Alejandro SolórzanoPara nadie es un secreto los escándalos en los cuales se ha visto involucrado el Congreso de la República de Guatemala en temas de cooptación, corrupción, impunidad y la nula búsqueda de pesos y contra pesos que debería existir en una República; compra de votos, alianzas bajo la mesa, desvío de fondos, plazas fantasmas, favorecimiento de ciertas licitaciones ligadas a diputados o exdiputados son casos que lamentablemente encontramos en el organismo encargado de crear, reformar y derogar nuestro marco jurídico.
Si ellos hacen las leyes, es muy probable que las leyes que realicen tiendan a normalizar hechos y actos que puedan ser legales, pero no justos y mucho menos a favor de los derechos de toda la población.
Para contrarrestar esto, urge que el Congreso esté integrado por diputados con capacidad de construir propuestas, actuar con transparencia, que manifiesten un compromiso social, consistencia en cuanto a sus promesas de campaña y sus actos, contar con una admirable preparación académica, dotes de liderazgo y reconocimiento por parte de sus votantes, capacidad de autocrítica en cuanto a sus proyectos fallidos, entre otras muchas características que hacen que un político destaque por su buen actuar frente al erario público.
Guatemala cuenta con una población mayor a diecisiete millones de personas, es imposible pensar que no se encuentra a 160 ciudadanos y ciudadanas que cumplan con las características mencionadas en el párrafo anterior. El problema es la devaluación de la carrera política en el país social, cultural y económicamente. Tener personal profesional en el Congreso de Guatemala es imprescindible, sin embargo, las personas que cuentan con esa capacidad para realizar una buena labor no se sienten interesadas, pues encuentran en el ámbito privado mejores ofertas laborales, que dan mejor estatus de vida y que son mejor vista por la sociedad, a diferencia de ejercer un puesto público.
Una opinión que puede ser considerada imprudente, impopular e impensable en la idiosincrasia guatemalteca es el aumento en el salario para los diputados del Congreso de la República, la razón de la propuesta es volver más atractivo para personas que cuenten con la capacidad de efectuar una labor que permita alcanzar el desarrollo del país, la protección de los derechos humanos y creación de un Estado que sea más funcional.
A nivel latinoamericano, los diputados y senadores mejor pagados se encuentran en países como:
- Uruguay con $7,681.00 mensuales
- Colombia ($7,647.00)
- México ($ 7,569.00)
- Chile ($6,247.00)
No se puede establecer una correlación directa de la calidad de vida de ciudadanos con el salario de los diputados de los respectivos organismos legislativos, sin embargo, los datos de los países mencionados con anterioridad contrastan mucho con los salarios de Guatemala ($3278.00) y Bolivia ($3,069.00) que son los últimos del ranking y que claramente la vida de las personas en un país como Uruguay y Guatemala muestran una notoria diferencia.
Necesitamos profesionales capacitados, ciudadanos consientes, dignatarios responsables, con vocación de servicio y preparados para llevar las riendas de una nación, pero deben de ser bien correspondidos.
No puede esperarse un cambio de la noche a la mañana, ni que todas las personas únicamente por el ámbito salarial decidan ser parte de una institución tan señalada y manchada por corrupción, ni que al momento de cambiar los salarios automáticamente las decisiones de los legisladores sean diferentes; existen múltiples factores que deben tomarse en cuenta por parte de cada individuo para iniciar una carrera política, socia, personal, seguridad, económico entre otros.
Lo que sí puede asegurarse es que cada vez que una persona con una idea clara, un proyecto a seguir, una agenda por cumplir y unas acciones que respaldan sus palabras para hacer las cosas bien en el Congreso se sienta en una curul, le está quitando un espacio a una persona con altas probabilidades de delinquir, defraudar las arcas públicas y en lugar de representarnos, ser una vergüenza para la ciudadanía frente a la sociedad y de cara a las relaciones internacionales del Estado.
Andy Facundo
María Reneé San José
