José MoranCada 30 de agosto las lágrimas de millones de personas en el mundo se reflejan en la inmensidad de una historia que trata de ser silenciada. Hoy, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Los rostros de aquellos que fueron disipados resuenan en la consciencia de sus victimarios… aquellos que no regresan siguen vivos a través de la memoria de nuestras generaciones.
Las cadenas de una historia sin sanar siguen deteniendo el paso de aquellas madres que permanecen en la búsqueda de sus hijos. El murmullo de una ciudad que sigue su curso grita en el silencio la verdad que muchos han tratado de ocultar. Miles de destacamentos, bosques y sitios clandestinos resguardan la sangre de los hijos del maíz que no lograron escapar. Aquellos que no están, siguen dejando huella a través de la memoria de todos los que seguimos aquí luchando por encontrar los rastros de sus huellas que se perdieron en la inmensidad.
¿Qué es la desaparición forzada?
Se define como el arresto, detención o traslado de una persona en contra de su voluntad, así que aquel que pierda su libertad por parte de agentes gubernamentales, organizaciones que trabajen o reciban órdenes o apoyo del Estado. Luego, estos grupos se niegan a responder por las víctimas y no revelar su paradero, sustrayendo la protección de la ley.
Cada 30 de agosto el mundo conmemora la memoria de todas aquellas víctimas de los procesos estatales que vieron sacudido al mundo durante las épocas de conflicto. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante el mantenimiento de esta táctica de opresión en varios lugares del mundo, a pesar de los avances en Derechos Humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Otro de los factores de la conmemoración de esta fecha es por la memoria de los miles de desaparecidos que los Estados siguen ocultando detrás de archivos e instituciones que no permiten resarcir la historia y limitan el acceso a la justicia. Familiares y amigos de las víctimas siguen sufriendo ataques, censura y hostigamiento a través de los aparatos estatales, tratando de detener la búsqueda de sus seres queridos.
La fecha se une con la Declaratoria Universal de Protección a todas las personas contra la desaparición forzada, lo que busca la no repetición de los actos opresivos, resguardando la dignidad humana en el futuro.
La desaparición forzada representa la muerte lenta de los familiares ante la incertidumbre de no saber dónde está el cuerpo, o bien, si sigue vivo o no, por lo que el proceso de duelo nunca concluye. El proceso repercute en las dinámicas económicas y de carácter jurídico, ya que los Estados no reconocen la defunción sin el cuerpo. Así se pierde todo tipo de derechos como la manutención y pensión para hijos. Los gastos de búsqueda llevan a las familias y amigos a deudas excesivas. Muchos no pueden continuar con la búsqueda, por lo que la soledad y la resignación se condensan en el tejido.
Esta fecha toma tintes muy particulares en la región latinoamericana porque fue una de las regiones más afectadas por este tipo de represión durante los regímenes totalitarios. No han pasado muchos años desde que las guerras en la región cesaron. La memoria y la justicia siguen siendo tangibles en el comportamiento de la sociedad.
En Guatemala, tal táctica de opresión sistematizada fue parte de una de las guerras más sangrientas en América Latina. El Estado a través del Ejército y los grupos paramilitares desaparecieron a más de 45,000 personas en un periodo de 36 años. Estos datos fueron corroborados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico en 1999, y avalado por la Organización de la Naciones Unidas.
El periodo del Conflicto Armado Interno fue el escenario idóneo para que el Estado lograra su cometido al silenciar a la oposición de los regímenes militares y cimentar su poder e intereses. Los sollozos de las víctimas no se quebrantaron ante el sonido del fusil empuñado. Por tal razón, la guerra se extendió por muchos años, dejando la exorbitante cifra de desaparecidos con la que contamos hoy.
Durante el conflicto, especialmente en las décadas de los 70 y 80, los gobiernos de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores fueron los que mayor cantidad de desapariciones forzadas en el país. Los dirigentes estudiantiles y líderes campesinos fueron el objetivo primordial de la represión. En la ciudad capital, la desaparición era totalmente sesgada contra todos los personajes con algún tipo de incidencia social y en el discurso político.
En los demás departamentos de la República, la táctica fue dirigida de forma indiscriminada, provocando que la etnia maya fuera la más afectada. Así quedó en evidencia el crimen de desaparición, pero también el de racismo. El plan Sofía y el de Tierras Arrasadas cometidos durante el gobierno del golpista de Estado Efraín Ríos Montt, demuestran cómo todo estaba estipulado. Los hombres eran fusilados o llevados a los destacamentos, mientras que las mujeres eran violadas y obligadas a prestar trabajo doméstico; a su vez los niños eran desaparecidos y la aldea desaparecida del mapa.
La maternidad de nuestras tierras mitigó los gritos y la soledad de todos aquellos desplazados, acogió los restos de los desaparecidos, a pesar de no saber donde se encuentran.
La violencia y rasgos inhumanos del conflicto no distinguieron edad, convicción política, sexo, etnia o estatus social. La ejemplificación de lo que pasó se ve en las miles de adopciones ilegales durante los años ochenta. También, en los más de 5000 niños desaparecidos hasta la actualidad, por lo que las madres siguen buscando entre las grietas de la historia.
El proceso de desaparición no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que logra fundir el miedo y la desesperación en toda la comunidad.
El conflicto llegó a tal punto que el desgaste cultural provocó el rompimiento del tejido social. Las costumbres, las tierras, la religión y la cosmovisión fueron arrebatadas. El pueblo no solo perdió a seres queridos, sino identidad. Esto desemboca en la violación deleznable de los Derechos Humanos.
El miedo fue impuesto como el maná social. Por lo que los sobrevivientes y familiares que buscaban a todas las víctimas no pudieron lograr avances en materia de justicia durante aquel periodo. Los años fueron pasando y la reconstrucción de la sociedad tuvo sus primeros destellos gracias a la apertura democrática con el gobierno de Vinicio Cerezo.
Durante los primeros años de la década de los 90, colectivos, organizaciones y civiles iniciaron la búsqueda de la verdad y los restos de sus seres queridos. La iglesia católica a través de su presencia en todo el territorio comenzó la recolección de datos, testimonios y archivos que dieran proceso de transición a la sociedad guatemalteca; la Comisión de Esclarecimiento Histórico inició su trabajo de investigación y el Estado sienta las bases de la paz a través de los acuerdos de Esquipulas I y II.
Estos años, aún convulsos, fueron los conatos de la construcción de un país democrático y con resarcimiento a todas las víctimas.
A pesar de los avances como la declaratoria y firma de la Paz “Firme y duradera”, los juicios con bases en la justicia transicional, investigaciones como el REMHI y la creación de organizaciones que velan por la no repetición, el trabajo no ha suficiente para hilar de nuevo el tejido social del país.
Los años pasaron y todavía miles de estudiantes, campesinos y trabajadores siguen siendo buscados por sus familiares. Las heridas de una guerra de 36 años no pueden ser sanadas sin encontrar los restos de aquellos héroes que ni los libros de historia podrían soportar, ya que el peso de su convicción es superior a lo que las palabras pueden expresar.
El miedo sigue siendo parte de nuestra forma de convivencia. Permanecer callados, mantener la cabeza abajo, no dialogar sobre política y sentir incertidumbre ante el Ejército y el Estado son patrones que siguen presentes porque la historia no se ha sanado.
Caso Molina Theissen
Durante los últimos 20 años, la justicia ha dado algunos pasos en la reconstrucción de la memoria histórica y el resarcimiento de las víctimas de desaparición forzada. Uno de los casos más controvertidos es el de Marco Antonio Molina Theissen, 14 años, quién fue secuestrado por el Ejército de Guatemala en 1981.
La desaparición del joven fue una represalia, ya que su hermana había sido detenida una semana antes por el Ejército. Ella logró escapar de la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango.
Casi dos décadas pasaron hasta que el 8 de septiembre de 1998, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, dicha Comisión resolvió que el Estado de Guatemala es responsable de las violaciones a derechos humanos cometidas a la familia de Marco Antonio, dando el mandato de investigar, condenar y dar con el paradero del joven.
El 23 de mayo de 2018 (13 años después de la resolución), el Tribunal de Mayor Riesgo C dictó una sentencia de 58 y 33 años de prisión en contra cuatro militares retirados, por el secuestro del niño Marco Antonio Molina Theissen y por las violaciones en contra de su hermana, Emma Guadalupe.
Los restos del joven que escribía en el viento no han sido localizados, a pesar de la sentencia y recomendaciones que la CIDH otorgó.
Este caso es uno de los mayores precedentes que se tienen en la historia del país sobre la memoria de las víctimas de desaparición forzada. Nuestro personaje heroico es un joven de 14 años sin presencia en la vida política, con sueños y aspiraciones. Él representa a los más de 5,000 niños que el Estado de Guatemala desapareció sin ninguna razón, más que la intimidación y la represión.
Así, las víctimas siguen sin aparecer y el Estado no ha adquirido las herramientas necesarias para su búsqueda. El Ministerio Público (MP) ha demostrado un retroceso histórico en materia de estos casos, siendo esta última administración quienes no han aportado nuevos casos ni sentencias transicionales a la colectividad.
El Estado de Guatemala aún oculta detrás de sus instituciones archivos que sostienen la verdad sobre el paradero de miles de personas. La cooptación, el pago de favores y el miedo a que altos mandos sean condenados siguen siendo obstáculos para que las familias logren llevar a juicio los casos de desaparición forzada que arrastra nuestra historia.
La memoria de nuestros jóvenes, hijos, nietos, padres, amigos y familiares sigue intacta en cada una de las postales del Centro Histórico en lugares como el Museo de la Memoria, en archivos históricos y lugares trascendentales que vieron crecer a aquellos soñadores silenciados.
Debemos reconocer que el desaparecido nunca dejará de vivir; hasta el día en que toda la sociedad muera y solo el Estado quede, la verdad podrá ser ocultada porque mientras sigamos vivos nuestros muertos también.
En homenaje a todas las víctimas y familiares del conflicto armado interno.
Porque el desaparecido siempre vivirá, pero nos encargaremos que su conciencia no los deje vivir en paz.
Nilson Coyoy
Chelsea Gordon
Gabriel Morales
Joshua Armira
Andrea Valle