Sin diálogo y con órdenes de la CC

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Tras una conversación entre autoridades de la Policía Nacional Civil y las autoridades de los pueblos en resistencia con mediación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), se acuerda dar acceso a trabajadores del MP y usuarios a las sedes del ente investigador. Sin embargo, aún no se concreta un diálogo para solventar la crisis política nacional.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) restituir el “orden público y habilitar el acceso a todas las sedes del Ministerio Público” en un plazo que no exceda las 6 horas. Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional podrá brindar auxilio en caso de ser necesario. Asimismo, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) dará acompañamiento a la situación. 

En el comunicado extendido por la CC se lee:

“A las autoridades directamente encargadas de la seguridad que, en toda situación en que se anuncien manifestaciones o en medio de la realización de éstas, resguarden las instalaciones de todos los órganos estatales encargados, tanto de la administración de justicia, como los demás que prestan servicios públicos esenciales…”.

A través de dicha resolución, la Corte de Constitucionalidad pretende liberar el acceso a las sedes del Ministerio Público y asegurar la integridad física de los trabajadores y guatemaltecos que acudan a tales instalaciones. 

Hasta el 18 de octubre, se cumplen 17 días desde que distintas autoridades de los pueblos indígenas se declararon en “Paro Nacional Indefinido”. Se han realizado marchas, manifestaciones en carreteras y calles, tanto en la ciudad de Guatemala como en distintos puntos del territorio nacional. Uno de los plantones que ha permanecido en este lapso se realiza frente a la sede central del MP en el barrio Gerona, zona 1. Se puede observar banderas, pancartas y letreros. 

Además, se han instalado diferentes ventas de comida y accesorios. Distintos sectores han acudido con donaciones o acompañando un tiempo a estos grupos.

Asamblea de los pueblos en resistencia

Ante la orden de la Corte de Constitucionalidad, dirigentes de distintas organizaciones de los pueblos en resistencia llevaron a cabo una rueda de prensa para llamar a la tranquilidad a la población.

“Creemos que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces pueden ser para alterar el orden público”.

Las autoridades se reunieron con el Procurador de los Derechos Humanos, ya que consideran que hay una represión en contra de la población cuando las manifestaciones en barrio Gerona se han realizado en la vía pública, no en las instalaciones del Ministerio Público.

El presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán comenta que se ha permitido el ingreso del personal, así como se han realizado el cambio de los guardias y el ingreso de alimentos.

Autoridades de los pueblos indígenas en resistencia que exigen la renuncia de Consuelo Porras. Foto: Prensa Comunitaria.

“Nosotros no venimos a oponernos. Esta no es una lucha de poderes. No es una guerra interna. Nosotros solo somos autoridades que venimos a representar a nuestra población porque es una obligación colectiva que nace desde nuestras bases”.

Luis Pacheco, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones

Las manifestaciones y el plantón enfrente del edificio del Ministerio Público continuarán. 

“Para lograr la democracia en este país hay que seguir luchando. Nosotros no estamos confrontando. Llevamos 17 días en asambleas permanentes y no hemos provocado a las autoridades, no nos hemos dejado que nos provoquen personas infiltradas. El movimiento ha sido en forma pacífica, hemos llamado a la unidad, a la fraternidad, a la paz, a la armonía, que es lo que necesita el país”.

Comenta una autoridad de la municipalidad indígena de Sololá.

Las autoridades indígenas buscan defender la democracia y no promover el conflicto, ya que el pueblo de Guatemala ha sufrido demasiado con los 36 años de Conflicto Armado Interno y 500 años de atropellos a la población. 

En ese sentido, se realiza un llamado para que los pueblos que se han unido a la lucha mantengan la calma. Se menciona que las acciones se encuentran dentro de los derechos constitucionales de reunión y manifestación pacífica, así como la libre emisión de pensamiento.

No se acuerda reunión con la Fiscal General

Durante la mañana, la misma Asamblea de pueblos en resistencia indicaron que el Ministerio Público (MP) insiste en criminalizar las movilizaciones y manifestaciones sociales que solicitan la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el jefe fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal regional Cinthia Monterroso y el juez A del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana. 

Tras la reunión con el presidente Alejandro Giammattei, misma donde el mandatario indicó que no posee las facultades para remover a Porras de su puesto, Giammattei giro oficios dirigidos a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para conversar con los representantes de los pueblos indígenas.

Ante ello, el Ministerio Público extendió una carta donde indicaba que abrirá el diálogo con la condición que las manifestaciones sean removidas de las sedes del ente investigador y se garantice el acceso a funcionarios y usuarios de la institución. 

En consecuencia, las autoridades de los pueblos indígenas solicitaron que la reunión con la Fiscal General se lleve a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, 22 representantes de los pueblos en resistencia, medios de comunicación y la participación de la misión de mediación y diálogo enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, se envió una carta a la Secretaría General de la Presidencia anunciando que no se llevará a cabo dicha reunión hasta que se cumpla con la condición antes expuesta.

“Es lamentable la falta de voluntad de los actores de esta situación”

Desde temprano, Luis Pacheco, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, señaló que los edificios del Ministerio Público no han sido tomadas y se ha permitido el ingreso del personal.

Postura del binomio electo

Bernardo Arévalo y Karin Herrera (binomio presidencial electo para el periodo 2024-2028) condenan enérgicamente la orden de la Corte de Constitucionalidad de utilizar la fuerza pública en contra de las manifestaciones pacíficas.

“Dicha orden se da en un momento en el que se desarrollan distintos procesos de diálogo que buscan dar salidas a la crisis. Uno de los cuales ha sido convocado por el presidente Alejandro Giammattei y cuenta con la mediación de la Organización de los Estados Americanos. Estos son procesos en curso”.

Binomio electo

El binomio señala la falta de voluntad por parte del presidente Giammattei y de Consuelo Porras para buscar una solución pacífica a la crisis.

Además, indican que el “desalojo” ordenado por la CC tendrá un resultado que elevará la conflictividad y reducirá las vías pacíficas para acordar una estabilidad institucional y política. 

“Consuelo Porras y sus golpistas siguen atentando contra la ciudadanía y contra el proceso electoral. Exigimos a la Corte de Constitucionalidad asumir su responsabilidad histórica en defensa de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República que prescriben un régimen republicano y democrático cuya supervivencia es incompatible con la restricción y represión de los derechos de libre emisión del pensamiento y de reunión y manifestación”.

Binomio electo

Resultados de la reunión con el PDH

Autoridades del Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la Nación y Procurador de los Derechos Humanos establecieron un diálogo con representantes de los pueblos indígenas que mantienen la manifestación enfrente de la sede central del Ministerio Público. 

Se concluyó que hubo una malinterpretación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según las autoridades gubernamentales, lo único que se buscan es garantizar el acceso a las instalaciones, se pretende usar vallas para despejar la vía y permitir la entrada de funcionarios y guatemaltecos que acuden a la entidad. 

Después de esto, una comisión acompañó al PDH para verificar el acceso. Por este motivo, los manifestantes retiraron las pancartas colocadas en las rejas del MP, así como retrocedieron para dejar libre la banqueta. 

Mientras tanto, el nuevo ministro de Gobernación, Byron René Bor, comenta que en ningún momento se hará uso de la fuerza pública para disolver algún bloqueo o manifestación. Igualmente, esa instrucción se ha dado a los directores y subdirectores de la Policía Nacional Civil.

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Estudiante de maestría en comunicación e Identidad corporativa con especialidad en periodismo por USAC y UNINI México.

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