecho.
En Guatemala, el actual proceso de designación de magistrados no garantiza esta independencia, priorizando lealtades políticas y empresariales, lo que compromete gravemente la justicia.
El proceso de selección de magistrados en Guatemala es singular, ya que cambia todas sus altas cortes en un solo proceso cada cinco años, lo que se convierte en una fuente de inestabilidad e incertidumbre, en vez de una renovación democrática.
Reformas urgentes y necesarias
La reforma constitucional es importante en Guatemala para detener el ciclo de cooptación que ha dañado profundamente la independencia del poder judicial.
Es fundamental eliminar las comisiones de postulación que han sido manipuladas por intereses ajenos a la justicia, y reemplazarlas por un sistema más riguroso, transparente y basado en el mérito.
Un ejemplo destacado en Latinoamérica que podría servir de referencia para Guatemala es el Consejo de la Magistratura de Argentina.
Este órgano es responsable de la selección de jueces y magistrados, la administración del poder judicial y la supervisión disciplinaria. Se compone de representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso, de los jueces y de abogados, garantizando así una representación equilibrada de distintos sectores.
No está exento de críticas. El Consejo de la Magistratura busca asegurar mayor transparencia y meritocracia en la selección de jueces, alejando el proceso de intereses partidistas directos. Para Guatemala, se podría proponer un sistema similar al Consejo de la Magistratura, pero con ajustes que garanticen:
- Evaluaciones técnicas objetivas sobre las capacidades y antecedentes de los aspirantes
- Participación ciudadana y de organismos internacionales, como veedores externos, para asegurar la transparencia
- Sistema de puntuación basado en mérito profesional, académico y ético, evitando decisiones basadas en favores políticos
- Controles estrictos y procesos de auditoría para minimizar la influencia de intereses particulares
Organismos internacionales como Transparencia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) han sugerido soluciones prácticas como la efectuar audiencias públicas y el análisis exhaustivo de la trayectoria profesional de los aspirantes. Estas instituciones destacan que la transparencia y el rigor en los procesos de selección son claves para garantizar la independencia judicial.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el constitucionalista, Roberto Gargarella, han propuesto la implementación de medidas que exijan evidencia concreta de la calidad del trabajo jurídico de los aspirantes, argumentando que esto ayudaría a elegir a los mejores candidatos, fortaleciendo la credibilidad y legitimidad del sistema judicial.
La ciudadanía tiene el derecho a un poder judicial que proteja sus libertades fundamentales. El Congreso debe asumir su responsabilidad, como garante de la voluntad popular, reformar este sistema. Es la una manera de restaurar la legitimidad perdida.
La crisis que enfrenta Guatemala es política y estructural. No podemos seguir permitiendo que el sistema judicial sea utilizado como una herramienta de poder por unos pocos.
Una reforma profunda podrá devolver a Guatemala la esperanza de un Estado democrático, donde la justicia esté al servicio del pueblo y no de los intereses privados.
La reforma constitucional ya no es una opción, es una necesidad urgente.
Gretel Bernhard
María Reneé San José
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
