Javier MedinaA lo largo del tiempo el ser humano ha podido comprobar, mediante la experiencia, cómo el poder ilimitado y la discrecionalidad han generado las más inhumanas conductas por parte de los que ostentan el poder. Desde violaciones a la vida y a la propiedad, guerras y actos de corrupción. Todo ello provocó que en el siglo XVIII se pusiera fin a los absolutismos, dando paso a la conformación del estado moderno y a la sociedad como la conocemos.
A pesar de esto, históricamente siempre ha prevalecido una tendencia: el que los gobernantes busquen ampliar su influencia y su poder. Si se ve desde una mirada fría y maquiavélica, los políticos se inclinan a tener mayores y amplias capacidades para tomar decisiones, lo cual, en ciertas ocasiones, responde a un interés únicamente particular.
La iniciativa 6145 es quizás el mejor ejemplo de ello. La misma, denominada Ley de Planificación, ya ha sido conocida en segunda lectura por el Congreso de la Republica. Con ella se pretende crear un nuevo ministerio, el ministerio de planificación, el cual tendrá las funciones de coordinar, planificar, aprobar, monitorear y evaluar todo lo referente a las políticas públicas del país, los proyectos de inversión y, en general, lo que se haga o deje de hacer con fondos públicos y dinero proveniente de cooperación internacional.
Ahora bien, ¿Cuál es el problema con esto? Si bien una de las funciones básicas del aparato estatal es la correcta planificación para el uso adecuado de los recursos públicos, la iniciativa le otorga un poder discrecional sin precedentes al nuevo ministerio, esto ya que podrá meter sus manos tanto en el organismo ejecutivo (donde es deseable), como también en municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas e incluso en organizaciones de sociedad civil y fundaciones que reciban dinero público o de organismos internacionales.
Tal poder arbitrario generará incentivos para que grupos de interés, políticos sin escrúpulos y empleados públicos sin ética laboral intenten cooptar o beneficiarse del poder que la ley le brinda al ministerio en mención. Sumado a ello, una consecuencia a mediano y largo plazo será la conformación de redes de poder entre municipalidades, mancomunidades, consejos de desarrollo y gobierno central para obstaculizar o desviar fondos públicos y para posicionarse mejor frente a la población de cara a futuras elecciones.
¡No dejemos que nos den atol con el dedo! Aunque la iniciativa en la teoría parece buena, intentando emular los ministerios de planificación que existen en otros países como en Brasil o Costa Rica, en la práctica generará mayor discrecionalidad en la toma de decisiones y en la aprobación de proyectos de inversión. En pocas palabras, una ley que beneficiará a los mismos de siempre, a la clase política que ve al estado como un medio para enriquecerse.
Como ciudadanos informémonos y leamos sobre esta iniciativa. No nos quedemos callados ante lo que nuestros representantes quieren aprobar. No permitamos la concentración del poder en pocas manos, porque ese poder luego se usará en contra nuestra.
Andy Facundo
Gabriel Morales
Joshua Armira
Andrea Valle