Primera audiencia de declaración del caso de Claudia González

La abogada reconocida a nivel internacional y ex mandataria de la CICIG acudió a su audiencia de declaración. La Fiscalía de Asuntos Internos la acusa de abuso de autoridad, ya que consideran que González fue funcionaria pública.

La audiencia de primera declaración de la abogada y ex mandataria de la CICIG, Claudia González Orellana se realizó bajo reserva por orden del juez Jimmi Bremer. Además, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público abrió tres cajas con aparente evidencia relacionada a la investigación en contra de González, a esta última se le acusa por abuso de autoridad

La próxima audiencia será el 13 de septiembre donde el Ministerio Público dará sus argumentos, así como intervendrán los abogados de González Orellana. Mientras tanto, la ex mandataria de la CICIG regresa a prisión preventiva en el área de aislamiento de Mariscal Zavala donde tiene permitido salir al sol 1 hora al día. 

Se tenía programada la audiencia para las 10:00 horas del miércoles 6 de septiembre. Sin embargo, previo al ingresar a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia, el juez décimo B autorizó sin previo aviso declarar el caso bajo reserva. Esto impide que medios de comunicación ingresen a la sala. De acuerdo con Claudia González, al finalizar las primeras audiencias la reserva debe terminar.

Luego de pasada casi una hora, la ex mandaría de la CICIG solicitó un permiso para salir de la sala. A su regreso, Claudia aprovechó para saludar al Subsecretario Adjunto Para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein.

Al terminar la audiencia, González expresó su agradecimiento a las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional presente que se encontraban a las afueras de la sala para brindar apoyo en el proceso. 

A González se le acusa por abuso de autoridad; sin embargo, expertos en materia legal consideran que de acuerdo al artículo 418 del Código Penal, no puede ser aplicado tal delito, pues, este puede ser adjudicado únicamente a funcionarios públicos. 

Artículo 418.Abuso de autoridad. El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será sancionado con prisión de uno a tres años. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios.

¿Podría considerarse esto como una represalia de parte de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling? La denuncia contra Claudia González se presentó en septiembre de 2021. Este es el primer caso contra una exfuncionaria de la CICIG.

Además, González ha llevado la defensa de operadores de justicia como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y Eva Siomara Sosa.

Más de una hora y media después (11:36 a.m.), el juez Jimi Bremer ingreso a las sala de audiencias en la que se daría la primera declaración de Claudia González. 

Algunas de las organizaciones que esperaron afuera de la sala fueron: 

  • Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala  (ODHAG)
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua)
  • Abogados sin fronteras, Canadá
  • American Bar Association (ABA)
  • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala (OACNUDH)

También, estuvieron representantes de las Embajadas de Estados Unidos, Francia, Suecia, Suiza y Canadá, así como delegados de la Unión Europea.

El Ministerio Público expuso tres cajas para justificar la investigación. González explicó que hasta estar ligada a proceso finaliza la reserva del caso

En la próxima audiencia se espera escuchar los argumentos del Ministerio Público para ligar a proceso a la abogada. También, los argumentos del querellante adhesivo (mandataria de la magistrada Blanca Stalling), y los abogados de González Orellana. 

La semana pasada, el MP aseguró que Claudia González Orellana es funcionaria pública por tener funciones públicas y haber presentado retiro de antejuicio contra una magistrada de la CSJ. Por tal motivo, el MP considera que sí pudo incurrir en abuso de autoridad.

Al momento de preguntarle cuál era su sentir ante el respaldo que se daba por parte de varios diplomáticos internacionales, González dijo:

"Estoy muy agradecida, porque saben el tipo de profesional que soy. Todos saben que llevo casos de alto impacto. Esto me ha válido tener el apoyo que tengo y estoy muy agradecida con muchísima gente y con los miembros de la comunidad internacional porque saben realmente que de verdad me estoy dedicando a estos casos. A mi siempre se me dijo, se me ofreció y se me indicó que saliera del país porque eran casos de criminalización, pero todos saben que llevo la defensa de Virginia, de Juan Francisco, llevo bastantes defensas y no puedo dejar a mis clientes, entonces eso me valió, para... estar en prisión estos días".

Claudia González.

También, agradeció a sus colegas por llevar el seguimiento de los casos que estaban a su cargo y enfatizó en la solidaridad que se dio con el fallecimiento de su madre. Este sucedió  días después de su aprehensión e ingreso a prisión a Mariscal Zavala. Se le autorizó ir al velorio, pero fue una situación difícil.

Caso Persesución Penal Ilegal

Derivado de la investigación, la Fiscalía de Asuntos Internos determinó que dentro de la documentación presentada el 11 de enero de 2017, para motivar el antejuicio promovido en contra de la magistrada Stalling Dávila, presentado un día después de haberse recibido la denuncia, los archivos revelan la realización de diligencias de investigación iniciadas antes de haberse presentado la denuncia y antes del retiro de antejuicio.

Aunado a lo anterior, se presentaron y utilizaron informes realizados por personal de la CICIG sin la debida autorización de juez competente según lo establece el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tampoco se observó el procedimiento legal para el tratamiento de la evidencia.

El MP considera que la CICIG llevó a cabo una intervención ilegal, ya que a pesar de que el 2 de febrero de 2017, solicitó abrir una investigación a cargo de la FECI, intervino desde el principio de la investigación irregular.

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