Marcela TornoéDesde la detención del periodista José Rubén Zamora el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero, Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y la Fundación Gabo han denunciado la falta de un proceso justo, obstáculos a su derecho de defensa y encarcelamiento injustificado. Sin embargo, sus esfuerzos por visibilizar el caso Zamora, comunicados y demandas al Gobierno de Guatemala para su liberación, no han logrado revertir la situación legal del periodista.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), acusó a Zamora de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En marzo, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó, por segunda vez, su reingreso a prisión.
El fallo de la Sala Tercera de Apelaciones se originó en octubre de 2024, cuando revisó el procedimiento legal y determinó que debía resolver las acusaciones previas, para tomar una decisión sobre su libertad. Esto dejó a Zamora en prisión, sin audiencia ni posibilidad de recuperar su libertad durante dos años.
Claudia González, ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y experta en criminalización, explicó que el caso sigue en un limbo judicial, sin avances en su posible liberación o en un cambio de sus condiciones de detención.
>> La Declaración Universal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución establecen derechos fundamentales del debido proceso. El régimen del @DrGiammattei violó absolutamente todos en el proceso espurio en contra de mi papá, el periodista #JoseRubénZamora.🧵 pic.twitter.com/g344y34Wgx
— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) June 19, 2023
En el caso de la comunidad internacional, Naciones Unidas (ONU) específicamente, tiene un rol de consejería para los gobiernos, por lo que no pueden intervenir directamente en las decisiones de un país. Esta es una de las razones principales por las que no hemos podido lograr la liberación de José Rubén Zamora.
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Según el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, la organización se basa en la “igualdad soberana de todos sus miembros”. Esto significa que los Estados mantienen su independencia en la toma de decisiones internas, por lo que no pueden imponer políticas ni intervenir sin su consentimiento.
El juicio contra Zamora ha generado inquietud en distintos sectores. Mario Alejandro Sandoval, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Guatemala, afirmó que su detención busca restringir la libertad de expresión.
El retraso en las audiencias, las constantes reprogramaciones y el cambio repetido de abogados defensores, han aumentado las dudas sobre la imparcialidad del juicio.
José Carlos Zamora presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de su padre. “La posible liberación de mi papá está en manos de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ”, explicó. Actualmente, hay cinco acciones legales pendientes en su caso, incluida una que podría permitirle medidas sustitutivas en lugar de prisión.
Aunque las organizaciones internacionales no pueden intervenir directamente en el sistema judicial guatemalteco, la visibilidad del caso ha permitido que periodistas y defensores de derechos humanos se solidaricen. “Sin la exposición que han dado agrupaciones internacionales, el caso y sus irregularidades no habrían tenido tanta relevancia. Incluso el juez Erick García ha admitido recibir presiones para encontrar una resolución judicial para el caso Zamora”, señaló José Carlos Zamora.
Nilson Coyoy
Mishell Morales
María Alejandra Guzmán
Redacción Telégrafo
