Paro Nacional: manifestaciones, disturbios, desbloqueos

La crisis política y social en Guatemala se agudiza conforme pasan los días y se suman más guatemaltecos a los diferentes puntos de manifestación para expresar su rechazo contra las acciones que han intentado vulnerar la democracia y poner en duda el proceso electoral.

Hasta el martes 10 de octubre se cumplieron nueve días de manifestaciones que exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras; el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez A del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Freddy Orellana. 

El 30 de septiembre, la Junta Directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán junto a las organizaciones y autoridades ancestrales de diferentes partes de Occidente declararon paro nacional indefinido. Tras ellos, se comenzaron a realizar manifestaciones en el sistema vial del país, generando lo que comúnmente se le denomina “bloqueo”, ya que se impide el paso de vehículos.

En principio, los 48 Cantones y las organizaciones de los pueblos originarios poseen más exigencias, pero la que más ha atraído a otros sectores de la población es la renuncia de la fiscal general y jefa del MP.

Derecho de manifestación

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a Acción Ciudadana y las autoridades ancestrales. Dicho amparo pretende garantizar los derechos de reunión pacífica y manifestación, así como la libertad de emisión de pensamiento

El amparo fue presentado en contra del ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y la fiscal general del Ministerio Público. 

Como parte del amparo, se ordena que se garanticen los derechos de todas las personas en el territorio nacional: a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad.

En ese sentido, la CC ordena que en caso de manifestaciones en calle se debe habilitar carriles específicos para que la ciudadanía realice sus protestas sin interrumpir el ejercicio de los derechos de los demás, en particular:

  • La libertad de locomoción y movilidad
  • Acceso a servicios de transporte comercial y de personas
  • Libre tránsito de cuerpos de socorro y de las fuerzas de seguridad 

También, garantizar el funcionamiento de aeropuertos, aduanas y terminales de carga y descarga de mercancías. 

Se advierte que la fuerza pública podrá utilizarse en casos absoluta y necesariamente excepcionales. En otras palabras, cuando la manifestación no sea pacífica y haya indicios claros de violencia grave. Por ejemplo, un bloqueo prolongado de tráfico y la perturbación grave y sostenida. 

En caso de recurrir a la fuerza pública, los agentes policiales deben usar las armas menos letales. No obstante, se procederá de este modo después de una advertencia verbal y una oportunidad para que se disperse la reunión. 

La fuerza pública se debe apegar a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, siempre con el fin de preservar la paz y seguridad de la población

Manifestaciones pacíficas

En su mayoría, las manifestaciones han sido pacíficas. Se realizan actividades para unir a los participantes y personas de alrededor para sumar a más asistentes. Música, bailes, discursos, consignas, banderas, vuvuzelas y la entonación del Himno Nacional. Además, se observan diferentes pancartas y carteles que asombran por su creatividad visual e impacto narrativo. 

A las manifestaciones se unieron estudiantes universitarias, comunidad eclesiástica, sociedad civil, colectivos, artistas, activistas y creadores de contenido.

Manifestación a un costado del mercado La Parroquía, zona 6, sobre la calle Martí. Foto: Gabriel Molina.

A pesar de lo anterior, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) emprendieron la operación de desbloquear los puntos donde se encontraban los guatemaltecos manifestando.

En la mañana del martes 10 de octubre, Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, dijo vía telefónica para el medio de comunicación radiofónico Emisoras Unidas:

“Para hoy está planificado que en las rutas más importantes se aplicarán los protocolos correspondiente, como lo hemos hecho; se les hablará a las personas, y si no atienden al llamado de la Policía, con acompañamiento de la PDH, tendremos que despejar porque ya estamos llegando a límites insoportables de falta de abastecimiento y de crisis”.

En el bloqueo instalado por guatemaltecos a la altura de la colonia Bethania, la PNC envió a agentes antimotines. Sin embargo, los vecinos de las distintas colonias de la zona 7 se sumaron para impedir que desalojaran la manifestación. 

Asimismo, en Chimaltenango se reportó un incidente similar donde los manifestantes fueron más que las fuerzas policiales y no permitieron que habilitara la ruta. 

El domingo 8 de octubre (siete días después que comenzaron las protestas), el ministro de Gobernación expresó que se han dado cuenta de hechos violentos y vandálicos por parte de grupos que se  aprovechan del derecho de manifestación. 

Napoleón Barrientos, titular de la cartera de Gobernación, señaló que se han vulnerado los derechos de libre locomoción, el acceso a la educación, a la salud, así como el desabastecimiento y alza de los precios de alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad. 

Por su parte, a tempranas horas del lunes 9 de octubre, la fiscal general del Ministerio Público (MP) emitió un comunicado que para algunos guatemaltecos fue extraño por su comportamiento corporal y su mirada perdida, ya que se evidenció que estaba leyendo un texto. 

Porras dijo que reconoce el derecho de manifestación, así como había expresado el ministro de Gobernación, e igualmente, señaló que hay individuos que se aprovechan del mismo derecho para aprovecharse llevando a cabo bloqueos, saqueos, cierre de negocios, así como la obstrucción de varias sedes del MP

La fiscal general mencionó que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en dos acciones de amparo que se debe garantizar el derecho a la vida y la salud, así como se instruyó a distintas instituciones para que actuarán de manera inmediata.

A criterio de Consuelo Porras, lo ordenado por la CC no se ha cumplido. En consecuencia, el MP ha accionado penalmente contra las entidades públicas.  

El Ministerio Público extendió un llamado al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación para que garantice el estado de derecho con el fin que no se sufra una confrontación violenta entre los guatemaltecos por temas políticos e ideológicos.

“Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito”

A las 18:30 horas, un bloque de manifestantes se encontraba en la Plaza de la Constitución para exigir que el presidente Alejandro Giammattei le pida la renuncia a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y a la agente fiscal Cinthia Monterroso. No obstante, un grupo de infiltrados con el rostro cubierto y palos en mano causaron disturbios y agredieron a agentes policiales. 

Ante los disturbios, la Policía Nacional Civil (PNC) respondió lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y capturar a los individuos responsables del caos. Como resultado hubo al menos tres personas heridas que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios para ser atendidas y agentes de la PNC que fueron llevadas al centro de atención de tal institución. 

El director general de la PNC indicó que se tratan de infiltrados, ya que en días anteriores siempre se ha privilegiado el diálogo con los manifestantes en diferentes puntos del país.

Uno de los daños más notorios fue los vidrios rotos, el saqueo y el incendio al Paseo Bicentenario a un costado de la Plaza de la Constitución.

No obstante, los infiltrados también atacaron la Plaza de las Niñas, la cual se localiza a un lado del asta del parque central. En fotografías y videos se puede observar cómo destruyeron las cruces que conmemoran a las niñas que fallecieron en el incendio del Hogar Virgen de la Asunción en 2017, mismas que convirtieron en piedras que lanzaron a los agentes policiales. 

Por su parte, el presidente Giammattei realizó una cadena nacional a las 19 horas del lunes 9 de octubre. Con una duración de 11 minutos, el mandatario mencionó que los bloqueos han provocado desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos en los centros hospitalarios de la red nacional.

De acuerdo con Giammattei, el Ejecutivo ha identificado a las personas responsables de los bloqueos, quienes cuentan con adiestramiento y reciben financiamiento desde organizaciones no gubernamentales que obtienen fondos del extranjero.

Manifestantes en la Plaza de la Constitución. Foto: Joshua Armira.

En ese sentido, el presidente Giammattei hizo un llamado a las personas que incitan los bloqueos para que reflexionen porque “no es así cómo van a poder gobernar”. También, aprovechar para señalar al presidente electo, Bernardo Arévalo, por haber suspendido el proceso de transición de poder.

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