Meybel AmayaEn el contexto de los primeros 365 días del gobierno del partido Semilla, liderado por Bernardo Arévalo, el sistema político guatemalteco ha dado un giro con la idea de la “construcción de una verdadera democracia” en medio de un entorno regional complejo y con retos internos de magnitud.
En una entrevista concedida al medio de comunicación No-Ficción, Samuel Pérez, jefe de la bancada Semilla (declarados independientes), ofreció una narrativa de los logros alcanzados, las dificultades del camino y las proyecciones para el 2025.
Sin embargo, está de más decir que presenta áreas grises que requieren un análisis crítico desde una perspectiva jurídica, política y social, pues la promesa de cambio se enfrenta a la dinámica del sistema político tradicional y a las estructuras de poder profundamente arraigadas que aún persisten.
Si nos vamos a un contexto político y jurídico, el gobierno de Semilla, como dice Pérez, ha intentado construir un andamiaje institucional basado en la democracia, pero los avances legislativos y el desmantelamiento de redes de corrupción en el Congreso, aunque importantes, no deben ser considerados como cambios absolutos en un sistema que históricamente ha sido marcado por la falta de legitimidad de los poderes del Estado.
Entendamos que el combate a la corrupción y la construcción de nuevas legislaciones es sin duda un paso necesario, pero no suficiente. La verdadera cuestión radica en cómo este nuevo enfoque se traduce en una reforma estructural que altere las bases mismas del sistema político y la justicia en Guatemala.
En su discurso, Pérez hace alusión a la fragmentación política y los intereses corruptos dentro del Congreso. Este punto resulta válido, pero es necesario subrayar que el sistema político de Guatemala está diseñado para preservar estos intereses.
El Congreso, al ser un conglomerado de facciones con intereses individuales, refleja la debilidad de un sistema que carece de mecanismos efectivos para frenar el clientelismo y la impunidad.
En este sentido, el mayor reto no es solo desmantelar estas redes, sino reconstruir un sistema judicial y político capaz de garantizar la transparencia, la equidad y la justicia sin depender de compromisos que perpetúan el status quo.
Es aquí dónde da inicio “la larga batalla legislativa”
Porque en la #PrimeraCosechaGT la juventud fue el corazón de la democracia. 🤝
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 14, 2025
Trabajando juntos, estamos forjando el futuro de un país más digno y lleno de oportunidades.
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Pérez destaca la aprobación de leyes como la de competencia, vacunación y trasplante, señalando que estas son victorias sobre un sistema legislativo que antes favorecía la corrupción y la impunidad. Si bien estas leyes son un paso importante para la población, deben ser evaluadas en términos de su implementación efectiva. La creación de leyes no garantiza su aplicación. En un país con un sistema judicial débil y un aparato estatal corroído, la eficacia de estas reformas está lejos de estar garantizada.
La verdadera pregunta es si el sistema judicial y el Estado tienen la capacidad de aplicar estas leyes de manera imparcial y efectiva, o si quedarán relegadas a la misma inercia burocrática que caracteriza a muchas de las reformas previas en Guatemala.
Una de las declaraciones más reveladoras de Pérez es su reconocimiento de la limpieza de “redes enquistadas” en diversas instituciones, sin importar quién estuviera al mando. Este punto pone de manifiesto una de las contradicciones más profundas del sistema político guatemalteco: la justicia no depende únicamente de las reformas legales, sino también de la transformación profunda de las instituciones que deben garantizarla.
Mientras que la reforma constitucional y judicial es una tarea pendiente, el panorama es sombrío: la falta de independencia del sistema judicial, la corrupción sistemática y la impunidad reinante son problemas estructurales que no se solucionan con medidas aisladas.
Las reformas en el Congreso y el Ejecutivo son necesarias, pero insuficientes sin una reestructuración más profunda de las instituciones judiciales. La independencia de los jueces, la transparencia en los procesos judiciales y la eficacia de las investigaciones penales deben ser objetivos centrales de cualquier reforma política y judicial. Sin estos pilares, cualquier esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la justicia será solo una fachada de cambio.
¿Un camino realista?
A pesar de las victorias legislativas y los esfuerzos de la bancada Semilla por articularse en torno a una agenda común, la realidad de un sistema político fragmentado y profundamente corporativista presenta desafíos insuperables. La narrativa oficial plantea que el reto para el 2025 será ofrecer resultados concretos en términos de ejecución presupuestaria y la implementación de políticas públicas, como el fortalecimiento del sistema judicial. Sin embargo, este desafío se enfrenta a un obstáculo fundamental: la necesidad de reformar la propia estructura de poder que ha permitido la corrupción y la falta de justicia en Guatemala.
El enfrentamiento con los caudillos de extrema derecha que dominan partes de América Latina también genera un problema adicional. Guatemala se encuentra en una encrucijada geopolítica, donde los intereses internacionales y las presiones externas podrían socavar los esfuerzos internos por lograr un cambio genuino. El apoyo de la comunidad internacional es crucial, pero las reformas que realmente transformen la política y la justicia en Guatemala deben ser impulsadas desde adentro, no como un simple reflejo de las presiones externas.
#PrimerAñoDeGobierno | ¿Se está apagando la esperanza que marcó el inicio de la gestión de Arévalo? 🤔❓@Javi_Urizar Recuerda la resistencia de 2023 y la toma de posesión, pero advierte sobre las adversidades que han desgastado a los guatemaltecos... ⏳https://t.co/PTGb2bz9gD pic.twitter.com/mAlLANITju
— Telégrafo (@telegrafogt) January 16, 2025
“Hacia una justicia plena”
La reforma del sistema político y judicial de Guatemala no será una tarea fácil ni rápida.
Las declaraciones de Samuel Pérez reflejan el optimismo de un gobierno joven, con ganas de cambiar el rumbo del país, pero también la incomodidad de un sistema que sigue siendo impermeable a los esfuerzos de transformación.
La democracia en Guatemala es aún incipiente y el camino hacia una justicia plena se enfrenta a desafíos estructurales profundos que requieren una acción decidida y coherente.
Las reformas legislativas y la lucha contra la corrupción son necesarias, pero no suficientes. Es imprescindible una reestructuración más profunda de las instituciones, especialmente del sistema judicial, para garantizar que las leyes se apliquen con efectividad, imparcialidad y transparencia.
La justicia en Guatemala debe dejar de ser una promesa vacía. El 2025 representa un año clave para demostrar que el cambio es posible, pero para ello es necesario confrontar la realidad: el país requiere una reforma integral, donde la verdad y la justicia no sean solo palabras, sino principios fundamentales sobre los que se construya el futuro. Sin este compromiso serio y profundo, las reformas seguirán siendo solo un espejismo en un desierto de impunidad.
Esta opinión se llevó a cabo a partir de una entrevista a Samuel Pérez publicada en No-Ficción
Referencia
Cetrano, C. y Wagner, I. (3 de enero del 2025). “En 2025 tenemos el reto de dar resultados”: ¿qué futuro ve Semilla?. No Ficción. Disponible aquí.
Gretel Bernhard
María Reneé San José
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo