• marzo 9, 2023
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Nayib Bukele ¿Mano dura o violación de derechos humanos?

Nayib Bukele ¿Mano dura o violación de derechos humanos?

Mucho se ha hablado sobre Nayib Bukele desde que llegó al poder en nuestro país vecino El Salvador, este personaje es innegablemente controversial y la controversia vende. 

Durante toda su gestión ha sido aplaudido y señalado por diversas razones y por ende, muchas personas me han preguntado qué opino al respecto y no es para menos. Es recurrente que sean este tipo de temáticas por las cuales las personas recurren a mí para conocer mi postura. Ya tenía en el tintero desde hace tiempo escribir sobre Bukele, sin embargo, era necesario delimitar la columna o se convertiría en un ensayo y prefiero ser más concreto pero certero con mi escritura en Telégrafo.

El tema con el que expresaré mi postura en esta ocasión con respecto a la forma de gobernar de Bukele y de hacer política en general será el más sonado recientemente, la mega cárcel recientemente inaugurada en El Salvador. 

Bukele inauguró en febrero del presente año una cárcel con capacidad de hasta 40,000 reclusos. Para darnos una idea de lo gigantesca que es esta cárcel, la granja de rehabilitación Pavón cuenta con capacidad de tan solo 960 reclusos, es decir, casi cuarenta veces menos que la mega cárcel salvadoreña. 

Esta mega obra de infraestructura es el epítome de una guerra abierta que libra el gobierno salvadoreño contra las pandillas, esta cruzada de Bukele y su gobierno en contra de “las maras” inició el 27 de marzo de 2022 y su fin (al menos discursivamente) es combatir olas de homicidios en El Salvador y reducir las tasas de homicidios.

La política “mano dura” de Bukele contra las maras no se limita a la construcción de infraestructura penitenciaria sino también a prácticas en las calles, esta política también ha implementado un régimen de excepción que ha sido prorrogado ya varias veces. Un régimen de excepción es lo que conocemos en la legislación guatemalteca como un estado de excepción que en resumidas cuentas es un lapso de tiempo en el que el Estado suspende ciertos derechos humanos debido a catástrofes naturales, desorden público y cosas por el estilo, Giammattei implementó 24 estados de excepción entre enero de 2020 y octubre de 2022.

Un régimen de excepción no es algo que se deba tomar a la ligera, tiene muchísimas repercusiones políticas y sociales además de privar derechos humanos lo cual y a pesar de que un régimen de excepción fue pensado para ser temporal y para situaciones extraordinarias, el régimen de excepción de Bukele figura desde marzo de 2022 limitando derechos constitucionales por un año y dándole carácter indefinido a la suspensión de derechos humanos fundamentales.

Bien, hasta aquí, alguien que no es muy conocedor de derechos humanos podría aplaudir las estrategias de Bukele en su guerra contra las pandillas, no obstante, el extenso régimen de excepción no solo ha utilizado las fuerzas represivas del estado (policía y ejército) para implementar una política represiva y estigmatizante, sino que también ha permitido eliminar medios legales para fiscalizar el uso de fondos públicos y el acceso a la información.

Durante todo este proceso el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) declaró como información confidencial la declaración patrimonial del presidente, es decir, es confidencial cuantos bienes y cuánto dinero posee el presidente. También se declararon confidenciales las políticas de seguridad del Plan de Control Territorial; es decir, ni la sociedad civil ni la prensa han tenido acceso a las políticas de seguridad de Bukele. Al limitar el acceso a la información de esta forma, los únicos datos con los que se cuentan para evaluar la coyuntura salvadoreña son los emitidos por el propio gobierno, gobierno acusado de impedir que sus datos oficiales sean verificados por organizaciones internacionales.

Por si todo esto fuera poco, limitar el derecho de acceso a la información no solo impide corroborar los datos de los que se jacta Bukele en Twitter en una reciente discusión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sino también impide que se fiscalice el gasto público ya que el régimen de excepción le permite al gobierno administrar los fondos públicos sin respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

En la discusión de Twitter entre Bukele y Gustavo Petro (presidente de Colombia) este último describió comparó la mega cárcel de Bukele con un campo de concentración y entre comparativas entre gobiernos; Petro invitó a Bukele a un foro internacional para discutir sobre la temática, invitación que fue eludida por el mandatario salvadoreño y también recalcó que durante su gestión se obtienen resultados comparables con los de Bukele sin necesidad de medidas represivas: “No hicimos cárceles sino universidades”

No me he tomado el detenimiento para estudiar a profundidad la trayectoria de Gustavo Petro ni sus resultados como presidente de Colombia, pero innegablemente comparto su filosofía, una cárcel puede ser una medida funcional, mas no una solución real.

En resumen, tenemos un presidente cuyo patrimonio es confidencial, que promulga la suspensión de derechos fundamentales durante más de un año, año en el cual no es posible corroborar los datos sobre la tasa de homicidios ni tener certeza de en qué se gasta el presupuesto del Estado. Mis conclusiones son obvias.

La cruzada de Nayib Bukele contra las pandillas no es más que una estrategia de Marketing para justificar su reelección (que es inconstitucional) y aunque Bukele desapareciera a todos los pandilleros del mundo con un chasquido cual película de Marvel, eventual y progresivamente habría más, porque se atacan las consecuencias y no las causas.

De poco o nada sirve perseguir criminales si toleramos un sistema que los produce.

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