Ministerio Público actúa después de la segunda vuelta

Dos días después del balotaje de la segunda vuelta presidencial, el MP actúa en contra del Registrador de Ciudadanos y solicita información de actores claves del proceso electoral.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Fiscalía de Delitos Electorales actúan en contra de actores del proceso electoral tal como se había anunciado días antes de la segunda vuelta. Entre ellas se encuentra información solicitada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos. Se espera que en los próximos días se den más acciones.

En un plazo que no supere los cinco días hábiles, la FECI dirigida por José Rafael Curruchiche Cucul solicita:

  • Información por municipio y departamento de los lugares donde fueron ubicados los centros de votación en la primera vuelta (25 de junio) y el 20 de agosto
  • Nombre, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Receptoras de Votos por municipio y departamento en las Elecciones 2023 de los 23 distritos electorales
  • Nombre, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros del cuerpo de revisores por departamento de las Elecciones del 25 de junio y el 20 de agosto de todos los distritos
  • Nombre de los coordinadores de digitadores que fueron contratados en las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto, por municipio y departamento de los 23 distritos

La información requerida debe ser entregada en la sede del Ministerio Público en la 15 avenida 15-16, zona 1 capitalina, barrio Gerona. Las solicitudes fueron firmadas por la fiscal especial Leonor Eugenia Morales Lazo, así como cuentan con el visto bueno de Curruchiche.

Mientras tanto, la Fiscalía contra Delitos Electorales presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Ramiro José Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presunto abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con información extendida por el MP, Muñoz Jordán habría abusado de su cargo y posiblemente cometió actos ilícitos al inscribir al partido político Prosperidad Ciudadana, ya que dicha organización incumplió con los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

El 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución en la cual se consigna una serie de señalamientos que ameritan una investigación penal:

“Este Tribunal estima que la serie de señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional que se conoce, ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal, razón por la cual, es pertinente certificar lo conducente al Ministerio Público, a efecto de que lleve a cabo las acciones que de conformidad con la ley le corresponden…”.

El 18 de mayo, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó amparo en favor del partido Cambio, liderado por la familia Baldizón, quienes denunciaron ilegalidades en la inscripción y las asambleas de Prosperidad Ciudadana.

La Corte de Constitucionalidad recibió el 25 de mayo, el expediente con el dictamen de la Unidad de Organizaciones Políticas del TSE en el que se señalan las ilegalidades incurridas por Prosperidad Ciudadana.

El pleno de la CC respaldó la decisión de la Sala Sexta, al momento que declaró por unanimidad sin lugar los recursos de apelación presentados por Carlos Pineda (candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana) y Edwin Luz (candidato a diputado por Retalhuleu). En consecuencia, más de 1 mil candidatos a diferentes puestos de elección popular no participaron en las votaciones del 25 de junio. Ello a causa de los vicios hallados y denunciados en la papelería de las asambleas generales celebradas en noviembre de 2022.

Suspenden participación de Prosperidad Ciudadana. Foto: La Hora.

Cabe recordar que el 13 de julio, Ramiro Muñoz señaló durante conferencia de prensa que la orden del juez Fredy Orellana respecto a suspender al partido político Semilla no era acatable, ya que dicha medida era competencia del TSE, así como que durante el desarrollo de un proceso electoral ninguna organización política podía ser cancelada. 

Días después, Muñoz solicitó a los magistrados del TSE la autorización de vacaciones a partir del 16 de julio por “motivos de índole familiar”. Las mismas se le fueron concedidas y regresó al puesto el 14 de agosto. 

El 20 de julio, Rafael Curruchiche confirmó que fue el juez Fredy Orellana quien envió orden de captura contra Eleonora Castillo, directora en funciones del Registro de Ciudadanos, aparentemente por obstrucción de justicia.

Al finalizar la audiencia de revisión de escrutinio de la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), el fiscal del partido Movimiento Semilla, Kevin Sánchez respondió que “esta es la ruta ilegal que están tomando ellos para empañar este proceso electoral. El pueblo de Guatemala ya decidió”.

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