Paro Nacional Indefinido cumple 15 días a nivel nacional

El paro indefinido declarado por los 48 Cantones de Totonicapán, las autoridades ancestrales, la municipalidad indígena de Sololá y el Parlamento Xinca cumple 15 días sin avances en las negociaciones. Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de corrupción.

El 2 de octubre, en Guatemala comenzó el Paro Nacional Indefinido declarado por distintas organizaciones de los pueblos originarios. Han pasado 15 días desde entonces y se ha observado la participación de la ciudadanía a través de movilizaciones, bloqueos en carreteras, calles y puentes en el territorio nacional. No obstante, las conversaciones entre el Gobierno de Giammattei y los líderes de las protestas siguen sin avance. 

Los manifestantes incluyen a organizaciones civiles, indígenas y sectores empresariales, quienes exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a quien acusan de proteger a la corrupción y de intentar vulnerar los resultados de las Elecciones Generales 2023.

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha rechazado las demandas de los manifestantes y ha acusado a los diferentes movimientos de inapropiados. De acuerdo con el mandatario, las manifestaciones no son pacíficas y los bloqueos atentan contra los derechos constitucionales de los guatemaltecos como la libertad de locomoción, a la salud, a la educación, entre otros.

El Paro Nacional ha sido acusado de causar desabastecimiento de alimentos y combustible en algunas zonas del país. Sin embargo, las organizaciones de los pueblos originarios han realizado el llamado para permitir el paso de emergencias, personal de salud y alimentos no perecederos. 

Por otra parte, el domingo 15 de octubre se llevó a cabo una manifestación en la Plaza de la Constitución que incluía a personas de algunos departamentos portando playeras con el mensaje de anticomunistas.

En la jornada del lunes 16, grupos de choques armados con palos y armas de fuego se han enfrentado con manifestantes en distintas áreas del país como en Retalhuleu y San Marcos.

Bloqueos en todo el país

Algunos de los bloqueos que se han dado en las principales carreteras del país, se mantienen a la fecha. En la ciudad de Guatemala, la ciudadanía ha bloqueado las principales calzadas y bulevares que conectan con arterias importantes del área metropolitana como el Anillo Periférico, calzada Aguilar Batres, avenida Petapa.

También, se han registrado bloqueos en carreteras de los diferentes departamentos de Guatemala. Además, se ha acordado ceder el paso a personal de salud, transportistas que abastecen los diferentes mercados cantonales, equipo de seguridad y medios de comunicación que han seguido de cerca el tema.

Demandas de los manifestantes

Los manifestantes exigen la renuncia de Consuelo Porras, a quien acusan de los siguientes delitos:

  • Protección a la corrupción: Porras ha sido acusada de proteger a altos funcionarios acusados de corrupción, como el exministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias
  • Intento de alterar las elecciones generales: Porras es acusada por la población de vulnerar la democracia del país a través de investigaciones arbitrarias contra el partido político que resultó ganador en el Ejecutivo, así como perseguir a las Juntas Receptoras de Votos, pedir antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y finalmente secuestrar las actas número 4 y 8 del proceso electoral, mismas que deben estar custodiadas por el TSE. 

Mientras tanto, Porras ha rechazado las acusaciones a través de diferentes pronunciamientos y ha dicho que no renunciará, aludiendo a que trabaja en favor de la nación.

“... Son mi norte, son mi sur, son mi oeste y mi este, porque aquí no hay más que se respete la ley por sobre todas las cosas y fundamentalmente, la construcción de un verdadero Estado de Derecho, donde se respeten las leyes en el país”.

Fiscal General Consuelo Porras

Igualmente, la población solicita la renuncia del jefe fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la fiscal regional Cinthia Monterroso. Ambos han participado en diferentes diligencias del ente investigador durante el proceso electoral. 

Asimismo, se pide la renuncia del juez A del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, quien ha brindado las órdenes que respaldan las acciones del MP.

Últimos acontecimientos

Derivado del paro se han dado los siguientes acontecimientos:

  • 13 de octubre. A través de una cadena nacional, Giammattei informó que no puede destituir a Consuelo Porras del cargo de Jefa y Fiscal General del MP. 
  • 14 de octubre. Tras el hartazgo de la población guatemalteca con los problemas de corrupción que golpean al país, personas acudieron a la iglesia de La Merced donde se encontraba el ex director de la entidad Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien participaba en una ceremonia. Al salir Martínez del templo, los guatemaltecos lo persiguieron hasta que subió a un vehículo. Del mismo modo, se persiguió a sus parientes. 
  • 15 de octubre. La Corte de Constitucionalidad (CC) dio un plazo de 6 horas para que la planta de Xayá-Pixcayá en Chimaltenango fuera liberada mediante un operativo realizado por el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC).

Posibles escenarios

El paro indefinido ha generado incertidumbre sobre el futuro político de Guatemala. Los manifestantes han advertido que continuarán las movilizaciones hasta que sus demandas sean satisfechas.

En cambio, Alejandro Giammattei ha expresado que no puede cumplir con las demandas de los manifestantes, aunque sí ha condenado que las presentes manifestaciones no son pacíficas. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que se debe restablecer el “orden público” protegiendo el derecho a la libertad de locomoción y siempre que se evalúe que las manifestaciones sean pacíficas, sin embargo de no serlo reaccionar con la fuerza pública. 

Se desconoce cuánto tiempo durará el paro nacional. Hasta el momento, una vez se han reunido los representantes de las organizaciones de los pueblos originarios (quienes comenzaron el paro) con el presidente Giammattei, pero no ha sido tan fructífera. A pesar de ello, se han girado oficios para que se den más reuniones con otras autoridades como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.

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