Nada que celebrar: el Ejército de Guatemala y la deuda con la justicia

Pasó el 30 de junio y el Estado volvió a rendir homenaje a una institución responsable de genocidio. Mientras los criminales reciben medallas, las víctimas siguen esperando justicia. Recordar no es odiar: es negarse a olvidar lo que el poder quiere enterrar.

Cada 30 de junio, el Estado conmemora el Día del Ejército de Guatemala. Actos oficiales, desfiles y discursos exaltan la “defensa de la patria” y el “orgullo nacional”. Pero, ¿cómo puede celebrarse una institución señalada por genocidio, masacres y represión sistemática? ¿Qué país digno celebra a sus verdugos?

El Ejército de Guatemala no es cualquier institución. Fue, durante décadas, el brazo armado de gobiernos autoritarios que impusieron el miedo como forma de control. Su historial está marcado por sangre y silencio, particularmente durante el Conflicto Armado Interno (1960–1996), que dejó más de 200,000 víctimas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). De esas violaciones, el 93% fueron cometidas por el Estado, principalmente el Ejército.

Los regímenes de Romeo Lucas García (1978–1982) y Efraín Ríos Montt (1982–1983), destacan entre los más crueles. Bajo el mando de Romeo Lucas y con el respaldo estratégico de su hermano, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, se ejecutaron campañas de represión brutal que prepararon el camino para una escalada aún más atroz. Luego, bajo el gobierno de Ríos Montt, se intensificó la política de “tierra arrasada” en comunidades indígenas, particularmente en el área Ixil. 

Fue durante este régimen que ocurrieron algunas de las masacres más brutales, como Dos Erres (diciembre de 1982) y Plan de Sánchez (julio de 1982), en las que cientos de personas fueron asesinadas por unidades del Ejército, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Por estos crímenes, Ríos Montt fue condenado por genocidio y delitos contra deberes de humanidad en 2013, aunque la sentencia fue anulada por presiones del sistema que él mismo ayudó a construir.

Foto por el periodista sueco Ulf Aneer
Foto por el periodista sueco Ulf Aneer

Como si no fuera suficiente, apenas unos días antes del 30 de junio de 2025, la justicia guatemalteca anuló todo el proceso judicial contra Benedicto Lucas García, uno de los principales responsables militares del genocidio. Así, se confirma que en Guatemala los verdugos no solo son protegidos, sino premiados con impunidad.

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A esto se suma el silencio y la impunidad que persiste hasta hoy. A casi 30 años de la firma de la paz, decenas de familias aún buscan a sus desaparecidos, claman justicia por las masacres, y luchan contra un Estado que protege a los responsables. Muchos de ellos continúan libres, impunes, e incluso condecorados como “héroes”. Celebrar el Día del Ejército sin reconocer este pasado es una ofensa para las víctimas y una burla para la historia.

Claro que no todo fue oscuridad. También hubo soldados dignos, que se opusieron al uso del Ejército como aparato de represión. Algunos acompañaron los ideales democráticos del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, quien también fue militar: se graduó de la Escuela Politécnica como oficial en 1935, ascendió rápidamente y fue ministro de Defensa Nacional de 1945 a 1950, antes de ser elegido presidente.

Árbenz, conocido como “el soldado del pueblo”, fue derrocado en 1954 por un golpe militar respaldado por Estados Unidos y sectores conservadores nacionales. Había planteado una visión de Ejército nacionalista, popular y soberano. Pero esa posibilidad fue interrumpida por el miedo a la reforma y el deseo de controlar el país a través de la fuerza.

Desde entonces, el Ejército se transformó en una maquinaria al servicio de las élites y los intereses extranjeros, especialmente durante la Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional sustituyó a cualquier noción de soberanía o independencia y justificó asesinatos masivos en nombre del “combate al comunismo”.

Portada: Hecha con IA (Sora de ChatGPT)
Portada: Hecha con IA (Sora de ChatGPT)

Hoy, el Ejército sigue existiendo, recibe millones del presupuesto nacional y participa en tareas de seguridad ciudadana, aunque no le corresponda. En muchos casos, actúa con la misma lógica de impunidad del pasado. La militarización de la seguridad, en lugar de fortalecer a la Policía Civil y las instituciones civiles, perpetúa una cultura del miedo.

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No, no hay nada que celebrar. El 30 de junio no es una fiesta. Es una fecha para recordar a las víctimas, para exigir justicia, para exigir memoria. Mientras haya madres que lloran a sus hijos desaparecidos, mientras haya osarios clandestinos sin nombre, mientras haya generales impunes, no puede haber homenaje alguno.

Porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y Guatemala, si quiere ser una nación justa y digna, debe comenzar por dejar de aplaudir a quienes le arrebataron el alma.

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