Pena de Muerte en Guatemala y porque es una falsa promesa

Ésta pregunta es importante para los candidatos (principalmente para los candidatos a diputados) porque nos puede mostrar que tan bien conocen el marco jurídico y siendo la creación de leyes una de las principales funciones, es importante saber sus “tanteos legislativos”. La respuesta a continuación: 

La pena de muerte era una de las penas contempladas dentro del código penal para imponer en algunos casos presupuestados dentro de la normal (creado en el año 1973) sin embargo, en el año 1978 el Estado de Guatemala firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como “El Pacto de José” donde se limitaba la aplicación de pena de muerte para nuevos delitos, es decir, que solo podría ser aplicada en los casos contemplados hasta ese momento:  Parricidio, Ejecución extrajudicial, Plagio o secuestro, Desaparición forzada y Muerte del presidente o vicepresidente de la República. En el año 1985 la Constitución Política de la República fue reformada por la asamblea constituyente y en el artículo 18 se regularon los casos en los cuales no podría aplicarse “…Con fundamente en presunciones, a las mujeres, a los mayores de sesenta años, a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición…”.

Por lo cual, si algún hombre comprendido entre los 18 y 59 años, que no se encuentre en estado de interdicción y no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 18 de la Constitución era hallado culpable de cometer alguno de los delitos antes mencionados podía ser castigado con “la pena máxima”, lo único que le eximía de tal responsabilidad era que el Presidente de la República le eximiera de tal castigo, para ello existía la “Ley del Indulto”, donde se regulaba la forma y fondo de cómo se llevaría a cabo el proceso para perdonar o no al reo que en sentencia firme fuera sometido a éste castigo. 

Cabe aclarar que todo esto se menciona en pasado, debido a que en el año 2000 el Congreso de la República derogó el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa Nacional, dejando sin efecto ésta ley y por lo tanto al no existir ésta fase del proceso automáticamente la pena de muerte es inaplicable en Guatemala, pues viola el debido proceso.