Alexéi Valdéz24 de julio de 2003. Siete años después de la firma de los Acuerdos de Paz que buscaban poner fin al conflicto armado en Guatemala. Aunque la sociedad guatemalteca anhelaba la paz, aún se encontraba en la compleja transición hacia un nuevo panorama después del Conflicto Armado Interno. Lamentablemente, no todas las partes habían comprendido plenamente la importancia de este proceso de paz y reconciliación. Entre aquellos que se resistían (o incluso resisten) a aceptar el cambio a la democracia se encuentra el clan Ríos, cuyos miembros, a pesar de la clara y explícita prohibición constitucional, optaron por negar de manera violenta. Este clan e ideología, se formó durante los 36 oscuros años del Conflicto Armado Interno, liderados por un caudillo militar. Aunque el líder principal ya ha fallecido, su violenta y antidemocrática ideología continúa arraigada en la política guatemalteca.
La interpretación jurídica abarca diferentes enfoques como el gramatical, histórico o sistemático, los cuales pueden variar según el autor. Sin embargo, en el caso del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, su redacción resulta tan explícita que parece dirigirse específicamente a una situación, o personajeparticular. En su literal a), establece claramente la prohibición para que “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado” puedan aspirar a los cargos de presidente o vicepresidente. Esta disposición tan clara llevó a la negación de la participación de Ríos Montt en dos ocasiones durante la década de los 90. Como era de esperarse, un dictador viviendo en la impunidad no podía aceptar que sus ambiciones políticas en un contexto democrático fueran rechazadas.
A pocos días del 24 de julio de 2003, Ríos Montt convocó a una conferencia de prensa en compañía de Zury Ríos y otros miembros destacados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Durante aquel encuentro, Ríos Montt pronunció que, “con mucha pena” habrá simpatizantes que pretenden empañar con acciones incorrectas el panorama. Estas palabras escondían una amenaza velada dirigida hacia la democracia del país. Era más que una simple rueda de prensa; representaba un desafío al orden constitucional guatemalteco y a la endeble democracia guatemalteca.
Llegado el jueves 24, se sabía que las protestas serían intensas, pero nadie podía anticipar hasta qué grado de violencia llegarían, rayando incluso en el terrorismo. El ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, recordaba aquel día como uno que comenzó aparentemente como cualquier otro día de trabajo. Sin embargo, en la Corte recibieron una advertencia urgente de que debían evacuar el lugar, ya que una multitud numerosa de personas armadas se aproximaba. La amenaza era inminente. Desplazándose hasta su hogar, Rohrmoser Valdeavellano recibió la noticia de que otra turba se había congregado en la garita de su colonia, exigiendo entrar por la fuerza. Era evidente que esta turba había obtenido información precisa sobre las ubicaciones de las residencias y oficinas de aquellos que se oponían a este flagrante acto de inconstitucionalidad.
Las fotografías y vídeos de estos actos de violencia política son reveladoras. Es evidente que las personas, trasladadas desde distintas regiones como Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, entre otras, fueron llevadas a la ciudad de Guatemala y concentradas estratégicamente en puntos clave. Dos de estos puntos fueron frente a la imponente Corte Suprema de Justicia en la zona 1 y frente al Centro Empresarial en la zona 10. El traslado organizado de estas personas, plantea la posibilidad de una coordinación cuidadosamente planificada.
Dado al enfoque del riosmonttismo en el establecimiento de redes de poder locales, es probable que alcaldes y diputados del FRG de los mencionados departamentos hayan desempeñado un papel en la organización de estos grupos. Aunque es importante destacar que en años posteriores muchos diputados del FRG han negado cualquier participación en el jueves negro, se ha rumoreado internamente que Zury Ríos, hija de Ríos Montt, supuestamente pudo haber sido una participante activa en este acontecimiento. Además, resulta innegable la presencia de algunos diputados en la coordinación de estas violentas protestas. En particular, se ha registrado fotográficamente al entonces diputado Jorge Arévalo portando un pasamontaña durante las manifestaciones. Estos indicios respaldan la noción de que algunos miembros del FRG estuvieron involucrados directamente en los disturbios.
En medio de las turbulentas protestas, los manifestantes se distinguieron no sólo por prender fuego a neumáticos, sino también por realizar disparos al aire, intentos de secuestro e incluso cometer actos de homicidio preterintencional. Uno de los trágicos sucesos fue la muerte del periodista Héctor Ramírez, conocido como Reportero X, quien perdió la vida mientras intentaba huir de una turba que buscaba atacarlo violentamente. Además, se registró un intento de asesinato cuando intentaron prender fuego al fotoperiodista Juan Carlos Torres. Lo que presenciamos en aquel momento fue un acto de violencia política que trasciende los límites de lo estructural, manifestándose en su forma más explícita.
Aunque las figuras políticas detrás de este acto de terrorismo hayan tratado de distanciarse tanto personalmente como de cualquier imputación penal, queda claro que se trató de un presunto acto de sedición en el cual buscaron y lograron distorsionar la Constitución para competir en el ámbito electoral. Ante las amenazas del riosmonttismo, la CC cedió y permitió la participación de Ríos Montt en contra de lo que dictaba la Constitución Política de la República de Guatemala. Con el paso del tiempo, la propia CC expulsó de la jurisprudencia dicha sentencia, como señaló posteriormente Rohrmoser Valdeavellano.
Ríos Montt perdió las elecciones en 2003 cuando se enfrentó a Álvaro Colom y Oscar Berger en el balotaje presidencial. Fue Berger quien finalmente se consagró como presidente. A pesar de esta derrota en la contienda presidencial, el riosmonttismo logró mantener una presencia significativa en el ámbito político, conservando varias diputaciones y alcaldías. Estas redes de poder se han mantenido vigentes hasta la actualidad y han resultado ser un factor determinante en la carrera política de Zury Ríos en la actualidad.
Han transcurrido 20 años desde aquellos acontecimientos marcados por la violencia, el terrorismo y la sedición, pero el panorama electoral está ante una incertidumbre terrible que daña la democracia que se trató de recuperar antes de la imposición de Giammattei. Si bien se ha dejado atrás la violencia directa, ahora prevalece una violencia más sistemática y profunda. Todas las instituciones públicas parecen estar cooptadas, desde la Universidad de San Carlos (Usac) hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), donde se ha señalado la presencia de magistrados que habrían tenido vínculos con personas supuestamente involucradas en el Jueves Negro.
La violencia contra periodistas por parte de políticos continúa de manera directa, pero ahora se suma una dimensión legal en la que muchos se encuentran en el exilio o bajo investigación criminal por parte de un Ministerio Público (MP) que, según se denuncia, lleva a cabo una política criminal represiva contra las voces disidentes del gobierno actual. A pesar de que se han excluido a 3 candidatos políticos con un respaldo electoral significativo, aquella persona que supuestamente formó parte del Jueves Negro no logra superar el cuarto lugar según diversas encuestas. No sería sorprendente que, en caso de que el riosmonttismo vuelva a fracasar a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones, se produzca otro episodio de violencia directa la cual ya experimentaron hace poco con la espuria imposición de Mazariegos en la USAC.
Tengamos memoria histórica.
Referencias
- Hemeroteca PL. 2003: un jueves negro y violento. Prensa Libre.
- Isela Espinoza. El mito de Ríos Montt y el fantasma de la derrota que acecha a Zury Ríos. Prensa Comunitaria.
- Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano. De como viví el “Jueves Negro”. Opus Magna Constitucional, Tomo XVI.
Andy Facundo
Gabriel Morales
Joshua Armira
Andrea Valle