Razones de las manifestaciones y los bloqueos de carretera

Los 48 Cantones de Totonicapán y las autoridades ancestrales lideran las manifestaciones que han provocado diferentes bloqueos de carreteras desde el lunes 2 de octubre. Tales medidas son en respuesta a la crisis política que afronta Guatemala desde los intentos de vulnerar la democracia como las decisiones que toman los organismos Legislativo y Judicial.

El 30 de septiembre, la Junta Directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán indicó que desde el lunes 2 de octubre se declaran en Paro Nacional indefinido, anunciando los puntos de carretera a bloquear. 

No obstante, tal medida es resultado de no recibir ninguna notificación sobre los memoriales que fueron entregados el 18 de septiembre en tres instituciones: 

  • Congreso de la República
  • Corte Suprema de Justicia
  • Ministerio Público

Tales memoriales solicitaban la renuncia inmediata de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta; el jefe fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez A del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana. A tales funcionarios del ente investigador y del sector justicia se les señala por la organización indígena, campesina, sociedad civil y a nivel internacional por acciones arbitrarias que vulneran la democracia de Guatemala y el orden constitucional.

Por su parte, el memorial al Organismo Legislativo se refiere al conocimiento y aprobación de leyes que pretenden atentar contra la vida, la salud, bienes y recursos no renovables. Se trata de:

  • Iniciativa 6283 “Ley para la protección de obtención de vegetales”. Algunos se refieren a ella como una variante de la iniciativa Ley Monsanto que no fue aprobada en Guatemala hace algunos años
  • Iniciativa 6099 “Ley de fortalecimiento para la paz”. Esta pretende dar amnistía a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno.
  • Iniciativa 6021 “Reformas a la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83”
Foto: Prensa Comunitaria

Además, el amparo promovido ante la Corte de Constitucionalidad.

En el mismo sentir se han unido la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca, Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, Movimiento Social Q’eqchi’ Cobán (Alta Verapaz), Asociación Indígena de San Francisco el Alto, Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Concejo de Autoridades Ancestrales de los 7 municipios de Totonicapán, y Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Ixil de Nebaj, el Quiché. 

Ante esto se unió la Alcaldía Indígena de Palín (Escuintla) y la organización multisectorial de Occidente. También, organizaciones relacionadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala como el Frente Universitario por el Rescate de la USAC, el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), Gatitos Usac.

Estudiantes universitarios

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León” de la Usac aglutina 11 asociaciones estudiantiles de unidades académicas. 

El lunes 2 de octubre, la AEU junto al resto de asociaciones federadas convocaron para que las juventudes se unieran a la manifestación enfrente del edificio del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1. 

Debido a la falta de pronunciamiento de la Administración de la USAC de Walter Mazariegos, los estudiantes se manifestaron para señalar que el actuar del Ministerio Público se interpreta como un golpe de Estado que violenta la voluntad popular expresada en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto en las Elecciones Generales 2023. 

Los sancarlistas denominan un “asalto” a la sede del Tribunal Supremo Electoral, lo ocurrido en las diligencias del viernes 29 y sábado 30 de septiembre. A lo cual, el MP asegura que fueron realizados bajo el marco de la ley. 

“La Constitución es clara e indica que únicamente el TSE puede resguardar dichos documentos [las actas número 4 y 8 que fueron secuestradas por agentes de la FECI]. Por lo cual, este atropello es una violación grave a la Constitución y un claro golpe de Estado en proceso por parte de la estructura golpista”.

Fragmento del comunicado de la AEU.

Sector empresarial

El 30 de septiembre, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció para reafirmar su posición respecto a los resultados inalterables de la primera y segunda vuelta electoral. De acuerdo con CACIF, ninguna investigación penal puede modificar los resultados obtenidos y expresados por la población. 

Tal pronunciamiento fue publicado a las 19:45 horas. Casi siete horas después de que la FECI terminó de secuestrar las actas 4 y 8 de la primera vuelta. 

Por su parte, el lunes 2 de octubre a las 11:10 horas, el CACIF expresó: 

"Bloquear vías públicas no es lo mismo que manifestar pacíficamente".

En la misma línea de pensamiento, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) mencionó que los guatemaltecos son perjudicados con la movilidad de colaboradores [trabajadores], estudiantes, comerciantes, cuerpos de socorro, etc. 

"Nuestras rutas ya presentan obstáculos para el tránsito de todos los guatemaltecos, derivado de la situación de infraestructura del país".

CIG

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) se expresó el 30 de septiembre para rechazar los “atropellos y el abuso de autoridad del Ministerio Público”. Además, solicitó al Organismo Judicial detener los actos ilegales. 

En ese sentido, el martes 3 de octubre se hizo un llamado directo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que resuelva la competencia del Ministerio Público en materia electoral. 

Asimismo, la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), presidida por Dionisio Gutierrez, señaló que “la autoridad constitucional no puede rehuir o esquivar su responsabilidad”. 

Postura de Giammattei

El presidente saliente, Alejandro Giammattei, no se ha pronunciado de manera clara y directa respecto a las acciones, investigaciones y diligencias ejecutadas por el Ministerio Público. Sin embargo, aprovechó a mencionar martes 3 de octubre para decir frente a funcionarios de Gobierno: 

"La forma de trabajar no es manifestando en la calle. No es llamando a la gente, incitando la gente a la violencia".

Alejandro Giammattei.

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